El fiscal general de la Nación, en medio de un foro realizado en la Universidad Externado sobre el estado de la justicia en Colombia, se refirió a la situación de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Tal y como lo expresó, la labor de la Fiscalía no es velar por su seguridad, pese a lo cual le brindarán el acompañamiento hasta donde sea posible.
La vicepresidenta, objeto de toda clase de críticas por transportarse en helicóptero, le había puesto de presente que tras acudir a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección, ninguna de tales entidades se había comprometido a garantizar su seguridad. De lo dicho por el señor Fiscal, es evidente que el estado colombiano no tiene capacidad para garantizar la seguridad de ningún habitante del departamento del Cauca. Peor aún, quizás de ninguna otra parte del país.
Unos días atrás, el antiguo miembro del secretariado nacional de las Farc, Pastor Alape, se vio obligado a cancelar un viaje al departamento de Arauca, donde pensaba cumplir tareas a nombre del Consejo Nacional de Reincorporación, porque la camioneta de la Unidad Nacional de Protección que hace parte de su esquema de seguridad, y que había viajado como avanzada de protección, fue retenida en una carretera de ese departamento por el ELN.
Los escoltas, luego de ser requisados, fueron despojados de sus armamentos y sólo después de cuatro horas fueron liberados. Cabe preguntarse, en este país de odios y comportamientos insólitos, qué habría sucedido al excomandante guerrillero, si hubiera hecho parte de la caravana interceptada. Se supone que el ELN adelanta conversaciones de paz con el gobierno nacional, lo cual debiera significarle algún comportamiento cuando menos leal.
Unos días atrás, el vehículo del esquema de seguridad de otro miembro de la dirección nacional de Comunes había sido levantado a tiros por hombres armados en una carretera de Arauca. La verdad es que en ese departamento las condiciones de seguridad también son motivo de grave inquietud. Numerosos firmantes de paz han sido asesinados allí en total impunidad, como si se tratara de un territorio liberado para los criminales de toda laya.
Porque la cuenta de civiles asesinados en ese territorio en el último año es aterradora. Lo cual no oculta lo que ocurre en Norte de Santander, en donde el movimiento por las carreteras puede ser interrumpido en cualquier momento por retenes montados por diversos grupos armados, todos hostiles. En esta semana fue asesinado en Ábrego otro firmante de paz, Javier Sánchez Ortega. Un muerto más a la cuenta fatal en esa región.
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Es evidente que hay amplios espacios de Colombia, si no ya todo el país, en las que las garantías de seguridad para la vida e integridad de sus habitantes están en seria crisis
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Es evidente que hay amplios espacios de Colombia, si no ya todo el país, en las que las garantías de seguridad para la vida e integridad de sus habitantes están en seria crisis. En el departamento del Meta se produce el desplazamiento forzado de los reincorporados del AETCR Mariana Páez, territorio por donde campean con ostentación las disidencias de las antiguas FARC, que también sostienen conversaciones de paz con el gobierno nacional.
A propósito, conocimos la declaración del Alto Comisionado Danilo Rueda, en la que aseguró que no se trataba de un desplazamiento forzado sino de un traslado voluntario, producto de que las tierras del asentamiento no estaban tituladas. Me recordó enseguida a su antecesor Ceballos con sus despistadas salidas. De su manifestación se desprende que había hablado con las disidencias y estas habían denegado sus amenazas.
Lo cual bastaba para restar credibilidad a las más de doscientas familias, con ancianos, mujeres y niños que huían del territorio, sabedores de lo que les esperaba si se quedaban. Solo nos faltaría que el comisionado de paz se convierta en el vocero exculpatorio de los criminales. Pero no lleguemos tan lejos, pensemos que es un hombre de buena fe que trata de hacer su trabajo. Un asunto mucho más complejo que lo que él ingenuamente piensa.
Basta con ver el bloqueo de hoy a Buenaventura. Familias desplazadas de Cauca y Valle exigen hablar con el gobierno nacional, porque a raíz de la interrupción del cese al fuego con el clan del golfo, se reaviva la confrontación entre este y el ELN, que terminó por causar su desplazamiento forzado. De alguna manera quieren ese cese el fuego, que les permitirá regresar a vivir a la zona, así deban compartirla con grupos que nadie ya puede acabar.
Estamos inventariando la herencia más terrible de Iván Duque y el Centro Democrático. Un país tomado por las mafias y grupos delincuenciales que florecieron en plena libertad en su gobierno. Y que hoy reclaman su soberanía en esas regiones que pueden intimidar, parar y bloquear cuando quieran. La jugada perversa de la ultraderecha, que aspira a regresar, respaldada en el terror que fraguó en los territorios, invocando a Bukele, la libertad y el orden.
Esas y más siniestras movidas buscan frenar el cambio.
