“Algo que a mí me marcó, tanto que hoy después de 12 años todavía lo recuerdo y me genera tristeza y dolor, fue escuchar de boca del presidente Uribe que él por los pobres no iba a dejar de hacer un proyecto que beneficiara a la inversión extranjera, que el proyecto iba porque iba”, dice Martha Rivera, una de las más de 400 víctimas que hoy siguen afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica de El Quimbo.
Y efectivamente, el proyecto se hizo y se sacó adelante, pero hoy, más de cuatro años después de entrado en funcionamiento, aún tiene deudas pendientes y promesas que nunca se cumplieron.
La central hidroeléctrica El Quimbo es una planta generadora de energía de propiedad de Enel-Emgesa, perteneciente al Grupo Endesa (conglomerado de España). Se encuentra ubicada al sur del departamento del Huila, incidiendo sobre los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Tesalia, Paicol y Altamira. Inunda un promedio de más de 8,000 hectáreas y hace uso de las aguas de los ríos Suaza y Magdalena. Este proyecto por sí solo, abastece el 4% de la demanda energética de Colombia.
Martha Isabel Rivera Ramírez vivía justo debajo de lo que hoy parece un pequeño mar. Su vereda, La Escalereta, era parte del municipio de El Agrado, uno de los grandes afectados. Martha administraba la finca de propiedad de su papá, lugar en el que habían vivido por más de 30 años. Contaba con 14 hectáreas de tierra y allí se cultivaba arroz, tabaco y maíz.
Nuestra cita ese viernes era sobre las nueve y treinta de la mañana en el municipio de Garzón y, como 7 días atrás habían confirmado el primer caso de COVID-19 en Colombia, Martha me recibió fuera de su casa, por miedo a que yo, proveniente de Bogotá, de pronto trajera el virus conmigo.
—¿Qué pasó en el acuerdo con Emgesa?—, le pregunté.
—El pago no fue lo que debía. No fue lo justo. Como se les dio la gana pagar, pagaron. Yo hoy no tengo dónde trabajar ni dónde vivir. Soy madre cabeza de hogar y mi hija ni siquiera ha podido estudiar, porque no hay los medios.
Cuando el proyecto se plantó en el Huila, la amenaza era clara: o venden, o se expropia. Como Martha me cuenta, el despojo de sus tierras y de su arraigo cultural les dio muy duro, especialmente a los de mayor edad, como su padre y su madre, de quienes dice que solo sentían miedo contra los tentáculos de una multinacional española muy poderosa, como si lo que llamaron algunos próceres de la patria como “el yugo español”, estuviera más vivo que nunca.
Martha representa a 427 familias que, al igual que ella, tienen la calidad de "población residente no propietaria", es decir, personas que vivían en la zona de inundación y sobrevivían con lo que de allí obtenían, pero que no eran dueños de ningún terreno. Para ellos, hoy, su futuro es incierto, pues les han hecho promesas que parecen quedar en el olvido y servir solo de contentillo.
Según Martha, desde que se hicieron las mesas de concertación (que reúnen al gobierno nacional, al departamento, los 6 municipios y los ministerios de Minas y Energía y de Medio Ambiente) se les ha dicho que tienen derecho a compensación por medio de una tierra. Tierras que, por supuesto, hasta ahora no han llegado. Me argumenta con frustración que el presidente Iván Duque, en reunión con ellos, designó un seguimiento a estos incumplimientos por parte de Emgesa y desde diciembre del año pasado ninguno de los designados responde.
El sur del Huila tiene montañas bellísimas y gente con mucho calor humano. Visitar esta región es todo un paseo audiovisual, pues cualquiera que vaya allí, se topará con miradores espectaculares, ríos poderosos y gente verraca que lucha contra las adversidades. El Quimbo llegó para cambiar sus vidas. Por eso, Jairo Fernández Calderón, representante ante la mesa de concertación nacional de seguimiento a los incumplimientos por parte de Emgesa, me recibió en su casa y me llevó a lo que fue antes del Quimbo y lo que hoy la construcción dejó para ellos. Nuestra primera parada fue uno de los reasentamientos que se hicieron como reubicación para las comunidades.
Sobre las once de la mañana de ese viernes 13 de abril, estábamos tomando camino para el corregimiento de La Jagua, conocido como el Pueblo de las Brujas. Allí, cerca de sus coloridas casas y de sus brujas colgantes, se encuentra uno de los reasentamientos que se hicieron para los afectados, que en este caso, fue para los que vivían en La Escalereta. De entrada, la primera impresión que me dan los reasentamientos es la de parecerse a un conjunto cerrado: todas las casas iguales, con colores bonitos, con una cancha de fútbol, un salón comunal y una iglesia. Pero seguido a la agradable primera impresión visual, sentí que me encontraba en un pueblo de la costa como los que describía Gabo en algunos de sus libros, porque el calor y el sol que hacía, me producían la sensación de que ese era el mismísimo infierno. Lo paradójico es que quizás sí sea un infierno para algunos de sus habitantes, a quiénes su ruptura cultural aún les pesa.
—¿Qué tan difícil es para esta comunidad hacer el traslado hasta aquí?—, le infiero a Jairo Fernández, quien alguna vez formó parte de La Escalereta pero que hoy vive en otro lugar.
—El impacto es difícil porque se llega a casa nueva, sin arborización, sin distritos de riego y, como ustedes pueden ver, la gente lleva casi cuatro años sin ningún proyecto productivo empezado.
