Medellín es un claro ejemplo de la contradicción entre la supuesta lucha del Estado colombiano por derrotar a los carteles de la droga y las diversas estructuras criminales en las cuales se apoyan, con la impactante realidad que cualquier medellinense puede presenciar en su cotidianidad.
Como bien sabemos, tras los esfuerzos de César Gaviria, la DEA y los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), patrocinados por el Clan Orejuela en Cali, se logró dar de baja en 1993 a un enemigo común: Pablo Escobar Gaviria. Con ello, el control del cultivo, procesamiento, tráfico y exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos dejaría de estar, en el caso de nuestra ciudad, bajo el control de organismo central como lo era el Cartel de Medellín, para configurar un puzzle de combos (500 actualmente, según Corpades) que poseen control territorial y alianzas con algunos sectores del gobierno local, que sumado al pago de nóminas paralelas a la policía, permite asegurar el relativo desarrollo de sus actividades.
El avance de estas estructuras llegó a tal punto que en la mayoría de barrios son estas quienes cumplen el rol de regulación social y brindan la seguridad que se supone debe garantizar el gobierno. De allí que no resulta extraño que hayamos naturalizado su presencia y que se hayan convertido en un poder paralelo de arraigada presencia en la cotidianidad de Medellín y por supuesto del resto del país.
Por esto resulta complejo pretender que con capturas constantes o un notorio aparato de propaganda, como el que utiliza Fico Gutiérrez con nuestros impuestos, llegue a reducirse notoriamente el consumo o distribución de todo tipo de droga. Mientras en el discurso político, el alcalde alardea de la persecución y captura de los líderes de las bandas, ¿cómo se explica que cuando ocurren oleadas de violencia estas se resuelven no por la acción de las autoridades, sino por el pacto y/o resolución del conflicto entre los mismos combos? Narcodiplomacia, podría llamársele.
La otra cuestión atañe a las mentalidades. La profunda narcocultura ha calado hondamente durante décadas: está presente en reuniones sociales, en espacios de ocio nocturno, en el trabajo, en los colegios y universidades, por no mencionar otros espacios, además de ser una asunto que no categoriza estratos ni edades. No se trata aquí de una sanción moral contra la droga ni su criminalización, sino de dar a entender que la ciudad opera bajo un conjunto de "esquemas mentales" que es difícil contrarrestar con persecución policíaca.
