Desde el mes de julio comenzó la investigación liderada por el Magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala de Instrucción penal de la corte creada en 2018 para investigar penalmente a los miembros del Congreso de la República y que terminó con una acusación por presuntos delitos de de cohecho por dar u ofrecer ver y tráfico de influencias por parte del senado de la U Eduardo Pulgar y que puede significarle hasta diez años de cárcel.
Todo empezó con la columna de Daniel Coronel en el portal web LosDanieles, del pasado 12 de julio bajo el título Pulgarcito, en la que publicó fragmentos de unas grabaciones que podían comprometer al senador Pulgar Daza con tráfico de influencias teniendo como interlocutor a Luis Fernando Acosta Osio, vinculado a la casa política barranquillera del fallecido Gabriel Acosta Bendeck. El político que fue elegido senador por el grupo Convergencia Ciudadana fue uno de los fundadores de la Corporación Metropolitana para la Educación Superior, conocida como Universidad Metropolitana, hace 25 años, al igual que la fundación Acosta Bendeck en una práctica común entre los políticos para contratar con el Estado y desde las entidades educativas conseguir votos con promesas de becas y beneficios para las familias. Ambas instituciones forman parte de la investigación enredó en materia grave al senador Pulgar .
En la misma providencia se sustentan las razones de la medida de aseguramiento y la orden emitida al cuerpo técnico de la Fiscalía para capturar al senador como en efecto ocurrió en el aeropuerto El Dorado el pasado 3 de diciembre, así como los argumentos de su defensa en cabeza del abogado Jaime Granados quien ha sido apoderado de Pulgar Daza en el pasado.
Esta es la providencia con ponencia de Marco Antonio Rueda firmada por seis magistrados de la Sala Especial de Instrucción. Los magistrados Cristina Lombana presentó excusa médica y Francisco Javier Farfán salvó su voto.
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