En un informe de auditoría, la Contraloría General de la Nación informó 35 hallazgos sobre irregularidades en la construcción del megaproyecto de Hidroituango. A la par concluyó que su construcción tiene un detrimento patrimonial de $5,7 billones y dictaminó que la recuperación de la inversión duraría por los menos de 35 años.
Después del nido de corrupción que se conoció en la construcción del Metro de Medellín, este es uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a la sociedad antioqueña. Estos hechos tienen en cuidados intensivos la reputación de las Empresas Públicas de Medellín, la joya de la corona de la pujanza empresarial paisa.
Sin embargo, eso no es todo: los paisas están a las puertas de otro gran detrimento patrimonial en la Fábrica de Licores de Antioquia por los caprichos políticos del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien por retaliaciones políticas contra su homólogo del Chocó decidió suspender desde hace más de tres meses las ventas de los productos de la Fábrica de Licores al Chocó.
De hecho, con esa medida caprichosa, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez le está causando un gran detrimento patrimonial a las finanzas antioqueñas (la empresa ha dejado de percibir por el cierre de las ventas de licores al departamento del Chocó más de $ 5.000 millones), todo por la pérdida del litigio de limítrofe (Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente) con el departamento del Chocó.
Se sabe que desde hace más de tres meses ordenó a Iván Correa Calderón, gerente de la FLA, suspender las ventas de licores al departamento del Chocó, pese a que la empresa Distribuciones Chocó, la encargada hace más de 20 años de abastecer el mercado chocoano, tiene un contrato vigente de introducción de los productos de la FLA al departamento del Chocó hasta el 19 de octubre del 2020.
Se calcula que suspensión de las ventas de los productos de las Fábrica de Licores de Antioquia (Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín) al Chocó ha producido pérdidas en ventas a la empresa antioqueña por más de $ 5.000 millones y el departamento del Chocó ha dejado de recibir impuestos por más de tres mil millones.
No es un secreto que por todos los medios el gobernador de Antioquia ha pretendido burlarse de la decisión del Congreso de la República, que el 14 de diciembre del 2016 determinó que al no existir límites dudosos entre Antioquia y Chocó, conforme al trazado de límites consagrado en la ley 13 de 1947, aquellas poblaciones quedan dentro de la jurisdicción chocoana.
En consecuencia, ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) seguir los trámites consagrados en la Ley 1447 del 2011 para que expidiera el mapa oficial del Chocó con las cuatro poblaciones dentro de su territorio y fijar los hitos fronterizos entre los dos departamentos. Entonces, la administración del Pérez Gutiérrez como una medida de retaliación política decidió cerrar el mercado de venta de los productos de la FLA en el Chocó, sustentado en la estrategia de un cambio de proveedores para el mercado chocoano.
Pese a que Carlos Alberto Palacios Mosquera, gobernador del Chocó, en una comunicación del 22 de abril le expresó a Pérez que la gobernación del Chocó se abstenía autorizar un nuevo permiso, dado que hace 20 años la empresa Distribuciones Chocó tiene un contrato ventas de los productos de las Fábrica de Licores de Antioquia en el Chocó, vigente hasta el 19 de octubre del 2020, y le señaló que el departamento del Chocó garantizaba las ventas de los productos de la FLA dentro del territorio chocoano a dicha, debido a que tiene un contrato vigente y que las autoridades chocoanas no pueden violar, su homólogo le ha pasado factura con el cierre del mercado chocoano como señal de venganza política. Con esto ha dejado a los chocoanos sin guaro antioqueño en plenas fiestas de San Pacho.
