En un país acostumbrado a condenar a la ligera, el solo juicio de los medios de comunicación y las redes sociales basta para graduar a cualquiera de héroe o villano, según convenga. Es el caso de los empleados del Fondo Premium, Ricardo Emilio Martínez, Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal, quienes por cuenta de su trabajo terminaron en la cárcel y respondiendo por las maniobras ilícitas cometidas por los directivos del Fondo.
Cuando toda la historia de la quiebra del Fondo Premium empezó, la opinión pública poco o nada entendía del asunto. Para el ciudadano de a pie no era más que una plata que le habían embolatado a unos ahorradores y ya. Pero cuando, a comienzos de este año, los medios le dieron rostro al escándalo, el fantasma de casos anteriores como el del exalcalde Samuel Moreno o el de los primos Nule volvió a aparecer y, entonces, la vieja polarización de pobres y ricos, así como la impunidad alrededor de estos últimos, cobró vigencia y comenzó la cacería de brujas.
Como parte de ello no solo los grandes protagonistas, sino cualquiera otro que pudiera estar de algún modo vinculado, fue puesto en La Picota pública. No obstante, con ello la Fiscalía General de la Nación comete la gran injusticia de no hacer ninguna diferenciación entre las líneas de mando –dueños, directivos y empleados– quienes fueron nombrados en altos cargos, pero aún así trabajaban por un salario. En ese sentido, no se lucraban de las ganancias del Fondo pero ahora sí están privados de su libertad y obligados a responder con su propio patrimonio por las pérdidas que la quiebra arrojó. Es como si usted perdiera su empleo porque la empresa para la que trabaja cerró pero, además, saliera debiéndole a los clientes de la misma.
Respecto a esto último, la Fiscalía amenaza con condenas de hasta veinticinco años de prisión, fruto de la imputación de cargos tales como Captación Masiva y No Reintegro, cuando los empleados no obtenían ningún beneficio económico como resultado de las operaciones del Fondo. Cabe preguntarse, entonces, por la verdadera importancia de la línea de mando en estas organizaciones y la responsabilidad real que le corresponde a cada una de ellas.
Es el caso particular de Martínez, Zúñiga y Aristizábal quienes, al estallar el escándalo, fueron abandonados por los directivos para que se defendieran “como pudieran”, sin nada del respaldo que naturalmente los cobijaba cuando trabajaban para el Fondo. A algunos de ellos los directivos apenas si les conocían la cara o el nombre, como es el caso de Ricardo Martínez, quien se cruzaba con ellos en oficinas, pasillos y ascensores del edificio de Interbolsa, pero jamás fue parte de sus reuniones. Irónicamente, hoy todos comparten el mismo lugar de reclusión.
Cuando aún estaba en libertad, Martínez –incluso a diferencia de sus dos compañeras implicadas– se acercó voluntariamente a la Fiscalía para ofrecer su colaboración gracias al conocimiento que tenía del manejo del Fondo, de modo que se pudieran esclarecer las operaciones y agilizar el proceso. Prestó su colaboración con ese ente judicial, así como ya lo había hecho con el abogado Jaime Granados, contratado por los directivos cuando se hizo efectiva la intervención de Interbolsa.
Las únicas víctimas de la quiebra del Fondo Premium no son, pues, sus miles de inversionistas. También lo son algunos de sus empleados injustamente confinados en las penitenciarías de La Picota y El Buen Pastor, cuando estos simplemente obedecían las órdenes derivadas de la cadena de mando y no tenían ninguna participación en las decisiones del Fondo. Flaco favor se le hace a los inversionistas manteniendo en la cárcel a los empleados, que bien podrían estar colaborando con la Fiscalía para que se conozca la verdad y se repare con prontitud a las víctimas.
