“Esa tragedia tan grande de tener que pagar una fotomulta, de tener que estar en un cobro coactivo. El Estado es un Estado social de derecho, es nuestro, y se ha convertido en un negocio. Eso es un delito que han cometido las personas que trabajan en el Ministerio del Transporte, en el Tránsito de Medellín que de manera consciente o inconsciente han afectado a la comunidad. Pregunte, ¿cuántas personas se han suicidado?, ¿cuántas personas han perdido la vida?, ¿cuántos están en la cárcel? Porque algunos agentes de tránsito han hecho mal la tarea, que no saben lo que hacen, además están escondidos y agazapados robándose la plata de la comunidad”, así lo asegura Javier Navarro, presidente de la Asociación de Instructores de Tránsito de Colombia.
Desde esta organización advierten que no hay competencia para que los funcionarios que trabajan en pro de la movilidad lo puedan hacer, porque es muy precaria la capacitación y han evidenciado unas arbitrariedades de agentes de tránsito por el desconocimiento de la ley.
“Los fotorrobos, como los llamo yo, desde el mismo momento que fue creado ese negocio tan leonino en Colombia para que se enriquecieran unos particulares, dentro de la misma ley, ellos no conocen en la ley 169 de 2002, en la que está el artículo 135 y 129 que dice que para poder ejercer esa actividad deben empezar porque una persona debe estar plenamente identificada como lo reza la ley 1843 de 2017; y la corte con la sentencia C 380 de 2020 rectificó que las fotomultas son ilegales mientras la persona no sea plenamente identificada. Por ende, al mismo tiempo a la persona que le generan la fotomulta le están violando cinco artículos de la constitución nacional, empezando por el artículo 29 que es el derecho al debido proceso. Pero en Colombia, tanto el que paga como él que lo hace, no conoce la ley ni la constitución, porque como le digo son politiqueros de turno que no van sino a engordar sus bolsillos”, argumenta el instructor de tránsito Gerver Jaramillo.
De las 467 cámaras que hay en Colombia, solamente 3 son legales, y a la Agencia de Metrología le aseguraron que en Medellín nunca han tenido una cámara legalizada.
Por eso dentro de las irregularidades que han encontrado en su trabajo desde esta asociación están las siguientes: las fotomultas, restringir el parrillero en las motocicletas (eso es ilegal), un montón de bolardos ocasionando siniestros viales, que los maestros viales no puedan andar por toda la ciudad como lo dice la ley, operativos urbanos con la policía y el tránsito (eso es una competencia exclusiva de agentes de tránsito), el tema de las pruebas de gases para todos los carros que sale negativa porque la gasolina de Colombia es la más mala del mundo (como lo aseguran ellos, porque Ecopetrol nos vende una basura de gasolina), y ellos le cobran esto a los ciudadanos, pero para ellos, lo peor es la respuesta que les dan cuando los agentes de tránsito les dicen que ellos son simplemente mandados.
A esto se suma la principal y más acuciante queja de la ciudadanía, como son los más de 100.000 cobros coactivos que angustian a los conductores y que ponen en jaque el patrimonio de la gente.
“El cobro coactivo que hace el tránsito de Medellín es un problema psicológico gravísimo. 100 mil cobros, entonces usted se puede imaginar que esté en su casa sin mercado hoy, sin poder pagar los servicios y que le llegue un cobro coactivo diciéndole que le van a quitar la moto, que le van a embargar su casa o el sueldo. ¡Eso es una canallada! Señor secretario de tránsito y alcalde de Medellín. Eso genera una angustia y conozco personas que le han quitado sus enseres”, manifiesta el presidente de la Asociación de Instructores de Tránsito de Colombia.
Por eso, aseveran que la Secretaría de Tránsito le tiene que devolver a la gente la plata, porque su función no es de prevención de accidentalidad, sino que están persiguiendo y solo produciendo dinero para quienes las están operando.
“La única solución es que verdaderamente haya una voluntad política y la persona que se encuentre en cualquier mesa de movilidad, sea técnico, no que llegue con su padrino político. En la Agencia de Seguridad Vial, la persona encargada de la agencia salió a viajar el mundo de cuenta de nosotros y lo sacaron por corrupto. Hoy en día hacen campañas de movilidad pagándoles a actores y artistas, eso no es, la verdadera campaña viene a través de la ley con los institutos descentralizados y las academias educativas. A ellos no les interesa que Colombia sea una panacea en seguridad vial, a ellos les interesa únicamente la plata del ciudadano de a pie”, concluyó el instructor Gerver Jaramillo.
