Mi buen amigo Camilo Fagua, excelente persona y abogado especializado en el Acuerdo Final de Paz, me respondió con su habitual amabilidad, que, a su juicio, de conformidad con fallos recientes de la JEP, yo no necesitaba permiso alguno de esa jurisdicción para salir del país. Había recibido dos invitaciones, para visitar Suiza y México, en conjunto con Rodrigo Londoño, y no quería tener ninguna clase de líos en el aeropuerto.
Es que, en ocasiones anteriores, la experiencia con Migración Colombia en El Dorado, había sido traumática, por decir lo menos. A alguien, en la recién creada JEP, hará unos seis años, se le ocurrió exigir que todo firmante de paz debía comparecer a sus oficinas para suscribir un Acta de Compromiso. Allí se impuso que todos éramos objeto de una medida de libertad condicional, por lo que, sin autorización expresa de ellos, no podíamos salir del país.
Ni en el Acuerdo de Paz, ni en las prescripciones legales subsiguientes figuraba esa obligación. Pero, en el momento de la reincorporación, cuando nos planteaban diversos requisitos y éramos la parte débil frente a la burocracia estatal, nadie iba a ser oído si alegaba que no firmaba dicha acta. Las consecuencias podían ser graves, así que todos firmamos. Y quedamos condenados a tramitar la dichosa autorización de la JEP.
Conocí el caso de varios firmantes a quienes se les impidió salir del país, por presentarse al aeropuerto sin ese requisito. Invitaciones de familiares cercanos, instituciones u organizaciones sociales y políticas extranjeras quedaron frustradas con dolor por decisión de Migración Colombia. Y lo que es peor, el de otros a quienes, por consideraciones propias de la magistratura, se les negó el permiso sin razones contundentes.
Aparte, todos los que recibimos la autorización, por lo regular a la última hora del último día previo al viaje, nos enfrentamos al amargo calvario de El Dorado. A la presentación de su pasaporte en la ventanilla de migración, el funcionario encargado, tras digitalizar su identidad en el portátil a su cargo, le pedía seguirlo hasta otra ventanilla. Allí, otro funcionario, con gesto de investigador policial, revisaba de nuevo sus datos en su portátil y arrugaba el ceño.
Precavidos, los viajeros le exhibíamos la resolución impresa de la JEP, mediante la cual esta jurisdicción les había autorizado la salida. No valía, el encargado leía de principio a fin el documento, reexaminaba el pasaporte y salía hacia otra oficina, algo así como Cecam, en donde sus analistas y expertos se encargarían de determinar qué decisión había que tomar. No era extraño que la espera se prolongara varias horas.
Incluso, hasta cuando el altavoz del aeropuerto anunciaba que era el último aviso para abordar el vuelo. En el minuto final, cuando el viajero sufría una crisis nerviosa indescriptible, de repente aparecía el funcionario, le devolvía su pasaporte y le indicaba que podía irse. Es decir, volar a hacer la cola para la requisa, quitarse la vestimenta, desempacar sus cosas y volver a empacarlas a toda prisa. Ni chance de pasar al baño.
Así que cuando mi buen amigo Camilo me dijo que no necesitaba solicitar permiso para salir de Colombia, me permití insistir en elevar la solicitud a la JEP. Imaginaba al funcionario afirmando que no conocía fallo alguno. Por eso presentamos el memorial petitorio. Dos días antes de mi viaje, a última hora de la tarde, recibí el correo en el que la JEP me comunicaba su decisión. En cierto modo sorprendente y alentadora. Usted no requiere el permiso que pide, decía.
En su parte considerativa, la resolución exponía que en jurisprudencias anteriores se había establecido que solo los comparecientes citados expresamente en los casos iniciados, así como los que provenían de Justicia y Paz, estaban obligados a pedir permiso para salir del país. Los demás, no. Y dejaba claro que había sido una equivocación obligarnos a todos a firmar esa Acta de Compromiso, en mi caso del 15 de noviembre de 2017, la que ordenaba anular.
Solo los comparecientes citados expresamente en los casos iniciados, y los que provenían de Justicia y Paz, estaban obligados a pedir permiso para salir del país
Todo lo cual debería ser comunicado a las dependencias de la JEP, la Procuraduría y, desde luego, a Migración Colombia, a la que expresamente informaba que yo no necesitaba autorización alguna para salir del país. La JEP rechazaba mi solicitud, no porque me negara el permiso, sino porque era improcedente, no lo requería. Con esa seguridad me presenté al aeropuerto. A Rodrigo Londoño, que sí requería el permiso, su resolución ordenaba concedérselo.
Pese a todo, el calvario volvió a repetirse, así como lo describí arriba. De nada valieron las copias impresas de las resoluciones judiciales. Menos los argumentos. Los funcionarios tardaron horas en interpretarlas y validarlas. Hoy martes, madrugamos nuevamente al aeropuerto, con los nervios de punta. Mientras esperaba para salir a Suiza, lloraba a mi lado una mujer, segura de perder su vuelo, hasta que apareció finalmente el funcionario con su pasaporte. ¿Tortura?
