Después de los días de reflexión y descanso espiritual parece pertinente aprovechar el ánimo de la semana pasada para invitar a pensar un entorno más amplio de la discusión sobre las actuales reformas en el ámbito de la protección social en aspectos como la salud, las pensiones y los derechos laborales.
Ni un solo día de la historia de Colombia hemos sido un Estado social de derecho, aunque desde la Constitución del 91 se enuncia este referente de proyecto de país entre nuestros relatos jurídicos y narrativas políticas. Pero una cosa es el relato de la Constitución y otra es la realidad de la vida cotidiana en Colombia. Claro que tenemos políticas de salud y de educación desde hace más de un siglo, políticas laborales desde hace un poco menos de ochenta años con el primer código sustantivo del trabajo, políticas de bienestar social, familiar, deporte y cultura desde hace un poco más de 60 años; pero el carácter de esas construcciones institucionales no ha tenido ni la magnitud, ni las características de realización de derechos suficientemente extendidos y apropiados entre nuestra población.
Llama la atención, cuando se inicia la presentación de las reformas sociales, que emerge también un debate mediático sobre la apuesta de la paz total, que ha sido propuesta como una política aspiracional buscando afrontar la necesidad de dar un salto significativo como sociedad y Estado para salir de las violencias como lenguaje y como forma principal de acumulación de poder político, económico y social. Pero nuevamente se aparece la circunstancia de que, más allá de la negociación con actores del conflicto armado y del sometimiento a la justicia de grupos al margen de la ley, no hay paz sin derechos sociales y sin políticas de justicia social. Ahí nuevamente aparece el cuestionamiento de si podemos o no concretar un avance en el campo de la gestión pública de políticas sociales, para avanzar en la concreción de una agenda progresista de democracia social y paz.
La historia reciente a partir del nuevo relato constitucional ha sido más la manifestación de procesos de burocratización estatal en torno a una relación progresiva de mercantilización de los derechos sociales; recordemos por ejemplo la ineficiencia y la corrupción en la prestación de los servicios de salud que está ampliamente documentada y socializada; la situación de las políticas de pensiones, más orientadas a brindar privilegios a las corporaciones que las administran, en medio de lenguajes tecnocráticos que aplazan y enredan la posibilidad real de acceder al derecho a pensionarse. En medio de un entorno privatizador que en treinta años liquidó cientos de entidades estatales, para transferir la realización de los derechos a servicios privados de diferente orden, hemos asistido a un gran operativo de desregulación y debilidad institucional en la prestación de las garantías sociales.
Lo mismo sucede con la situación del derecho al trabajo y con la aspiración a tener condiciones laborales decentes; en cuarenta años se desmejoraron las garantías para los trabajadores y se amplió la informalidad que viola derechos y siembra indignidad entre la población, generando una meseta en la gráfica de los indicadores de pobreza y pobreza extrema que dice mucho de nuestra situación de desigualdad social.
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Vivimos la tragedia de la desintegración social, la precarización laboral, la informalidad económica y la inestabilidad institucional; habitamos en un ambiente toxico de inseguridad y desestabilización
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Sabemos por la experiencia de varias generaciones vivas, que hay derechos constitucionales y garantías en el papel, políticas sociales sancionadas para todo, pero tenemos un gran desorden y debilidad institucional que ha terminado siendo muy conveniente para el modelo de clientelismo político, para el contubernio entre lo privado y lo público. Por esa razón vivimos la tragedia de la desintegración social, afrontamos la precarización laboral, la informalidad económica y la inestabilidad institucional; habitamos en medio de un ambiente toxico de inseguridad y desestabilización permanente. Quizás hemos naturalizado las políticas de pauperización social que afectan especialmente a los sectores populares y medios.
Por esa razón, solo la presentación de las reformas sociales en curso genera gran discusión, levantan una confrontación mediática, porque las posibilidades de cambio tocan muchos privilegios enraizados y convenidos, y porque se hacen contra nuestras propias costumbres y modos de vivir, contra el lenguaje en uso que configura nuestros mundos cotidianos. En el caso de las reformas actuales, toca dejar de barrer por los lados de la alfombra, se necesita que el Congreso de la República supere el gatopardismo tradicional que llena el país de leyes que cambian todo para que todo siga igual; se necesitan las ciudadanías ayudando a que se levante la alfombra, que se revise el piso social que habitamos y entonces quizás podremos avanzar un poco en tramitar el conflicto extendido que nos victimiza y revictimiza en campos y ciudades, a partir de reformas sociales concretas.
