Queridos lectores, en el reciente informe citado en la prensa colombiana y publicado por la página web U.S. News, basándose en una encuesta sobre confianza y percepción de la corrupción, de forma similar a la muy utilizada vara de medir la percepción de los ciudadanos frente a la corrupción que elabora Transparency International, se da la idea de un país, Colombia, inclinado a "percibirse a sí mismo" como más corrupto en el mundo.
En general, el artículo -según el instrumento de medición de los resultados revelados por esta encuesta y el primado de Colombia - plantea la provocadora sugerencia de que nos percibimos como intrínsecamente más corruptos y estafadores, que aceptamos sobornos o gratificaciones y que esencialmente no nos comportamos con honradez y estamos violando la ley, privando con ello al gobierno de los fondos que este necesita para suministrar bienes y servicios esenciales. En mi opinión, esto no es más que una exageración manifiesta en las respuestas dadas por los usuarios encuestados y una simplificación totalmente inaceptable para nuestros ciudadanos, aunque era previsible.
Como es bien sabido, todavía existen muchas dudas y lagunas acerca de los indicadores de percepción de la corrupción. Hay que estar atentos y ser cuidadosos, ya que se basan en datos a menudo inexactos o incompletos, no fiables. Aunque todos sabemos que la corrupción es muy elevada, y muy rara vez recibe castigo, no obstante, es preciso tener en cuenta también que "cuanto más se persigue la corrupción en términos de prevención y los tipos de delitos en términos de represión, mayor será la percepción del fenómeno de la corrupción”, así como las respuestas dadas al mismo. Paradójicamente no nos damos cuenta de que en la percepción de la corrupción son muchas veces los mismos órganos de lucha contra la corrupción o anticorrupción (y eso sin hablar de los medios de comunicación y demás interesados) que alimentan miedos sin fundamento y una visión deformada que no corresponde a los datos reales y verdaderos: la de un país con problemas críticos y dramáticos, pero menos grave de lo que parece en la percepción general sobre la magnitud del fenómeno. Los sistemas de vigilancia, alerta temprana y respuesta son necesarios para prevenir y combatir cualquier forma de actividad delictiva y luchar contra la corrupción, pero sin alarmar al público de manera innecesaria, generar incertidumbre y confusión, creando más incomprensión y desconfianza. Pregunta: ¿Colombia es uno de los países más corruptos del mundo? Para mí, la respuesta es no.
Siento que es un buen momento para preguntarnos si en verdad somos el país del mundo que más se percibe con corrupción, o si más bien estamos ante una interpretación falsa de la realidad existente en la práctica. Sinceramente, creo que estos datos que son bastante alarmantes no se corresponden con la realidad, no son fiables y, por lo tanto, deben considerarse con precaución y no tomarse como referencia segura. Resulta asimismo difícil aceptar un método de cálculo estándar que procede del viejo Índice de percepción de corrupción (IPC) - proceso de sondear percepciones y opiniones - basado ante todo en valoraciones aproximativas y vagas que, por lo tanto, no resultarían concluyentes al respecto, con el efecto bumerang contraproducente en el peor de los casos de centrar la atención en un "enemigo imaginario", so pena de desviarnos de otras prioridades más importantes y que puede conducirnos a la construcción de sistemas de prevención "estrambóticos", o a enfoques de represión "seudo -criminales". La aplicación de este Índice de percepción de corrupción o de ese tipo de encuestas se presta a críticas - además de que pueden ser manipulados y utilizados como justificación para la promoción de intereses políticos - por la imprecisión a toda prueba y de procedimiento aplicable en el análisis de los datos.Se recuerda que uno de los principios de estas técnicas de consulta es la imprecisión apropiada; por regla general, sólo se buscan tendencias o aproximaciones relativas (indicadores objetivos relacionados con el costo de las obras públicas o aquellos basados en la relación entre inversiones en obras públicas y privadas y el contratista principal y el subcontratista en obras públicas, entre otras cosas). Todas estas encuestas y sondeos de opinión están regidas por una percepción errónea y común de la lógica que sustenta las mediciones basadas en la percepción riesgo y en el comportamiento auto declarado, sembrando a menudo la incertidumbre entre la "percepción" de la situación (entre los encuestados) y los "datos reales". La carencia o a la falta de fiabilidad de las categorizaciones de percepción de los ciudadanos sobre la corrupción empieza a verse reflejada también en una atención creciente y excesiva por parte de los medios de comunicación, lo que produce efectos devastadores reales y potenciales en países cuyas economías se encuentran en periodo de transición, en primer lugar, en términos de inversiones extranjeras y podría indicar una "falta de confianza" entre instituciones y ciudadanos, y suscita inquietudes sobre la confianza pública y la legitimidad del gobierno.
