En junio del 2014 las negociaciones con las Farc estuvieron cerca de morir en manos del Centro Democrático y la campaña presidencial de ese año se convirtió en el primer plebiscito y en el primer triunfo popular en favor del proceso de paz.
Victoria agónica en la que los partidos políticos de la izquierda, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales nos movilizamos activamente y unidos en defensa de las negociaciones de La Habana. Muchos de nosotros, a pesar de diferencias profundas y de la desconfianza en un gobierno impopular por lo antipopular, salimos a votar por Juan Manuel Santos.
Y lo volveremos hacer este año, con más fuerza todavía saldremos a las calles, a las plazas, a los sitios de trabajo a defender el SI a esos acuerdos que son el comienzo de la paz en Colombia y sin duda una gran oportunidad modernizadora y democratizadora.
Que eso quede claro, porque lo que sigue vuelve a ser la queja reiterada frente a un gobierno como el de Santos que firma acuerdos con movimientos sociales, con gobiernos como los Estados Unidos en materia laboral o que se obliga a múltiples reformas en su apuesta por ingresar a la OCDE con la voluntad clara de no cumplirlos.
Y es que en esos días de junio del 2014, de urgencias electorales santistas para salvar el proceso de paz y mantener el poder, el presidente aceptó el apoyo de sindicatos y oposición de izquierda que lo respaldaron con fuerza, convirtiéndose en actores decisivos en el triunfo final.
El acuerdo político incluía volver a la jornada laboral
de seis de la mañana a la seis de la tarde
y al recargo del 100 % del salario por trabajar en domingos y festivos
Las organizaciones sindicales a cambio de su apoyo suscribieron un acuerdo político con el presidente Santos para volver a la jornada laboral ordinaria que comenzaba a las seis de la mañana y terminaba a las seis de la tarde y al recargo del 100 % del salario por trabajar en domingos y festivos. Derogando en parte la reforma laboral uribista del 2003.
De concretarse, este acuerdo significaría mejoras en la calidad de vida y en los ingresos de millones de personas en todos los sectores económicos, que desde 2003 vieron como aumentaban sus jornadas de trabajo, disminuían sus salarios y a cambio no mejoraba la formalidad laboral en el país, promesa incumplida de esa reforma y de la ley 50 de 1990.
Las reformas laborales ocurridas desde ese año en Colombia han generado una inmensa acumulación de riqueza en los empleadores, la caída de los salarios, jornadas laborales todavía más largas e ínfimo crecimiento de puestos de trabajo.
Dos años después y de que se presentaran varios proyectos de ley para ayudarle a Santos a cumplir la promesa seguimos en el limbo. La ministra de Trabajo defiende que se cumpla, el ministro de Hacienda se opone y el presidente calla.
La última etapa de esta historia ocurrió el 15 de junio, cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes “revivió” el debate y la ministra de Trabajo anunció que era una ganancia y un propósito político con el que se comprometía.
En esa oportunidad la ministra dijo, al expresar su concepto favorable al proyecto durante el debate, que era importante beneficiar a la clase trabajadora y que “Es necesario este proyecto a favor de la igualdad social". Esas declaraciones fueron ampliamente difundidas por los principales medios de comunicación, que lo calificaron además como un gran paso de la recién nombrada ministra —proveniente del principal partido de izquierda del país— pero sobre todo para los trabajadores.
No habían pasado 15 días de la buena noticia cuando el Ministerio de Hacienda radica ante la misma Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sus consideraciones sobre el proyecto de ley que terminan con un fulminante concepto que señala: “(…) esta propuesta podría tener impacto fiscal negativo, dado que un aumento en la carga laboral incrementa los costos, reduce las utilidades de las empresas y en consecuencia el pago de impuestos al final del año gravable. (…) En razón de lo expuesto, esta cartera se abstiene de emitir concepto favorable del proyecto del asunto” (Vea aquí el documento completo)
El documento establece y parte de opiniones de entonado y reiterado acento neoliberal como que el aumento del porcentaje de remuneración en el pago dominical o festivo podría elevar el despido de trabajadores que laboran los domingos o como que con el incremento de esos costos laborales se enervarían los despidos y con ellos las tasas de desempleo.
Dicho documento ni dichas argumentaciones han sido objeto de publicaciones o críticas en los medios de comunicación quienes solo han visibilizado la buena intención de la ministra Clara pero ocultado la trampa que al mismo tiempo nos hace el gobierno a través de su Ministerio de Hacienda.
¿A qué juega Clara?
¿A qué juega el gobierno?
Conforme a lo brevemente expuesto, entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, ¿a favor de quienes creen ustedes que se inclinará la balanza de los políticos del país y el señor presidente de la República?
Y para terminar ¿cumplirá el gobierno colombiano los acuerdos de paz?
