El pasado jueves 6 de julio, la Junta General de Accionistas del Canal de Isabel II de España, reunida en Madrid, aprobó las cuentas individuales y consolidadas a 31 de diciembre de 2016 de este conglomerado, que atiende todo el ciclo integral del agua en la comunidad madrileña. Allí se revisó la participación de la Triple A de Barranquilla en las utilidades.
Como se sabe, el consorcio español constituyó en 2001 su filial Canal Extensia para llevar sus negocios a América y con ella adquirió la mayoría accionaria de Inassa S.A. (Interamericana de Aguas y Servicios S. A.), propietaria mayoritaria de la Triple A de Barranquilla. Lo hizo a través de una empresa de papel en Panamá para no pagarle un peso al fisco colombiano, como lo vino a descubrir hace poco la justicia española con la Operación Lezo, que tiene presos en España a más de diez altos empleados de estas compañías por numerosos cargos penales.
En Colombia, entidades como el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla y el Sindicato de Trabajadores de la Triple A, asesorados por el analista económico Aurelio Suárez Montoya y el abogado Antonio Bohórquez, han denunciado una serie de despojos en la Triple A, la empresa que presta el servicio de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 14 municipios más del Atlántico. El ente distrital pasó de tener el 89% de las acciones en 1992 al 14% en la actualidad, tras una serie de maniobras torticeras entre las empresas ibéricas Aguas de Barcelona y Canal de Isabel II e inversionistas criollos. Los otros zarpazos están relacionados con la concesión del Aseo Técnico, que debe restituirse al Distrito en noviembre de 2018, y los mal llamados activos intangibles, que no son tales, sino las muy tangibles mejoras de infraestructuras pagadas con recursos de la empresa pero que serán cobradas de nuevo al Distrito, “concluida la concesión por cualquier causa”, y que suman en la actualidad el 55% de los activos totales.
Triple A llena las alforjas de Inassa-Canal Isabel II
Según “las cuentas individuales y consolidadas” publicadas el pasado jueves 6 de julio en su página de internet, el Canal de Isabel II cierra el ejercicio de 2016 con un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 376 millones de euros, de los cuales Triple A coadyuvó con 34 millones de euros (119.000 millones de pesos) provenientes del pago de las altas tarifas por parte de barranquilleros y atlanticenses. El resultado, después de impuestos del Grupo Canal, llegó a los 246 millones de euros (861.000 millones de pesos) en 2016, suma que representa un incremento del 8,9% respecto al año anterior.
Llama la atención el nuevo Plan Estratégico de la trasnacional española de reforzar el carácter ciento por ciento público de la empresa, que volverá a llamarse Canal de Isabel II S. A. Causa también asombro la desinversión (venta) de todas las filiales en Latinoamérica, entre ellas Inassa-TripleA, proceso que durará un año. El gobierno de la Comunidad de Madrid, propietario del Canal de Isabel II, se ha comprometido a mantener congeladas las tarifas del agua durante toda la legislatura y ofrece asimismo una bonificación social a aquellas familias con dificultades económicas, lo que supone la gratuidad de un consumo de 25 metros cúbicos de agua cada dos meses y la reducción de la cuota fija (cargo fijo) de servicio en un 50%. La puntada final no es menos sorprendente, pues la Comunidad prohíbe expresamente el corte de suministros a aquellos usuarios que atraviesen dificultades económicas.
¡El mundo al revés! Todo lo contrario de las políticas que aplica en Colombia el Canal de Isabel II a través de Inassa-TripleA, particularmente en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico: aquí tenemos una empresa privatizada, una de las tasas más altas del país llamadas tarifas regionales, sin un solo metro cúbico de agua gratuito, con un cargo fijo muy alto y cortes inexorables del servicio cuando la gente no tiene forma de pagar.
El misterio reside en que aprietan aquí para poder aflojar allá. Con la complicidad de los gobiernos de turno, imponen tarifas elevadas para que trasnacionales como el Canal de Isabel II puedan tener altas utilidades que les permitan un tratamiento humano a los usuarios madrileños.
Este evidente destape de las injusticias cometidas en Colombia, sumadas a los despojos de los que ha sido víctima la población de la Costa en los servicios públicos domiciliarios, hace necesario aprobar de inmediato correctivos de fondo, entre ellos, la devolución de las acciones y activos birlados al distrito y la reversión de la concesión del aseo para que los beneficios sean reinvertidos a favor de la ciudadanía.