Por el lado de la gigante empresa, Camilo Castrillón Quintero, quién fue el encargado de los reasentamientos y de restablecer las actividades económicas me explica: “Emgesa hizo un censo dividiéndolo en población residente y población no residente. Estas últimas eran personas que se encontraron en la zona y que tenían su actividad económica allí pero no vivían directamente en la zona de afectación. Con ellos fue el problema más grave por el tipo de compensación que debía dárseles. A ellos se les dio un capital semilla, según sus ingresos, para que desarrollaran una actividad económica y en eso podía ayudarles el SENA. El monitoreo para ellos se hizo hasta el 2014 o 2015 y según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) un 70-80% dijo que había sido exitoso”.
Emgesa, en su página de internet, ubica en su línea cronológica en julio de 2011 la contratación de Camilo Castrillón Quintero, en donde lo nombran como una persona con “amplio recorrido profesional y gran experiencia en el trabajo social y comunitario”. Logré comunicarme con él y por medio de una llamada telefónica respondió a mis preguntas, no sin antes advertirme que desde el 2016 ya no labora con ellos. “La empresa siempre actuó bajo los parámetros de la licencia ambiental —me cuenta Camilo de forma muy calmada—, cada reasentado le costaba más o menos 800 millones a la empresa y, contrario a lo que todo el mundo piensa, la ANLA fue exigente con nosotros”.
Sigo mi camino para hablar con otro residente del reasentamiento y que tiene su predio pasando una empolvada y desolada calle. Allí, con el río de fondo, Libardo Castillo me cuenta que la realidad económica aún no es clara y que solo el tiempo podrá aclararles su futuro. “Por estar esperando el funcionamiento del distrito de riego, que es esencial para la reubicación de esta región, la comunidad no ha querido legalizar los predios. En el mercado nos reciben como poseedores y hasta tanto no se proceda a legalizar con escritura pública, pues no somos de verdad los propietarios”. Me pasan un vaso de limonada con panela y Libardo remata: “lo que no sabemos es si logremos sostenernos. Hoy no sabemos si logremos sostenernos —repite—, porque ni siquiera sabemos qué vamos a producir y si nos va a alcanzar para cubrir nuestras obligaciones”.
Sobre las 2 pm el recorrido nos lleva al cruce que de Garzón conduce al Agrado. Apenas unos minutos después de cruzar dicha intersección, nos topamos con la estructura más grande que El Quimbo le dejó a esta región: lo que en su momento fue el puente más largo de Colombia, con 1.7 kilómetros de largo y una inversión aproximada de 73 mil millones de pesos. Decidimos detenernos justo ahí, junto a las ventas, en cambuches, de pescadores.
El turno allí fue para que Jairo Fernández me contara detalles sobre los incumplimientos de El Quimbo que siguen vigentes. Comenzamos hablando sobre el momento en que el proyecto no tenía reversa y, al igual que Martha Rivera, concuerda con que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fue, según sus palabras, “lo peor” que les pasó, porque, según él, declararon el área de su pueblo como terreno de utilidad pública sin siquiera socializarlo. “Lo que el gobierno nacional nos ofreció fueron muchos pajaritos pintados en el aire, con los que la gente se ilusionó y hoy estamos viendo los efectos de esa situación”.
Hablamos largo y tendido, pero lo que me sorprende, es que, recogiendo los puntos más importantes de su declaración, la lista de incumplimientos es larga: proyectos productivos inconclusos, distritos de riego que se quedaron en propuestas, viviendas de interés social o tierras que nunca se entregaron, pescadores afectados a los que no se les han cumplido las promesas, seis puertos que no se han construido, la inconclusión del Plan de Ordenamiento Pesquero y Apícola de la represa, un ferri prometido que nunca llegó, y según me cuenta, las problemáticas son muchas.
“En impacto ambiental, apenas después de 3 o 4 años están terminando de recoger madera (biomasa) de lugares en dónde no debían estar”. De igual forma asegura, contrario a lo que me dijo Camilo Castrillón, que muchos de los proyectos productivos a los que debía hacérseles seguimiento, en realidad nunca se hicieron, no recibieron la capacitación adecuada y hoy esas familias están sin recursos.
En conversación con Jennifer Chávarro Quino, presidenta de Asoquimbo, noté que tiene muchos puntos en común con lo que varios afectados me manifestaron. “Las familias se encuentran en una total incertidumbre y parálisis económica porque no tienen títulos de los predios a los que fueron trasladados, los proyectos productivos impuestos por la empresa han fracasado, no tienen agua en las tierras para la producción, etc. Desde Asoquimbo hemos insistido en por lo menos 3 postulados: reconocimiento de afectados a través de la construcción de un nuevo censo conforme a los postulados de la sentencia T-135/13, restitución de las 5,200 hectáreas con distrito de riego por gravedad y la recuperación del río Magdalena. A la fecha, el departamento del Huila y especialmente la zona centro vienen padeciendo los daños generados por la obra y los incumplimientos de la transnacional Enel-Emgesa sin que el Estado colombiano adopte decisiones efectivas para hacer cumplir a la empresa”.
Eran las cinco de la tarde y el sol comenzaba a esconderse. Sus rayos iban siendo, uno a uno, cada vez más débiles y agotados. Martha Rivera me partió el alma cuando me dijo que su padre falleció porque su enfermedad se aceleró a causa de todo el estrés, la ansiedad, el dolor y la tristeza que le causó la llegada de El Quimbo al Huila. Hoy, es su hija, al igual que centenares de familias, quienes esperan compensaciones y medidas urgentes que resarzan el daño causado. Ojalá no sea muy tarde cuando les solucionen (si es que algún día lo hacen). Ojalá, simplemente, no se les hayan apagado sus rayos de luz y esperanza como el sol que tímidamente despedía ese día. Sobre las 5:30 p.m. encendía el motor del vehículo y me despedía de los que sirvieron de voz para el resto de víctimas que hoy padecen los estragos de una construcción que guarda varias cuentas pendientes por pagar y cumplir.
