El balance sobre el comportamiento de las condiciones de seguridad en 2020 nos ha brindado un cruce interesante de argumentos sobre las razones que dieron lugar a un mejoramiento de los registros delictivos.
Si bien este debate es asumido generalmente como una oportunidad para hacer notar las debilidades gubernamentales o para desnudar los intereses particulares de quienes cuestionan los resultados, es en realidad un ejercicio clave para la definición de los esfuerzos requeridos para construir una mejor seguridad y hacerla sostenible.
La administración de Bogotá presentó esta semana un balance positivo en la gestión de la seguridad recalcando los desafíos que le representó mejorar esta mientras se apoyaba la operación sanitaria con limitaciones sensibles en sus capacidades. De acuerdo con el gobierno del distrito, los buenos resultados se deben a un ajustado cumplimiento de sus planes, el desarrollo de nuevas capacidades y el debilitamiento del crimen. La alcaldía considera la coordinación institucional y la desarticulación de más de 140 bandas delincuenciales factores clave.
La Gobernación de Cundinamarca también compartió con la ciudadanía su optimismo por cuenta de una disminución histórica del delito en su jurisdicción. La reducción del 12% en homicidios, del 22% de hurtos y la desarticulación de 66 grupos delincuenciales son resultados que respaldan su balance positivo.
A pesar de los buenos resultados, entre la ciudadanía, la prensa y los analistas de seguridad existe una duda razonable respecto a si este balance positivo es consecuencia de una gestión innovadora que transformó el contexto de seguridad y potenció el imperio de la Ley, o si por el contrario es un dividendo de las restricciones a la movilidad, al uso del espacio público y al ejercicio de derechos que disminuyó oportunidades para la ocurrencia de delitos, violencia e incivilidades.
Esta duda se robustece con las quejas ciudadanas sobre la inacción de las autoridades frente a los delincuentes, la ocurrencia de hechos violentos icónicos, la percepción de inseguridad del 76% —la peor en 5 años— y una mayor victimización —2 puntos por encima frente a 2019—, como recientemente lo señaló la Cámara de Comercio de Bogotá.
Sin importar cuál sea la razón, hay que señalar que una menor cantidad de registros de delitos, violencia e incivilidades es una noticia que hay que celebrar. El 2020 antes de la pandemia planteaba retos inmensos para la gestión de la seguridad.
En Bogotá, algunos líderes políticos prometían exacerbar la protesta. En el primer bimestre los homicidios, la extorsión, el hurto de vehículos y comercio aumentaron. El ambiente estaba condicionado por luchas territoriales del microtráfico y un sentimiento creciente de xenofobia, entre otros factores relevantes, prometiendo serios problemas.
El contraste entre el contexto esperado y el ocurrido otorga una mayor importancia a la percepción y quejas que expresan cotidianamente los ciudadanos, lo cual debe motivar a las autoridades a hacer una revisión crítica de los resultados y a tomar distancia prudente de la autocomplacencia.
En ese sentido, las razones que sustentan la mejora de la seguridad dan lugar a algunas preguntas clave: ¿los resultados operaciones contra bandas se han traducido en judicialización y desmantelamiento pasándolas a la historia?, ¿las capacidades desarrolladas han aumentado el impacto de los resultados operacionales?, ¿los recursos destinados a la seguridad son adecuados para sostener los avances logrados en condiciones de normalidad? Y finalmente, ¿es posible asegurar que de no haber enviado a los ciudadanos a sus casas y restringir sus derechos para gestionar la pandemia, el resultado final hubiese sido similar?
Imposible, dado que en 2020 no hubo un fortalecimiento disruptivo de las capacidades de seguridad, convivencia y justicia, ni una transformación de los territorios problemáticos, mucho menos la superación de las causas objetivas de la violencia, el crimen y las incivilidades. Hoy todo sigue igual y por los efectos de la pandemia tiende a empeorar.
La negación del dividendo de seguridad que ha dejado la pandemia por parte de las autoridades es un ejercicio de comunicación política insostenible en una futura ruta de normalización. Una revisión de la evolución de la seguridad en 15 ciudades democráticas en cuatro continentes evidencia que caídas abruptas de seguridad por cierre se revierten progresivamente en aperturas.
Abrirse a la comprensión de los verdaderos factores que causaron la caída de los registros permitirá construir un esfuerzo común de mejora de las condiciones de seguridad. De no ser así las autoridades enfrentarán el futuro con una visión construida desde espejismos que al cabo de un tiempo se convertirán en realidades adversas al imperio de la Ley, la confianza ciudadana y la gobernabilidad.
* Director de Seguridad Urbana - ProBogotá Región
