El gobierno y la institucionalidad no generan confianza en los ciudadanos porque los funcionarios y el aparato estatal faltan sistemáticamente a su palabra e incumplen por costumbre sus compromisos.
Y esta especie de cinismo institucional ha hecho carrera. Las promesas son para incumplirlas y nadie se pone colorado. Hay miles de respuestas apropiadas para dar largas, para dilatar los términos, para decir que se está trabajando en ello cuando en realidad ni siquiera se ha considerado hacer algo.
Y esta desvergüenza tan evidente en muchas áreas de gestión oficial, especialmente en lo relacionado con la inversión pública y social, adquiere un tinte casi despreciable cuando se trata de personas que han sufrido una calamidad o están en una situación de vulnerabilidad evidente.
Este es el caso de los damnificados del desastre natural de Portachuelo en el municipio de Rosas, que dejó una estela de tierra, lodo, dolor y muerte hace algunos meses. Después de la catástrofe vinieron las declaraciones solidarias, el acompañamiento, la ayuda inmediata a los sobrevivientes que de un momento a otro vieron como el cerro el Broncazo arrastraba a sus seres queridos y sepultaba todo lo que tenían en esta vida bajo toneladas de barro.
Y claro, vinieron las promesas de ayuda por parte de los gobiernos municipal, departamental y nacional. Las ayudas básicas eran dotar a los damnificados de un lugar donde vivir alejado de la zona del desastre y el pago de un subsidio.
Pues hoy, más de dos meses después de la tragedia que cobró la vida de 33 personas y dejó más de 100 familias damnificadas, los sobrevivientes aseguran que la administración no les ha cumplido con el pago oportuno de los arriendos. Las 33 familias que fueron beneficiadas con un subsidio mensual por la extrema condición de vulnerabilidad, no han recibido ni un peso. Los dueños de las viviendas arrendadas también están siendo afectados por estos impagos y tarde o temprano terminarán reclamando sus propiedades.
De la ayuda psicológica tampoco se volvió a saber nada. Durante los días siguientes a la avalancha hubo un equipo de 6 psicólogos. Les aseguraron que realizarían controles continuos, pero no se volvió a saber de ellos.
Estas mentiras y falta de compromiso se vuelven casi obscenos y perversos, llegando hasta el punto que los damnificados afirman que tendrán que volver al sitio de la catástrofe porque el gobierno los dejó literalmente tirados. Una vergüenza del tamaño de la montaña.
