Nuestro alcalde se ha caracterizado por la capacidad de enfrentarse a lo que se le presenta o incluso de inventar contra qué enfrentarse. Pero según su trayectoria su enemigo preferido ha sido la Ley.
Lo fue desde que decidió iniciarse en la política y desde antes de inscribirse en la guerrilla tuvo un primer gran encuentro cuando lo sentenciaron a prisión por porte de armas durante sus primeras briegas proselitistas de izquierda.
Después en forma más comprometida como miembro del grupo insurgente M-19.
Desde su curul también ya —en forma legal— se dedicó a buscar enemigos y a atacar las leyes. No se conoce ningún proyecto que haya sido presentado por él (aunque debe haberlos), en cambio sus ataques tanto personales como los cuestionamientos a las normas con las cuales no simpatizaba sí pasarán a la historia. Y pasarán principalmente porque lo catapultaron a nivel de figura nacional, hasta el punto de que se le entregara la responsabilidad de manejar la capital, a pesar de no tener ninguna de las condiciones idóneas para ello (conocimiento de Bogotá; experiencia administrativa; equipo que lo acompañara y/o lo asesorara; ni siquiera una mínima propuesta de programa de gobierno).
Y ya desde la Alcaldía ni se diga. La definición de 'populismo autoritario' con la cual se le describe permite apenas sugerir lo que detrás de su manejo se ha presentado. Desde temas tan poco trascendentales para el común de la ciudadanía como la prohibición de las corridas de toros hasta temas tan graves como el caos de las basuras o la expedición del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) han sido evidentes ejercicios abusivos del cargo.
Pero como Jalisco, 'nunca pierde y cuando pierde arrebata': nuestro Petro no acepta ni en consecuencia corrige o muestra propósito de enmienda. Por el contrario, desde posiciones sinuosas que no permiten volver a la legalidad, mantiene la ilegalidad ya declarada. Maestro no solo en colaborar con, sino en aprovechar la desinstitucionalización del país, juega a las deficiencias del sistema para crear situaciones insolubles. Por eso estamos desde hace dos años en interinidad respecto al POT; y no hay corridas de toros a pesar de los fallos de la Corte Constitucional; y ahora nos toca gastar 42.000 millones de pesos para intentar resolver el impasse creado al haber logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantara las medidas cautelares que correspondían al proceso también suspendido y pendiente aún de fallo por las artimañas jurídicas interpuestas por él.
Ahora nos encontramos ante otra instancia de la vida de Petro: la posibilidad de la revocatoria. Y ante esto se presentan varias posiciones y varios dilemas.
El personaje mismo probablemente logrará evitar un resultado concreto, pero sin duda explotará la oportunidad para hacer una campaña presidencial adelantada. Porque en términos reales todo apunta a que lo que se va a votar —y por eso se debe participar— será el equivalente a unas primarias en lo que respecta al futuro político de Petro. Si gana se proyecta inevitablemente como el candidato favorito en la próxima contienda, y si pierde debería ser su entierro como actor político; así de sencillo y de importante es ese evento.
Quienes proponen o aspiran a que no se cumpla la votación (así como quienes piensan abstenerse de votar) no se dan cuenta de que esta es la forma más eficiente de reforzar la degradación de la pobre, pobrísima institucionalidad colombiana. La peor salida sería desaparecer la importancia de que las decisiones de la Justicia se cumplan. Más en este caso donde lo decidido es en acatamiento a los mecanismos de participación ciudadana.
Malo, malísimo es nuestro sistema judicial y no pocos de sus fallos son absolutamente injustos o indeseables. Pero peor sería desconocer su vigencia y/o al hacerlo dar carta blanca a nuestros dirigentes para gobernar como si no existieran los marcos legales. Es indispensable pronunciarse al respecto.
Ya en cuanto a cómo votar hay una tendencia a identificar a nuestro Petro con Pepe Mujica, el hoy expresidente del Uruguay.
Difícil comparación más inapropiada: ni la coincidencia de ser ambos guerrilleros, ni el contraste entre la figura discreta y modesta del mandatario uruguayo y la arrogancia del nuestro son razones para evaluar a un eventual candidato. Hasta dónde confiar en el personaje lo dice la forma en que para seguir su vocación denuncia lo que le ha servido de plataforma.
Cuando el M-19 renunció a la guerra y aceptó insertarse y trabajar desde la legalidad, Petro fue elegido parlamentario por ese movimiento. Sin embargo, según él no tuvo ninguna información ni antes ni después sobre la toma del Palacio de Justicia; nunca perteneció a la dirigencia; y no accionó las armas en combate alguno.
De ser el representante del chavismo en Colombia renegó después de haber recibido generosamente su patrocinio.
Hoy más que distancia tiene enfrentamiento con quienes generosamente lo recibieron y apoyaron en el Polo Democrático Alternativo. Y quienes lo eligieron Dios sabe qué sienten al verlo votar por el procurador Ordóñez o al verlo de aliado de y apoyado por Santos.
