El imperio de la diseñadora Nancy González se está derrumbando. Ahora no solo enfrenta una orden de extradición y la privación de su libertad sino también deudas por más de un millón de dólares al proveedor más importantes de las pieles de babilla: Felipe Martínez. La empresa de la diseñadora estaba en bancarrota y tenía en venta incluso su marca que se la ofreció a Mario Hernández, a quien llamó llorando en el momento en que la detuvieron, según contó en una entrevista a Semana.
Evadir permisos ambientales como el documento CITES en el que se certifica la procedencia de las pieles de zoocriaderos, no fue el único delito de la diseñadora que además usaba correos humanos para ingresar sin la documentación ni el pago de impuestos requerido, las carteras a los Estados Unidos en donde se vendían hasta por más de $ 18 millones.
La carencia del certificado CITES está muy posiblemente asociada al conflicto con el proveedor de las pieles de cocodrilo y caimán, Felipe Martínez propietario de la empresa Caicsa ubicada en Medellín, a quien empezó a retrasarse en los pagos desde el 2016, hasta terminar debiéndole USD 1 millón y prácticamente quebrarlo. Martínez le vendía el 90% del material que usaba en la fabricación de los sofisticados bolsos.
Según el testimonio del empresario para Noticias RCN, existen pruebas de falsificación de documentos, entre ellos el Rut para evadir el pago del IVA, así como cuatro certificaciones ambientales para que el Ministerio de Ambiente permitiera salir del país las carteras. Caicsa cumplía con todas las regulaciones ambientales para los procesos de exportación de las pieles, entre esos hacer parte de la Plataforma de Abastecimiento de Ecosistemas Responsables (RESP) y el certificado CITES, requisitos indispensables para que cualquier exportación esté en regla.
Los incumplimientos con Caicsa, la llevaron a la quiebra y según su propietario precipitaron el cierre de su operación el año pasado. Esta situación pudo haber forzado a Nancy González a recurrir a otros proveedores que probablemente no le garantizaron el certificado CITES, razón por la cual no podía hacer las exportaciones legales y fue entonces cuando recurrió a los correos humanos que terminaron delatándola, incurriendo además en el delito de contrabando y de tráfico ilegal de pieles. Fue una de estas personas, detenida en inmigración y en la aduana norteamericana la que testificó en su contra y puso en evidencia cómo operaba la red.
La crisis que empezó desde el 2017, marcada por la muerte de su hijo Santiago Barberi, se profundizó hasta llegar a reportar varios millones de dólares en cuentas por pagar y dejar al descubierto la fragilidad de la empresa C.I. Diseño y Moda Internacional S.A.S que respaldaba la marca Nancy González.
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Por su parte, la diseñadora sigue confinada en la cárcel Del Buen Pastor en Bogotá donde espera, en los próximos días, ser extraditada hacia los Estados Unidos por contrabando de mercancía e importación de productos con pieles de animales silvestres sin avales ambientales.