Veinte años después de haberlo detenido en Zipaquira e incluso intentar eliminarlo, el soldado Ibargüen llegó al edificio del Capitolio a buscar a Gustavo Petro. Era el 2005 y el hoy candidato presidencial se crecía en la oposición al gobierno Uribe y sus denuncias contra el paramilitarismo. Ibargüen era uno más de los colombianos que esperaban poder hablar con el senador en su oficina del Congreso. Cuando por fin entró el entonces senador le señaló con la mano una silla para que tomara asiento. Ibargüen se quedó de pie y con el rostro pálido, le confesó: “Yo estuve en la operación en el Barrio Bolívar 83 de Zipaquirá. Tuve una granada en mi mano con la que lo pude haber matado. Todos los días le doy gracias a Dios de que usted esté vivo senador”. La decisión de Ibargüen de respetarle la vida le costó su puesto en el Ejército. No dijo más. Terminó de hablar, dio media vuelta y se retiró.
Resultaba inevitable recordar. Era 1985. Gustavo Petro tenía 25 años y había sobresalido como dirigente estudiantil; había llegado al Concejo de Zipaquirá por el voto popular. Rota la tregua y las conversaciones que sostuvo el M 19 al principio del gobierno Betancur, el M 19 regresaba a la clandestinidad. Petro se escondía de la persecución que le había montado el ejército en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, un barrio que él mismo había ayudado a construir. Dormía cada noche en una casa diferente para evadir el cerco militar. Pasaba la noche en lugares impensables, los más húmedos; verdaderos huecos, entreparedes. De nuevo era Aureliano, el nombre de guerra que adoptó mientras estuvo en la guerrilla.
Se acostumbró al traqueteo diario que hacían los tanques que entraban a las calles del barrio buscándolo. En octubre de 1985, después de semanas de asedio, finalmente el ejército lo ubicó. La gente en el barrio quería y respetaba a Petro pero la presión de los soldados llevaron a que los niños hablaran. Señalaron el hueco donde se escondía. El soldado Ibargüen tenía la misión de introducir la granada en el hueco para hacerlo volar. Cuando vio a Petro desamparado en el escondite se frenó. Incumplió las ordenes, lo arrastró del pelo y lo montó en un camión delante de la gente del barrio que insultaban a la fuerza pública.
Adentro del camión lo encapucharon, lo amarraron con lazos de fique y le pegaron un culatazo en la cabeza. Los soldados lo pateaban y en lo único que Gustavo Petro tenía presente era la confesión de su novia Katia Burgos la noche anterior: estaba embarazada. Su hijo Nicolás nacería en junio del 86. Un nuevo culatazo le nubló la conciencia. Despertó en las caballerizas de la policía en Usaquén, en el Cantón Norte, el lugar que el M 19, comandado por Jaime Bateman, asaltó para llevarse 1000 armas., el 30 de diciembre de 1978 al final del gobierno de Julio César Turbay. Una acción tan desafiante para las Fuerzas Militares que convirtieron al grupo guerrillero en un prioritario objetivo militar. Petro estaba en la mira y en sus manos.
Durante cinco días con sus noches estuvo sin agua, sin probar bocado; cada dos horas recibía golpes sistemáticos acompañados de preguntas insistentes: ¿Dónde estaban los comandantes principales? ¿Qué planes tenían? ¿Quién los financiaba? Petro no abrió la boca. La tortura se intensificó: choques eléctricos en el pecho; lo colgaban de las muñecas al techo hasta hacerle dislocar los hombros; recibía golpes que le llegaban con maligna maestría.
Tres semanas de presiones físicas a las que el detenido respondió con silencio. Los militares pidieron un médico de la Procuraduría para valorarlo. El dictamen fue sencillo y rápido: buen trato e incluso había ganado peso en sus días de reclusión. Un tribunal militar en 1986 lo sentenció a dos años de cárcel que los pagó en La Modelo.
Un capítulo de su vida que le reabrió veinte años después del soldado Ibargüen con unas palabras que le dieron sosiego. Finalmente estaba vivo.
