Tras posesionarse el 7 de agosto de 2022 como presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro comenzó a encomendar a sus ministros (ya posesionados) a hacer el trabajo de elaborar, socializar y poner en marcha las distintas reformas que necesita el país a través del Congreso de la República, representado en Senado y Cámara de Representantes. Entre ellas y una de las más importantes fue la creación del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez Mina se posesiona como la primera ministra en ser jefa de esta cartera en representación del Gobierno Nacional. Ahora bien, otra de las reformas que pasó por el Congreso es la ley 2277 de 2022, la cual fue sancionada el 13 de diciembre de 2022, ambas normas generaron polémica y críticas sin sustento alguno solo por desviar el panorama de tantos años de abandono estatal y de haber ganado en las elecciones alguien de la corriente contraria a los mismos con las mismas.
Para este 2023 se pretenden hacer otras cuantas reformas, como la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma agraria y la reforma a la justicia, todas y cada una tan polémica como la otra con base a lo que los medios tradicionales de comunicación y políticos de la vieja guardia alegan que es una locura, precisamente porque los cambios que no son para un beneficio para sus arcas no deben hacerse.
Respecto a si son aciertos o desaciertos, la voluntad popular en más del 50% votó por el cambio, por esas reformas estructurales que el país necesita. Una de las que más ha dado de qué hablar es la de la salud, en donde muchos especulan que las EPS van a desaparecer, pero no es así, van a tener menos funciones y menos dinero por cobrar al Estado colombiano por sus servicios de aseguradoras privadas en su mayoría, pero lo que casi no le cuentan al pueblo es ¿cuánto dinero recaudan al año?, ¿cuántas obligaciones fiscales, tributarias, salariales y demás tienen al año?, ¿a cuántos hospitales y clínicas las EPS les debe dinero por concepto de procedimientos y tratamientos de salud de los pacientes que aguardan al interior de estas?, ¿cuántas EPS han quedado en estado de insolvencia económica desde la creación de la ley 100 de 1993?, ¿cuántos hospitales públicos, incluyendo el Hospital San de Dios de Bogotá, han caído en desgracia e insolvencia económica a partir de la creación de la ley 100 de 1993?
Son estas y muchas otras preguntas que el pueblo se ha hecho a lo largo de los años esperando tras una fila para solicitar una cita médica o en el piso de los hospitales esperando ser atendidos correctamente, muchas veces esperando una autorización. Respecto a lo anterior, los recursos que tanto alegan se perderían si se extinguen las EPS (cosa que no va a pasar, sino que por el contrario, se transforman), están ahí, no se han perdido, solo que ahora serían administrados en un 100% por el Estado colombiano y no por los particulares. Si bien antes de la ley 100 de 1993 fue un fracaso lo que se vivió con el Instituto de Seguro Social por ser un sistema público y poco eficiente, hoy no se debe ser ni pesimista ni egoísta con los cambios profundos que se promueven, más bien se debe incentivar la creación de muchas veedurías ciudadanas y priorizar el trabajo en conjunto para que se logre lo mejor de todo.
Conforme a la reforma agraria, desde hace mucho tiempo se está hablando de la misma, se puede decir que desde 1936, con la expedición de la ley 200, la cual principia, regula y menciona una base para lo que es el régimen de tierras, pero ni los baldíos ni los bienes incautados por extinción de dominio y administrados estos últimos por la SAE (Sociedad de Activos Especiales) pueden seguir siendo objeto de pérdidas económicas para el Estado colombiano. Estas tierras deben ser repartidas equitativamente para que haya un régimen de producción nacional, que los campesinos y desplazados por la violencia generen comida con sus siembras y cosechas, que retribuyan al Estado y por tanto a la Nación no solo con los sagrados alimentos sino con los tributos y obligaciones que todos tenemos para sostener al país, generar más riqueza por medio del empleo y los préstamos que el Banco Agrario haga a todos y cada uno de los campesinos de Colombia, ello hará que literalmente el país deje de ser dependiente a ser soberano en sus decisiones en materia alimentaria, es decir, no depender tanto de las importaciones las cuales año a año son mayores y más costosas al gastarse los recursos en cuanto a divisas respecta.
Desde la apertura económica en 1991 con la Constitución Política, Colombia dejó de producir alimentos esenciales en la vida cotidiana como trigo, avena, cebada, maíz, últimamente arroz, papa, harina de trigo, lácteos, entre muchos otros alimentos, lo cual nos ha demostrado que ante una crisis como la pandemia de Covid-19 o la actual guerra entre Rusia y Ucrania no estamos preparados, debemos pagar todos y cada uno de los objetos y alimentos mucho más costoso, pagar no con nuestra moneda local, sino con dólares especialmente, y euros, reconocidas divisas.
Debemos observar que no todo cambio es malo si se hace desde la perspectiva de mejorar como sociedad, no puede ser que en pleno siglo XXI se esté contratando por prestación de servicios, por obra y labor, por 3 meses, y no se quiera que haya estabilidad laboral por parte de muchas empresas, la informalidad y la falta de oportunidades laborales es cada vez más escasa y el salario no alcanza hoy por hoy por el Estado inflacionario que han generado las distintas crisis, es por eso que una reforma laboral es importante y esencial hoy más que nunca, no se puede seguir en el mismo círculo vicioso sin un rumbo fijo ni dirección alguna, por eso, entre más rápido pero más seguro avancemos será y nos irá mejor como Nación.
En cuanto a la reforma a la justicia, es un desacierto si se pretende dejar en libertad a la mayor parte de la población carcelaria, pese a que es cierto que deben humanizarse las condiciones en cómo se tratan a las personas que purgan una condena, no se les debe premiar al 100%, más bien, debería tratarse de mejorar las condiciones sanitarias al interior de las cárceles, se debería promover e incentivar el deseo de trabajar en los campos de nuestro país a los que purgan penas como hurto, entre otras modificaciones. El país debería tratar de perdonar los errores de las personas, pero más allá de eso ayudar a que las nuevas generaciones no terminen dando malos pasos en la vida, es una reflexión que se debe dar desde cada una de nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestras familias.
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