Es bueno recordarle al país que las mayorías nacionales se han expresado en dos oportunidades: primera, en los resultados del plebiscito; segunda, en las elecciones presidenciales. En ambas ocasiones se respaldaron políticas que reclamaban algunos ajustes al acuerdo con las Farc.
Las objeciones del presidente a algunos apartes de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) no pretenden ponerle trabas al acuerdo de paz con las Farc. Así lo dijo con entera claridad el señor presidente. Simplemente se pretende "realizar objeciones a 6 de los 159 artículos de la Ley por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente".
Buscar definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, aclarar las competencias de la justicia ordinaria inclusive en los casos de extradición, definir atribuciones del Alto Comisionado para la Paz, garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, excluir los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional, y la pérdida de beneficios de quienes reincidan en las actividades criminales, no puede considerarse como "una puñalada al proceso" como lo afirman los exlíderes guerrilleros, ni choque alguno con la Corte Constitucional por ejercer una función atribuida por la carta como es la de poder objetar total o parcialmente normas expedidas por el legislativo. ¿Dónde queda entonces la socorrida "separación de poderes"?
La carga contra la decisión presidencial ha sido excesiva por parte de sus críticos habituales. El tiempo ha llegado para que los partidos que respaldan al gobierno actúen con claridad, decisión y fortaleza. Las minorías pretenden acorralar al país y ello no se debe permitir. Están en su derecho de actuar, pero las mayorías deben pronunciarse y asumir su responsabilidad. No es momento de vacilaciones.
