La forma de intervenir e influenciar los procesos democráticos han cambiado, y los métodos tradicionales parecieran no ser suficientes para controlarlos. El 16 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de cargos contra 3 empresas y 13 ciudadanos rusos por realizar operaciones para interferir en las elecciones y el proceso electoral de ese país.
Según el Departamento de Justicia, estos rusos crearon y difundieron comunicaciones en contra de Hillary Clinton, y en apoyo del entonces precandidato demócrata Bernie Sanders y del hoy presidente Donald Trump. Así mismo, impulsaron a grupos minoritarios a no votar en las elecciones presidenciales o a votar por un candidato de un tercer partido y promovieron afirmaciones falsas sobre fraude electoral en el partido demócrata. Incluso compraron publicidad digital para difundir esta noticia falsa, y pagaron por pauta de apoyo directo al entonces candidato Trump, y en oposición específica a la entonces candidata Clinton, sin reportar estos gastos a la Comisión Federal Electoral.
Algunos dirían que el primer gran éxito electoral con un componente digital en cuanto a su relacionamiento con la ciudadanía (versus el uso sólo como mecanismo de recolección de fondos) fue la elección del presidente Obama en 2008. Su uso de YouTube permitió que su mensaje llegara a millones de ciudadanos, no solo en vivo, sino en cualquier momento, y a una fracción de la inversión que hubiera requerido a través de medios tradicionales. La segunda iteración puede ser la del hoy presidente Mauricio Macri, quien el diario argentino La Nación tituló como “El primer presidente de Facebook” por su uso determinado y estratégico de dicha red social durante las elecciones en el 2015.
Pero más allá del uso directo de las redes que estas campañas hicieron, el crecimiento y avance de las plataformas han generado nuevas oportunidades para su uso legítimo y no tan legítimo.
Por un lado, se incrementa la dificultad de controlar los topes de financiación de las campañas cuando la publicidad digital se paga con una tarjeta de crédito y en algunos países no es clara la obligación de las redes de proveer esta información a las autoridades electorales, al menos no sin una orden judicial. Esta obligación es clara en el caso de los medios tradicionales impresos, radio y televisión. Adicionalmente, las grandes redes no tienen oficina local en la mayoría de los países de América Latina, lo cual obliga a las autoridades a buscar información de entidades legales por fuera de sus fronteras.
Por otro lado, también surge la dificultad de asegurar las vedas electorales en el mundo digital. Las grandes redes no hacen control previo de los millones de anuncios digitales que salen diariamente en sus plataformas, por lo cual seguidores entusiastas pueden llegar a impulsar campañas que invaden el periodo libre de publicidad que estas vedas buscan garantizar.
Y por supuesto, surgen las preocupaciones sobre la influencia desde el exterior que se ve ilustrada en las acusaciones a empresas y ciudadanos rusos (y que en algunos casos pueden ser igualmente preocupantes en nuestros países) con respecto a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Los delitos atribuidos son entre otros:
- la creación de cientos de cuentas en redes sociales, las cuales fueron utilizadas para desarrollar líderes de opinión
- la creación de “intensidad política” mediante el apoyo a grupos radicales, usuarios insatisfechos, o movimientos de oposición social.
- la creación especialmente en Facebook e Instagram, de grupos temáticos de temas sensibles como inmigración, religión, etc. Según la acusación, algunos de estos grupos tenían cientos de miles de seguidores.
- Compra de publicidad en línea que promoviera los grupos que ellos controlaban.
- La creación de cuentas en Twitter diseñadas para parecer como si fueran controladas por personas u organizaciones estadounidenses.
- El seguimiento de las tendencias y comportamiento del contenido que ellos incluían en las redes sociales para definir el impacto de sus operaciones en redes sociales.
¿Este tipo actividades en las elecciones en nuestra región como serían? La forma más directa es a través de la compra de publicidad digital a favor o en contra de candidatos específicos, bien sea por actores externos, o por actores nacionales (incluso desde el exterior), sin que este gasto se registre como gasto político. Sin acudir a la publicidad, agentes externos pueden incitar a la inconformidad o hacia posiciones específicas con temas especialmente sensibles en las discusiones electorales tales como, el acuerdo de paz o la situación de venezolanos refugiados en Colombia, las relaciones con Estados Unidos, o el matrimonio igualitario. Y obviamente, la generación de noticias falsas o “fake news” es una nueva herramienta para la guerra sucia que muchas veces se ve en los procesos electorales.
Sin dudas las redes sociales han potenciado la creatividad humana, y democratizado los mecanismos de acceso a grandes poblaciones. Hoy creadores de música o video pueden compartir sus obras y acceder a sus seguidores de manera directa o no a través de casas musicales, estaciones de radio o televisión, o productoras de cine. Si bien son una fuerza de bien en muchos sentidos, también son una herramienta a la cual se puede acceder libremente, y que bien utilizada, puede influir en los procesos democráticos de nuestros países.
Si bien las autoridades tienen un papel preponderante en el control de la veracidad de la información electoral, como ciudadanía, debemos ser suspicaces al recibir información por las redes y asumir nuestra responsabilidad, por un lado, de una supervisión diligente y actualizada, y por otro, de ser ciudadanos y críticos. No toda la información que coindice con nuestras gustos es verdadera.
@aarcilaa
