Haciendo creer que disminuyendo los trámites y exigiendo más requisitos para poder contratar con el Estado, en realidad favorecieron la concentración de contratos de obras y suministros en grandes compañías pródigas en sobornos para los políticos que les adecuan las leyes y los funcionarios que elaboran los pliegos de las licitaciones y a dedo las adjudican.
Sacaron del mercado a los contratistas de los municipios y departamentos para concentrar la alimentación escolar, la construcción de megacolegios, de vías, etc en unas cuantas mafias que se repiten en todas las regiones del país. Mientras tanto, para ‘apantallar’ y en aras de la “transparencia”, a un pobre escritor de provincia, que autofinanciando su publicación, intenta divulgar sus obras, para comprarle dos libros en una biblioteca pública le exigen hijuemil trámites y participar en una licitación.
Para eso vivimos en uno de los países del mundo con mayor concentración de facultades de derecho, la mayoría de garaje, que más que verdaderos juristas con sólida formación humanística y ética, vomitan o mejor cagan, hordas de depredadores hábiles en navegar en voluminosos y farragosos códigos que desde años atrás les legaron congresistas, lobistas bien pagados y juristas al servicio de las mafias del narcotráfico, de las grandes industrias y monopolizadores grupos económicos y financieros, para que les ablanden las penas y multas por sus ilícitos y aprendan a deslechar al Estado, “con todas las de la ley”, como buenos ‘ladrones honrados’.
“Hecha la ley, hecha la trampa”, es la máxima seguida por estos timadores con diploma, que de la política tradicional aplicada durante el Frente Nacional, limitada al control de la burocracia estatal y algunos contratos de obras, con la irrupción de las mafias del narcotráfico ligadas a la parapolítica y su ejemplo, extendió tentáculos a todos los poderes del Estado, uniendo en una sofisticada asociación para delinquir de cuello blanco, además de ministros y altos funcionarios del gobierno, a corruptos magistrados, fiscales, jueces, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, contratistas, mineros ilegales, narcotraficantes, paramilitares reciclados, guerrilleros y disidencias, explotando otros negocios ilícitos como la extorsión, secuestro, el contrabando, la usura del ‘gota gota’, macro y microtráfico, juegos y rifas, prostitución, licencias para construcción, falsificación de moneda, etc, que florecen en esta mafio-democracia, tan generosamente financiada en sus campañas por contratistas de todos los pelajes que aspiran a multiplicar geométricamente sus inversiones.
El ejemplo más elaborado nos lo brinda el departamento de Córdoba, donde confluyeron todos los poderes del Estado al servicios de familias con vínculos sanguíneos eslabonados entre diferentes partidos y movimientos políticos, para en complicidad con fichas enclavadas en Contralorías y demás “ias”, robarse impunemente multimilllonarios recursos públicos, al conformar carteles como los de: la alimentación y dotación escolar, construcción de megacolegios, el sida, la hemofilia, la tercera edad, los dementes, etc.
Con el bloqueo en la vía a Villavicencio acaba de conocerse otra perla de modelo leonino de contratación. Resulta que no es responsable de los “tramos difíciles”, la concesión contratada con la firma de ingenieros perteneciente a los Sarmiento Angulo, también dueños de Corficolombiana, el grupo Aval y el diario y canal de El Tiempo, y quienes hicieron nombrar al exfiscal ‘Funestor’ Martínez, con la expresa función de librarlos de los sobornos compartidos con Odebrecht. Así quedó estipulado en el contrato: al gobierno nacional, con lo de los impuestos de todos los colombianos, le toca financiar de su menguado presupuesto emergencias en “tramos difíciles”, como la cadena de derrumbes cuya mitigación hasta el momento ha sido calculada en más de $300.000 millones, mientras la firma concesionaria, además de construir y mantener a los tramos ‘fáciles’, le corresponde cobrar y guardarse por más de 20 años todo lo recaudado por peajes.
Es por instaurar esta ‘ley del embudo’ que tan generosamente financian casi todas las campañas, jugando con cara y sello para curarse en salud y así garantizar que en el Congreso les aprueben leyes que les convienen y les nombren a fiscales, magistrados, etc que les enrumben hacia la impunidad y prescripción las investigaciones en su contra. Y si acaso, por el descaro con que actúan es imposible ocultar los delitos, para eso dilatan y embolatan los procesos y quienes les fabrican leyes y las aplican a su beneficio, en el Congreso tienen a la “Comisión de absoluciones” de la Cámara de representantes y en las sesiones bloquean el estatuto anticorrupción, para permitirse: que si son pillados, les mantengan la casa por cárcel y puedan seguir gobernando y deslechando la administración pública en asocio con las mafias legales e ilegales, a través de sus esposas, hijos, amantes, hermanos, primos, cuñados, etc.
Mientras tanto en el Cauca, Huila, Valle, Guajira, etc, siguen las quejas por la deficiente alimentación escolar que les asignaron a monopolios nacionales que, dizque para hacer transparente la contratación”, deben tener un capital multimillonario para participar en las amañadas licitaciones, cerrándoles las puertas a proveedores locales, que con alimentos frescos y la supervisión de los padres de familia, podrían garantizarles a niños y adolescentes, una alimentación más balanceada fresca y natural.
