Arde Medellín. No solamente por el tema de la inseguridad y de la delicada situación de enfrentamiento entre bandas y combos delincuenciales, sino también porque hemos tenido que ver cómo en el último año la calidad del aire que respiramos en la ciudad se ha deteriorado de tal forma que algunos expertos hablan de que salir en Medellín equivale a haberse fumado 4 cigarrillos en un solo día. Pero eso no es todo, fuera de sortear las fronteras invisibles trazadas por la violencia, también tenemos que hacerlo con aquellas que han sido delimitadas por la contaminación, aunque estas últimas avisan. Es que el ardor en los ojos y la picazón en la nariz son señales inequívocas de que entramos al centro de la ciudad y dejamos aquellas áreas un poco más despejadas.
El concepto de derecho de ciudad hace referencia al uso de los espacios que tiene la ciudad, destinados al disfrute de todos sus habitantes, en igualdad de condiciones, pero también en igualdad de obligaciones por cumplir. Entendemos muy bien que es nuestro espacio público, pero ignoramos que también es el de los demás, el de otras personas con intereses diferentes y en los mismos espacios. Es por ello que creemos tener el derecho a tener nuestro carro en cualquier sitio o espacio a cualquier hora porque “es espacio público”, por ello parqueamos en zonas residenciales, dejamos el carro al frente de las casas de otros, frente al garaje de otros, parqueamos nuestra moto en los andenes, sacamos a cagar a nuestras mascotas al parque, que es de todos, pero nos hacemos los locos cuando los otros pisan las minas dejadas por nuestras mascotas, y no, el problema no son los animalitos, son sus dueños.
Ahora estamos bajo una nube tóxica, en una burbuja (literalmente) que encierra el centro de la ciudad y que no deja entrar aire limpio, pero que tampoco deja salir el contaminado. Es como aquellas caricaturas de antaño, cuando el cuervo de la mala suerte salía con una nube propia sobre él. Hasta ahora, las medidas tomadas no privilegian el bienestar común, la salud de todos, sino los intereses de unos cuantos. Y no son solo los dueños de las fábricas, también los dueños de volquetas, los dueños de los buses, sus conductores, los de los CDA, el dueño del carro que obstruye la ciclovía, incluso el peatón que teniendo dos metros de anden, como el caso de Las Vegas, prefiere ir cómodamente sobre la ciclovía, arriesgando su integridad y la de los demás, desestimulando todo ello el uso de medios de transporte alternativos.
Para hacer frente a la emergencia ambiental de la ciudad aparece la administración dando tumbos con medidas timoratas y absurdas como el pico y placa por horas, los cuales amplía y reduce según los resultados de la medición de turno de las estaciones ambientales ubicadas por el Área Metropolitana, que parecen manejadas por políticos y no por técnicos. Esto lleva a evitar decisiones que conlleven a costos políticos de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, como si fuera poco y digno de no creer, el pasado domingo, la alcaldía de Medellín salió a prohibir que los ciudadanos disfruten de ese espacio pedagógico, deportivo y cultural en el que se convirtieron las ciclovías de los domingos en la Av. Regional y en la Av. El Poblado (este último, espacio lleno de sombras y frondosos árboles). Pues bien esta medida se justifica bajo el pretexto de la salud de los usuarios, como si habilitar esa vía para que pasaran miles de carros durante las 7 horas que dura esta actividad, descontaminara la ciudad.
A pesar que durante las 7 horas que dura este espacio circularon carros normalmente en vez de gente y aun así el lunes los resultados de medición de la contaminación habían bajado, ¿cómo es posible esto? Siguiendo esa “lógica” de las autoridades, ¿qué hubiese pasado si se cierra la vía a los carros y se abre a la ciudadanía, la contaminación hubiese desaparecido? Como si fuera poco, aparecen aquellos conductores particulares que se indignan de tener que dejar su carro en casa por un día o dos a la semana para optar por servicio público, luego salen en redes sociales a decir que se atenta contra el ciudadano de a pie, convencidos que la ciudad es la extensión de su propiedad privada y el Estado, un usurpador de la libertad que tienen de usufructuar su posesión. No es así, son más de dos millones de ciudadanos los que vivimos en esta ciudad, la cual entregamos en administración a unos ineptos que se llenan de técnicos jóvenes, pero que no van más allá seguir el juego de los intereses de los más poderosos, que en último término son unos cuantos nada más.
