No cesan los problemas y dificultades para la Universidad de Pamplona, entidad que se ha visto envuelta en diferentes escándalos en el presente año, que van desde las denuncias por fraude en concursos de méritos de la Rama Judicial -- en los procesos internos de la misma universidad para la elección de los representantes ante el Consejo Directivo-- y las múltiples denuncias conocidas hasta la fecha por falta de transparencia y favorecimientos en los cerca de 140 concursos de méritos para la elección de gerentes de las ESE, en diferentes municipios del país y otros concursos.
LOS ANTECEDENTES
Diferentes medios de comunicación han informado las frecuentes denuncias y presuntas irregularidades que se presentan cada vez que la Universidad de Pamplona adelanta concursos de méritos para cualquier entidad del estado. En este año, el centro educativo tiene la gran responsabilidad de elegir los mejores perfiles que deben administrar los hospitales públicos del país durante los próximos cuatro años.
Y es que ninguno de los procesos adelantados por la Unipamplona se salva. En abril de este año se conocieron las denuncias del Juez Séptimo Penal Municipal de Cartagena, quien denunció, que en el concurso adelantado por este universidad para la Elección de Jueces y Magistrados de la Rama Judicial en diciembre de 2014, se eliminaron sin previo aviso y después de haber presentado las pruebas, 10 preguntas del cuestionario, las cuales no fueron tenidas en cuenta para la calificación y afectaron a algunos de los participantes. Sobre estos hechos, el tribunal superior de Medellín también tuvo conocimiento a través de una acción de tutela, y fallo a favor de los accionantes y demás participantes de este concurso por la violación de sus derechos. Este concurso también estuvo empañado por la aparición previa del cuestionario de preguntas en Nariño, y la circulación del mismo a través de redes sociales antes de realizarse la prueba.
Los procesos internos en esta institución también son muy polémicos, ya que en el presente año se conocieron denuncias de presunta corrupción en las elecciones de los representantes ante el consejo directivo de esta alma mater, denuncias formuladas y ventiladas en diferentes medios de comunicación regionales de Norte de Santander y que se encuentran en las respectivas etapas de investigación de los entes de control respectivos.
Pero el gran enredo de este centro educativo este año ha sido el concurso de méritos para la selección de gerentes de los hospitales públicos del país, proceso en el cual la universidad adelanta cerca de 140 concursos al mismo tiempo y sobre los cuales son innumerables las denuncias por favoritismos e irregularidades que se han presentado.
El caso más evidente ha sido el de la designación del gerente del Hospital Universitario de Santander, sobre el cual existieron diferentes denuncias en los medios de comunicación en las cuales se anticipaba el nombre de quien iba a resultar favorecido en el concurso de méritos. Las denuncias dieron la razón a quienes las divulgaron, entre ellos el medio informativo La Silla Vacía, pues el ganador del concurso de méritos fue quien desde tiempo antes se venía diciendo que iba a ser, el médico Julian Niño Carrillo, hombre afín al gobernador Didier Tavera, y familiar de quienes controlan la industria de licores de Santander.
Es que, en Santander, este proceso fue evidentemente irregular, muchos de los nuevos designados gerentes ya se conocían con meses de antelación, basta con echar un vistazo a la denuncia anónima de un comentarista que en el medio regional “La Parrilla” de nuestro colega Alfonso Pineda Chaparro, quien en el mes de mayo, antes de celebrarse las pruebas del concurso, anunció y dejo evidencia de quienes iban a ser los favorecidos para siete de los hospitales del departamento. La predicción del comentarista anónimo se cumplió a cabalidad.
En el artículo Cuatro universidades sin mayor trayectoria académica escogen los gerentes de los hospitales del país se relata la forma en que los hospitales son “vendidos” por las universidades que adelantan estos concursos. Si bien la denuncia no involucra directamente a la universidad de Pamplona, sí deja entrever cuál es el “negocio” y cómo se fijan las tarifas a cobrar a quienes quieren o pretender gerenciar estas entidades, tarifas que van desde los 70 hasta los 200 millones de pesos por hospital, dependiendo de su nivel de complejidad. Las denuncias son extraídas de investigaciones que actualmente adelanta la Procuraduría General en este particular. Si hacemos un cálculo, según las cifras que han sido denunciadas a la Procuraduría, se puede dimensionar la magnitud del “negocio”, pues en el caso de la Universidad de Pamplona, que tiene a cargo cerca de 140 concursos, la cifra que se estarían moviendo por presunta corrupción sería astronómica.
Otra polémica surgió en el proceso del hospital mental de Risaralda, desde mucho antes de realizarse el concurso, se rumoraba que en efecto el favorecido en el concurso adelantado por la universidad de Pamplona sería el médico y político Zacarias Mosquera Lara. Estas denuncias fueron presentadas por Edison Noreña, reconocido líder de Risaralda, quien a través de una acción de tutela pretendió sin éxito frenar la designación y nombramiento de Mosquera, tutela en la cual cuestiono el favorecimiento del Universidad en la realización de las pruebas de conocimiento a Mosquera.
Un aire de tranquilidad se ve venir en el tema de los concursos de las ESE, pues al parecer esta será la última oportunidad en que las universidades tendrán este “negocio”, pues avanza en su etapa final un proyecto de Ley que permitiría el nombramiento de los gerentes de las ESE por denominación directa de alcaldes y gobernadores, la misma ley advierte que las convocatorias iniciadas y en curso se deben adelantar hasta culminación. Es por esto que algunos alcaldes y gobernadores, han frenado los procesos que no se iniciaron, esperando la sanción presidencial de la ley que permitiría dejar de lado los altos costos que conlleva la intervención de las universidades y poder designar de manera directa estos cargos.
