Más de 14.000 campesinos se manifiestan en el Catatumbo buscando la solución a una crisis social, económica y humanitaria enmarcada en los siguientes agravantes:
1. En la región se introdujo hace tres meses una agresiva campaña de erradicación forzada de los cultivos de coca que impactó a las familias campesinas y a la economía regional, el gobierno ni propuso ni implemento ninguna alternativa económica a la coca.
2. La implementación de la política petrolera y minero - energética del gobierno en la región representa la descampenización del Catatumbo, desplazamiento y pérdida de la tierra y el territorio campesino.
3. El paramilitarismo de Estado implementó en la región el agronegocio de la palma aceitera, legalizando con este modelo económico las masacres, las desapariciones y los miles de desplazados.
4. Más de 200 campesinos presos del Catatumbo, víctimas de supuestos delitos de narcotráfico (ley 30) y rebelión configuran un nuevo modelo de represión judicial regional, modelo que criminaliza la posición política y la economía campesina del cultivo de la coca en el Catatumbo.
5. El gobierno lleva a cabo un plan de consolidación militar contrainsurgente bajo el sofisma del desarrollo rural, el plan va en contravía de la iniciativa de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y en la práctica recrudece las violaciones a los derechos humanos y la victimización del campesinado por parte de la Fuerza de tarea Vulcano en el Catatumbo.
6. El gobierno se niega a declarar la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo atendiendo a un veto ilegal heredado del gobierno Uribe, incumpliendo los acuerdos y la ley 160 de 1994.
