En estos días, previos a la inscripción oficial de los candidatos a la Gobernación y a las 42 alcaldías del Valle del Cauca, los diferentes aspirantes están trabajando en el diseño del perfil de sus programas de gobierno, con el que se inscribirán ante la Registraduría, e iniciar la ardua campaña de presentar sus propuesta para obtener la mayoría de votos requeridos y levantarse con el cargo al que aspiran.
Venimos de una cultura clientelar del cemento y el asfalto como prioridad en materia de inversión del gobernante de turno, en la que privilegian este tipo de obras, las consideran que aportan al desarrollo de una ciudad o región, relegando a un segundo plano la inversión social, motor para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población más vulnerable. Las obras de infraestructura se convierten en el mejor aliado del gobernante, al ser la mejor manera de dejar en la memoria del ciudadano la impronta con la que recordaran su gestión de gobierno, y en sus cálculos políticos la mejor estrategia para garantizar la continuidad de su proyecto político y de gobernabilidad, en cuerpo del candidato que cuente con su aprobación y respaldo.
Se han conocido los resultados de los talleres realizados por la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la que hacen parte el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana, la Unidad de Acción Vallecaucana, Cali como Vamos, la Fundación Alvaralice y Foro Nacional por Colombia; con líderes de diferentes barrios de la ciudad y representantes de agremiaciones empresariales, para identificar los problemas más sensibles de Cali y de esa manera incidir en los programas de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Cali.
En las conclusiones de los talleres se puede observar que temas como la corrupción y los derechos ciudadanos, son transversales a las políticas de inversión social que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, garantizando la transparencia en la contratación y en el manejo de los dineros públicos; priorizando la política social frente a las inversiones de cemento y ladrillo; abogando por una educación de calidad, en condiciones dignas; una política de salud en la que se mejore la calidad en la prestación del servicio; soluciones en materia de tratamiento y recolección de basuras, para que esta sea una ciudad ambientalmente sostenible; alternativas laborales que alejen de la delincuencia y la criminalidad a los jóvenes; medidas que permitan superar la crisis y el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, especialmente de empresas como EMCALI y el MIO; políticas en materia de competitividad y desarrollo económico y de una cultura de convivencia ciudadana, que hagan de Cali una ciudad más sensible, humana, tolerante, con un desarrollo económico y social; en el marco de la promoción y respeto a los derechos humanos.
El propósito de estos encuentros, es que los candidatos valoren y tengan en cuenta estas propuestas para ser incluidas en sus programas de gobierno. El objetivo es incuestionable, pero las políticas sociales deben ser políticas de estado y no coyunturales o de intencionalidad del gobernante de turno; de ahí la importancia de evaluar sobre los avances y desarrollos de estos temas en materia social de la actual administración municipal, medir su impacto en el mejoramiento en la calidad de vida de la población caleña y al desarrollo económico y social de la ciudad, como insumo que permita establecer que proyectos y programas, por su importancia e impacto social, ameritan darle continuidad.
En la formulación de una política incluyente y de beneficio social, se debe buscar el equilibrio entre lo que se puede considerar como prioridades de inversión en materia de infraestructura y desarrollo urbanístico al servicio de la gente, y en la atención al bienestar social de la población más vulnerable, rompiendo con esa cultura en la que consideran que el cemento y el asfalto es el mejor amigo de la vida, cuando es, realmente, el bienestar social de los seres humanos.
