Las cifras más destacadas en el tema rural argumentan nuestra opinión sobre la necesidad de la reforma rural. Colombia tiene 114 millones de hectáreas y el Censo Nacional agropecuario de 2014 concluye que el 0.4% de los propietarios concentran el 46% de la tierra; 42.3 millones de hectáreas son de uso agropecuario; el 80% está dedicada a la ganadería extensiva, mientras que sólo el 20% se destinan a la agricultura.
Esto no es un secreto para nadie, y menos para los congresistas, políticos y jueces propietarios de las mismas. Es por esto que algunos, por no decir muchos, se han opuesto a las leyes que buscan una reforma agraria, a la restitución de tierras y a que los Acuerdos de Paz que contemplen el tema agrario.
Pero que el control de las tierras esté en manos de los poderosos sin interés alguno en devolvérsela a sus dueños no lo decimos solo nosotros en Fundación Forjando Futuros. Hace un año, el representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, denunció una campaña de "desprestigio" en contra del programa de restitución de tierras del Gobierno, con intereses “políticos y económicos”.
Estas declaraciones fueron realizadas en respuesta a las palabras del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, indicando que el programa de Restitución de Tierras favorecería a grupos guerrilleros. Cabe recordar que Lafaurie fue Viceministro de Agricultura y Superintendente de Notariado y Registro y ha sido asociado a la promoción de grupos paramilitares.
Los escándalos recurrentes en los medios de comunicación apoyan también esta afirmación: el exmagistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, está vinculado legalmente como presunto despojador a la demanda que interpusieron reclamantes de tierras por dos predios comprados por su familia en la región de Urabá en el año 2000 a un conocido líder paramilitar.
Por otro lado, el actual presidente del Senado de la República, Óscar Mauricio Lizcano, se le investiga por la compra de un predio en Guamerú, Risaralda en el año 2012, propiedad que tiene medida cautelar y donde la familia Lizcano proyectaba la construcción de una estación de gasolina. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia reactivó la investigación en su contra por presuntos vínculos con paramilitares.
Otro escándalo sonado este año ha sido protagonizado por el exsenador Otto Bula. Unas 3.650 hectáreas de tierras en los Montes de María y el Urabá antioqueño que fueron negociadas en medio del conflicto por el exsenador y por sus empresas agropecuarias. La Unidad reveló que sobre esas propiedades hay 145 solicitudes de restitución.
Sin duda es necesaria la renovación de los órganos de poder. Necesitamos representantes y jueces que hagan respetar nuestros derechos ciudadanos y no que utilicen su poder para atropellarlos.