EL CASO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
En el departamento del Huila se presenta actualmente una polémica en un proceso adelantado por la misma universidad, se trata del Hospital Municipal San Francisco de Asís del municipio de Palermo, en este caso la universidad permito la participación en el concurso de una ciudadana que aparentemente no cumplió con los requisitos establecidos en el concurso. Esta persona -favorecida por la omisión de la universidad- omitió al momento de la inscripción al concurso presentar el documento de convalidación del título otorgado por una universidad extranjera y finalmente ocupó el primer lugar en el mencionado concurso. Al incumplir este requerimiento, el cual estaba explícitamente indicado en el acuerdo de la convocatoria, se vino lo que se esperaba, una serie de acciones jurídicas que pretenden corregir los errores de la universidad y otorgar los derechos a los demás participantes que si cumplieron los requisitos.
Lo que genera más sospechas del accionar imparcial de la universidad en este caso, es que la misma pretende respaldar la elección del participante ganador, quien a pesar de no haber cumplido con las condiciones de la convocatoria, y aun la universidad habiendo reconocido su error en respuesta escrita a una de las acciones legales instauradas, la misma, posteriormente se empeña en manifestar, que la falta de presentación de un documento – que era requisito indispensable- no era un requisito obligatorio para participar y que la persona en cuestión, podía presentar el documento faltante al momento de su posesión.
Esta afirmación de quien debe ser garante de imparcialidad y generador de confianza en este proceso deja clara la posición de favorecimiento hacia el candidato ganador, y podría convertirse en una bola de nieve para la universidad, pues es de público conocimiento que durante el presente año, en los diferentes concursos de méritos adelantados por esta entidad, la misma ha anulado o invalidado la inscripción de participantes por los mismos motivos, es decir, la no presentación de requisitos de obligatorio cumplimiento en la inscripción.
Al reconocer la Universidad de Pamplona, que la no presentación de un documento exigido en la convocatoria es una situación que puede ser subsanable, abre la puerta para que todos aquellos que no fueron admitidos y excluidos de los diferentes concursos, exijan los mismos derechos que la universidad defiende del participante ganador en este caso, pues es evidente y clara la preferencia de la entidad por un participante que no cumplió o no se ajustó a los requisitos de la convocatoria, es decir, aquellos participantes que fueron excluidos y no admitidos en los diferentes concursos que adelanta esta entidad; pueden reclamar la vulneración de su derecho a la igualdad, al ser tratados de manera diferente por parte de quien adelantó el concurso.
Pese a que ya existe un fallo de tutela favorable a la participante que ocupó el segundo lugar, y las autoridades del municipio han solicitado a la Universidad de Pamplona que corrija su error y que proceda a la exclusión del participante que no cumplió con los requisitos, hasta el momento, según fuentes de la administración municipal, la Universidad se ha negado a corregir, argumentando causales de Ley que nada tienen que ver con las exigencias de la convocatoria y mantiene su posición de favorecer a quien ocupó el primer lugar, posición que de mantener, configuraría un claro desacato a lo fallado por el Juez de Tutela, lo cual repercutiría sobre acciones legales de mayor dimensión sobre la Universidad, sus directivas y las autoridades municipales.
LA UNIVERSIDAD
María Victoria Bautista Bochagá, gerente del proceso de concursos de méritos de las ESE por parte de la Universidad de Pamplona, manifestó que todas las acusaciones son infundadas y carecen de veracidad ya que la Universidad de Pamplona en ningún momento ha sido sancionada por ninguno de los cuestionamientos de presuntas irregularidades que rodean muchos de sus procesos y en ninguna de las investigaciones adelantadas por los entes de control se han determinado tales conductas. Recalca que el procedimiento que actualmente adelanta la universidad para la designación de gerentes de las ESE tiene todas las garantías y nunca se actúa en detrimento del mérito de quienes participan en estos concursos. Sin embargo sobre el hecho de que muchos de los nombres de los nuevos gerentes se conocieran con anticipación, antes de la realización de los concursos, no se pronunció ni expreso comentario alguno.
Sobre el caso específico del Huila, manifestó que el documento omitido por una participante, podía ser presentado posteriormente, a pesar de ser exigido como requisito para la inscripción en el acuerdo de la convocatoria. Este argumento de Bautista Bochagá, deja claramente en evidencia el favoritismo y la falta de igualdad de la universidad para con algunos de los participantes en este concurso, pues por el mismo motivo, es decir, la no presentación del documento de convalidación del título universitario. La universidad excluyó del concurso al ciudadano identificado con el documento de identificación No. 582989 y que había presentado su inscripción para la ESE Salud Pereira Risaralda. De la exclusión de este participante por parte de la universidad, existe evidencia en la página web del concurso en el documento publicado con el nombre “exclusiones”, en donde, como causal de exclusión, la universidad argumenta “El aspirante no aportó la convalidación del título DE PREGRADO y no adjunto título de POSGRADO, requisitos mínimos exigidos por el decreto 785 de 2005 numeral 22.3.1”.
La entereza e hidalguía que argumenta la encargada de la universidad queda en serias dudas, al corroborar la preferencia y parcialidad de la misma en el caso presentado en el Huila, y a pesar del orgullo que presumen sus directivos de no tener sanciones derivadas de investigaciones de ningún ente de control, los ciudadanos, quienes seguimos de cerca estos procesos y aquellos quienes participaron en el mismo con el sueño de encontrar procesos de meritocracia transparentes y justos, sabemos que no es así. Por lo menos la sanción social y el dedo señalador de quienes conocen las irregularidades y advierten las mismas, seguirá recayendo sobre los funcionarios públicos que, como en este caso, dejan en evidencia sus dudosos actos de los cuales presumen como justos, hidalgos y honestos.
