Joe Biden espera enterrar la era Trump desde el primer día que pise la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. El ambicioso plan del demócrata incluye órdenes ejecutivas que firmará el mismo día de su juramentación, el 20 de enero. Todas marcan un fuerte contraste y ruptura con las políticas del mandatario saliente, Donald Trump, según un memorando publicado por el jefe de gabinete de Biden, Ron Klain.
Algunas acciones están programadas para ejecutarse en sus primeros diez días de Gobierno; otras para sus primeros cien días. “El presidente Biden tomará medidas no solo para revertir los daños más graves de la Administración Trump, sino también para comenzar a hacer avanzar a nuestro país”, escribió Klain en el memorando.
Entre las primeras decisiones previstas está un decreto para la derogación de la controvertida ley que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de cinco países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia.
Trump se apresuró a firmar esa legislación en enero de 2017, y ahora Biden espera hacerla retroceder tan pronto inicie el cambio de mandato.
Pero quizá la política más ambiciosa que espera la comunidad hispana, y que recuerda a una promesa pendiente de la Administración de Barack Obama, es una reforma migratoria integral.
Ron Klain afirmó el sábado que el demócrata enviará un proyecto de ley sobre inmigración “en su primer día en el cargo”, aunque por ahora no ha entregado más detalles.
Según miembros del círculo cercano del nuevo gobernante, citados por la prensa estadounidense, está previsto que el día de su investidura Biden envíe al Congreso una iniciativa de ley que incluya una vía hacia conseguir la ciudadanía para 11 millones de personas que actualmente se encuentran indocumentadas.
El proceso tomaría aproximadamente 8 años, pero para algunos migrantes la "green card" sería automática, según señaló recientemente la vicepresidenta electa, Kamala Harris: para quienes ya sean beneficiarios de los programas Acción Diferida (DACA), dirigido a quienes llegaron a EE. UU. cuando eran niños, y para quienes gocen del Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a miles de personas víctimas de conflictos, muchos de ellos de El Salvador.
Además, el futuro gabinete de Biden señala que el presidente firmará un decreto para unir a las familias que fueron separadas durante el estricto programa de Trump de “tolerancia cero” frente a la inmigración irregular.
“Esto realmente representa un cambio histórico de la agenda antiinmigrante de Trump y que reconoce que todos los inmigrantes indocumentados que se encuentren actualmente en Estados Unidos deben ser puestos en el camino hacia la ciudadanía”, dijo Mariela Hincapie, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
De tener éxito, sería el mayor paso para regularizar el estatus migratorio de personas sin papeles desde la amnistía que el entonces presidente Ronald Reagan otorgó a 3 millones de personas en 1986.
Los esfuerzos del Gobierno de Barak Obama para lograrlo fallaron en 2007 y en 2013, ante la fuerte oposición de la bancada republicana en el Congreso. Ahora, con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y un empate en el Senado, Biden podría tener mayores posibilidades.
En un intento por poner obstáculos en el camino de Biden, Trump firmó en los últimos días acuerdos con los gobiernos de Arizona, Luisiana e Indiana y un condado en Carolina del Norte, que podría frenar los planes de Biden durante seis meses. Estos acuerdos exigen que el Ejecutivo entregue un aviso, al menos con 180 días de antelación, para hacer cambios en materia migratoria.
“La Administración Biden tiene la autoridad, el mandato y la responsabilidad de romper con el legado de la Administración Trump, y nada sobre estos acuerdos informados cambia esa realidad “, aseguró Naureen Shah, asesora principal de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Aunque no hay una cifra precisa de cuántas personas viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular, el Pew Research Center estima que había 10,5 de personas indocumentadas en 2017.
El Departamento de Seguridad Nacional calculó en 2015 que la cifra ascendía a 12 millones de personas, el 80 % de ellas viviendo en el país sin documentos durante más de 10 años, y la mitad de ellos mexicanos.
Está previsto que el demócrata decrete la obligatoriedad del uso de mascarillas en propiedades federales y viajes interestatales para frenar la propagación de la pandemia del Covid-19, un enfoque que difiere enormemente de Trump, escéptico frente a las medidas de bioseguridad, ya que las desafió en más de una ocasión, pese a que él mismo contrajo el virus.
Biden también anunció recientemente que impulsará un plan para vacunar a 100 millones de personas en sus primeros cien días de Gobierno. Justamente este domingo, el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, afirmó que la apuesta del jefe de Estado entrante es “absolutamente factible”.
El nuevo mandatario espera así dar un coletazo a los retrasos en el programa de inmunización bajo la administración Trump, atribuidos principalmente a la falta de preparación y logística para la distribución de la vacuna, lo cual comenzó en diciembre. El Gobierno estadounidense ha enfrentado fuertes críticas por una gestión que tiene a su país como el más afectado por el virus en todo el planeta, con 397.000 muertes hasta el momento, según la Universidad Johns Hopkins.
En el marco de la pandemia, el nuevo mandatario también ordenará una extensión de las prohibiciones a nivel nacional de desalojos y ejecuciones hipotecarias y una prolongación a la moratoria de los pagos de préstamos estudiantiles.
Biden también espera firmar el día de su posesión el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, del que el magnate republicano se de manera oficial el pasado noviembre, aunque la decisión había sido anunciada desde su primer año en el Ejecutivo.
Ahora Washington abriría una nueva página para unirse a los esfuerzos contra el calentamiento global que tiene esperanzados a activistas y a algunos otros gobiernos.
Se espera que Biden ordene algunas de estas medidas de manera unilateral, mediante decretos presidenciales.
