Hace 39 años el sonido de los tanques entrando al máximo recinto de justicia del país aturdían a cientos de civiles, hace 39 años la vida de once magistrados fue sacrificada en un rápido afán de venganza contra el “enemigo”, hace 39 años alrededor de un centenar de civiles murieron en la toma al Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma a sangre y fuego realizada por las fuerzas militares.
Más de tres décadas han transcurrido desde el hecho que marcó un precedente en la historia reciente del país, una acción armada que planeada y ejecutada por el M-19 tomó rumbos que nadie esperaba.
La imagen del máximo recinto de justicia de Colombia en llamas inundó el canal de televisión de quienes atónitos miraban las escenas sin poder creerlo, con un tanque de guerra, helicópteros, bombas molotov las fuerzas militares desplegaron un operativo de retoma donde se hizo de todo, absolutamente todo, menos respetar la vida de quienes estaban en medio del enfrentamiento.
En el imaginario colectivo quedó grabado ese partido de fútbol con el que se ordenó censurar los delicados hechos que se desarrollaron al interior del Palacio, cumpliendo al pie de la letra la famosa frase aquella que profesa que “el fútbol es el opio del pueblo”.
Después del paso de los años se puede afirmar, a modo de reflexión, que uno de los errores más grandes que tuvo el Movimiento Diecinueve de abril fue el haber pensado que por tener como rehenes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia iban a lograr hacer el juicio político al presidente Belisario Betancur, acusado de incumplir lo pactado en acercamientos previos con el grupo al margen de la ley.
A diferencia de lo pensado, y de la gran hazaña que había sido imaginada por los integrantes del M-19, tras más de 26 horas de combate al interior de este inmenso edificio los miembros de la guerrilla fueron asesinados, torturados, y desaparecidos, sólo una persona integrante del grupo armado sobrevivió.
Pero, no sólo ellos fueron víctimas pues las paredes del viejo edificio testificaron como los magistrados sufrieron tortura mientras clamaban a la fuerza pública y al máximo mandatario del país una y otra vez el respeto por sus vidas, al tiempo que escuchaban sobre sus cabezas los disparos, sentían el aire pesado, y pensaban en sus seres amados para tener viva la esperanza de salir de allí. Once magistrados perdieron la vida en lo que hoy después de tanto sigue siendo un episodio oscuro, un hecho inexplicable en el que todavía no se entiende porqué el presidente no agotó las vías del diálogo antes de que los militares procedieran a hacer la retoma a sangre y fuego a como diera lugar empleando una fuerza desmedida.
Aunque se han realizado trabajos de memoria importantes en los años que han pasado desde, todavía la responsabilidad del Estado en dichos hechos no se ha aceptado completamente, muchas víctimas no han accedido a la verdad sobre lo que realmente pasó con sus seres queridos, incluso persisten algunas personas desaparecidas de forma forzada, al parecer, por parte de las fuerzas militares.
Ante la imposición de narrativas que pretenden ligeramente ocultar debajo del tapete la inmensa responsabilidad que tuvo el Estado colombiano y el ejército en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia hay mucho por recordar, mucho por narrar de nuevo, y demasiado por reconstruir sobre las fatídicas horas que vivieron los hombres y mujeres que entraron al recinto y nunca volvieron a salir con vida de él.
Las víctimas de la toma y la retoma merecen que se cumpla su derecho a conocer la verdad, un derecho que debe ser garantizado a cualquier víctima en este país que se ha desangrado durante años y donde aún falta mucho para aceptar en materia de memoria histórica.
Foto: Consejo de Estado.