Como ya ha sido demostrado de manera comprensiva, científicamente rigurosa y creíble a nivel internacional, localizar y cuantificar con precisión el fenómeno de la corrupción y de alguna manera "medirlo" en un contexto específico (o para una finalidad o situación específica), con base en las opiniones generalizadas de los entrevistados, es una empresa notoriamente difícil, pero a la vez necesaria, que se presta a riesgos de imprecisión. En la práctica, sería difícil probar ese criterio subjetivo. Ello por una razón muy sencilla: por lo general existe una distancia importante entre la corrupción "percibida" (que los encuestados declaran vivir) y la corrupción "vivida", el resultado de la experiencia directa de cada uno, digámoslo así. Por ejemplo, los ciudadanos están convencidos de que los niveles de corrupción son altos, pero no han experimentado episodios (delitos económicos y de corrupción) en su propia piel o en la de sus familiares (la "experiencia directa de la corrupción"). Las experiencias de las encuestas, incluso aquellas que son simplemente electorales, nos muestran los peligros de las actitudes "histéricas" en las que los entrevistados tienden a responder de manera inexacta, dando respuestas más acordes con lo que creen que es la respuesta "correcta" en lugar de dar la respuesta "verdadera", lo que puede conducir a conclusiones excesivamente optimistas o de alguna manera "auto absolutorias". (Raffaele Cantone, Enrico Carloni).
Y esto sin olvidar, la demasiada confianza en los datos judiciales, que sin duda son importantes, pero desafortunadamente siguen siendo insignificantes (con tasas de enjuiciamiento y condena a menudo intrascendentes, así como el número de procesos y condenas por ese motivo o la información relativa a las condenas definitivas que intervienen años después de los eventos de corrupción) para representar adecuadamente el fenómeno en su consistencia efectiva, así como también ese intento desafortunado de evaluar o cuantificar o de juzgar el "peso" general de la corrupción en un "valor" anual de alrededor del x por ciento del PIB, o $ billones al año: una "medición" estándar con certeza criticable, ciertamente excesiva, aproximada y resumida que no está basada en la percepción, sino en datos aparentemente objetivos que tienden a representar el estado de un país donde la corrupción tiene una dimensión importante, la cual no está muy lejos de los datos de percepción. Sin embargo, también es verdad que cuando los ciudadanos sienten una acción más firme por parte de las autoridades contra esta lacra mediante la aplicación de los principios del Estado de Derecho y la utilización de toda la fuerza de la ley, no solo sensibiliza la percepción del público e incrementa la conciencia de las personas, sino que también mejora la confianza pública.
No obstante, al mismo tiempo estamos convencidos de que la recogida, el análisis y el control efectuados en el marco de este tipo de encuestas y sondeos de opinión debe suponer una llamada de atención tanto para los Estados como para los legisladores para que hagan frente con firmeza y resolución a ese peligroso fenómeno y a las que deben dar respuestas, y debe servirnos para recordar que no podemos ignorar la cuestión.
La corrupción en Colombia es, desafortunadamente, una realidad, ya sea expresa o implícita o que se entienda en términos cuantitativos o cualitativos, sobre la base de datos judiciales no representativos o erróneos y, aunque el citado diagnóstico que ofrecen no es todavía general ni definitivo y pese a que subsisten desacuerdos en cuanto a los criterios que deban aplicarse para la medición, el problema de encontrar soluciones apropiadas y eficaces subsiste. Pienso que es una cuestión política que merece ser abordada una y otra vez durante las próximas semanas y meses y volver a considerar muy atentamente esta cuestión: la lección que nos impone es el deber de desterrar y combatir la corrupción y restaurar la confianza pública en un estado de derecho. “Parece que muchos creen que todo es asunto del Gobierno, pero no es así: ganar la guerra contra la delincuencia y la corrupción es labor de todos los ciudadanos, el compromiso y la participación del sector privado”. Menos mal que el nuevo gobierno Duque se ha embarcado decididamente en un proceso de reformas encaminado a fortalecer las instituciones democráticas, la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia de las decisiones públicas. Además, por primera vez desde 2010, el Gobierno tiene la autoridad moral y ética para responder a la situación promulgar o hacer aplicar leyes estatales, y ha alcanzado importantes éxitos en su lucha contra este fenómeno. Duque siguiendo el ejemplo de otros países de la OCDE se ha embarcado en su propia campaña contra la corrupción activa y pasiva y a favor de una democracia en pleno funcionamiento. Debemos ofrecer nuestro apoyo al Presidente y a la Vicepresidenta y respaldar todos sus esfuerzos en ese sentido.
Cada vez con mayor asiduidad la corrupción, los políticos incompetentes o sin experiencia, las organizaciones mafiosas, la contaminación del aire, la inseguridad, la violencia, el terrorismo y la presencia de inmigrantes se perciben como un factor de riesgo particularmente grave -no específico- para una variedad de problemas y constituyen amenazas reales, lo que puede dañar la credibilidad de un gobierno que es responsable a nivel político para con sus propios ciudadanos. En efecto, tal como se ha afirmado “Cuando la respuesta a un problema llega tarde se encuentra a menudo ante un interés mermado o detraído hacia otro desafío más apremiante”. Amen
