Laura Weins lleva más de 30 años luchando para vivir como quiere. No ha sido fácil. Ser transexual en Colombia es estar condenado al maltrato y la exclusión. Dice que no celebra la conmemoración del día orgullo LGBTI, ella sale a las calles para gritar que existe y exigir igualdad. “No podemos hablar de orgullo ni victorias hasta que nos vean como las ciudadanas que somos”, asegura. Weins es líder del Grupo de acción y apoyo a personas trans (GAAT). Aunque reconoce que el país ha avanzado en materia de derechos, nada será suficiente si las siguen matando.
En el último año, 27 mujeres y siete hombres transexuales fueron asesinados. Entre el miedo y la resistencia, un informe que se presentará este jueves documenta la violencia contra la población LGBTI en Colombia. La investigación, realizada por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, evidencia que los trans y los hombres gais, con 43 casos, son las principales víctimas de homicidios dentro de este colectivo.
La justicia tampoco parece estar de su lado. En agosto de 2016, Nicoll Oriana, una mujer trans y trabajadora sexual fue degollada, torturada y abusada. El presunto responsable fue capturado en noviembre, pero el proceso penal continúa en etapa de investigación, a pesar de que días antes de su muerte había denunciado amenazas. Oriana además de ser trans y trabajadora sexual, ayudaba a organizar encuentros de víctimas del conflicto en Sucre. Reunía las condiciones de vulnerabilidad propias de quien vive en un país como Colombia.
Gustavo Pérez, investigador de Colombia Diversa, asegura que una de las grandes preocupaciones es que a pesar de los avances en el reconocimiento y en la protección a los derechos de las personas LGBTI, las agresiones no han disminuido. “Los prejuicios siguen siendo muy fuertes y lo que dice la ley no ha logrado cambiar el problema de fondo”. La normativa, que en el papel muestra un cambio en el país hacia la igualdad, no se evidencia en la realidad. Mientras en el año 2012, 95 personas fueron asesinadas por su orientación, identidad y expresión sexual, en 2016 la cifra llegó a los 108. La violencia policial que hace cuatro años registró 33 casos, hoy alcanza los 77. Los transexuales son las principales víctimas de los uniformados.
Pérez destaca con preocupación que las investigaciones contra la policía por sus abusos sean asumidas por la misma institución. “Mientras sean ellos los que investiguen esos casos, habrá impunidad. No hay garantías de imparcialidad”. A las mujeres trans las autoridades las persiguen en las zonas en donde muchas ejercen la prostitución. A pesar de que en Colombia es legal, cualquier argumento es suficiente para acosarlas. “A estos lugares llega la policía a intimidarlas, a que se desplacen hacia otras partes, amenazándolas con las armas de dotación y agrediéndolas físicamente”, dice el informe, elaborado con el apoyo de la Unión Europea.
La única investigación disciplinaria que en 2016 concluyó con la destitución de agentes policiales fue la de una ejecución extrajudicial de una mujer trans en Cali. “Existe una violencia constante por parte de ellos. Hay mucho prejuicio, no sé por qué les cuesta entendernos. Parece que les atormentara nuestra existencia”, afirma Weins. El documento, que todos los años muestra cómo está el país en materia de respeto a derechos, destaca que se “continúa observando la naturalización de la violencia policial por parte de las víctimas, ya que es algo normal que la Policía intimide, amenace y violente, por lo que en la mayoría de los casos no hay denuncia formal y si se denuncia persiste el miedo a las retaliaciones, la deslegitimación de la denuncia y la impunidad”. Weins trabaja para que las mujeres como ella sean reconocidas como lo que son, como ciudadanas. “Tenemos que estar presentes en las marchas sobre todo para mostrarnos, para pedir que nos respeten la vida”.
El caso de Santiago, un hombre trans de 22 años, fue el primero registrado en 2016. Desplazado, huérfano y víctima de violencia sexual, fue asesinado el 31 de enero de 2016 a balazos en el Valle. Hasta ahora, nadie sabe quién lo hizo. Las autoridades tampoco se han interesado en averiguarlo. “En su caso faltó la debida diligencia, como en la mayoría de crímenes contra esta población”, dice el informe.
Pero la impunidad no solo ronda las investigaciones por las muertes de transexuales. De los 108 homicidios ocurridos en 2016, 42 de las investigaciones continúan en indagación preliminar. En cinco casos se abrió una investigación formal y ocho avanzaron a etapa de juicio. Solo en cuatro procesos penales hubo condenas. En ninguno se conoció con claridad el móvil del crimen.
Publicado originalmente en El País.
