Es común que en todos patios vehiculares de las capitales, existan miles de vehículos en abandono. Sin embargo, en la actualidad, ha tomado fuerza el acto de preferir destruir o incinerar el vehículo a que este sea inmovilizado. Como motociclista siempre pensé que esta era una salida extrema y sin sentido. Sin embargo, después de pasar dos días lidiando con la secretaria de movilidad de Bogotá, ahora lo considero una opción bastante viable.
El día 13 de enero de 2017, cerca de las 11:00 AM me encontraba en Álamos Norte. Parqueé frente a mi casa, ubicada en la periferia de un parque residencial, de bajo flujo vehicular y sin avisos de prohibido parquear. Al cabo de 10 minutos, la moto había desaparecido. La primera impresión en ese momento es que se robaron la motocicleta. Sin embargo, un vecino fue testigo de la operación de la grúa, que, sin estar presente alguna autoridad de transito se llevó la moto en cuestión de 3 minutos. Pese a que sentí alivio al saber que no había sido hurtada, sabía que sería difícil pelear contra el distrito por una infracción que a mi criterio no cometí. A las 12:00 estuve en los patios de álamos, dispuesto a pagar el valor de la grúa y el día correspondiente a patios, retirar mi moto y así, poder impugnar el comparendo. Sin embargo, la asombrosa logística de movilidad distrital dicta que primero es necesario irse hasta el Supercade de movilidad (en la Cll 13 con Cra 37), pedir el recibo allí, cancelar, devolverme hasta los patios para poder retirarla, y devolverme nuevamente al Supercade para poder pagar el comparendo. Allí, donde las grúas hacen largas filas para ingresar, paralizando el tráfico, es común observar las recurrentes infracciones de éstas, quienes cargan más de una moto (en algunos casos hasta 5), sabiendo de antemano que el artículo 72 del código de policía prohíbe remolcar más de un vehículo a la vez. Es más frustrante, cuando el valor de la grúa es casi el mismo para una moto y para un vehículo, multiplicando así las ganancias del distrito y de los dueños de las grúas. Pero allí, uno nunca observa que remolquen una grúa por dicha infracción, puesto que como lo denuncian los mismos operarios, los policías son los dueños de las grúas que operan en Bogotá.
Ya en el Supercade de movilidad, el asunto se complica, puesto que si bien se ha incrementado el número de inmovilizados, el distrito no ha hecho esfuerzo alguno por mejorar la logística, o al menos, disminuir el tiempo en dicho proceso. El simple hecho de presentarse y pedir la liquidación de la grúa y los patios requiere de cerca de 7 horas para los funcionarios del distrito. Es más ilógico aun, cuando sabiendo que un gran porcentaje de los infractores aceptará la culpabilidad para acceder al descuento del 50%, los obliguen a pasar por todo el proceso. Incluso para la persona más paciente, se vuelve imposible mantener la compostura al tener que resignarse a esperar 100 turnos y cerca de 5 horas tan solo para ser atendido por un abogado del distrito, y que este se limite a escribir en dos formularios el nombre y cedula del infractor.
Ahora, si los infractores son quienes están pagando el salario tanto de los 80 abogados como de los funcionarios del Supercade, lo mínimo que uno espera es un trato cordial y amigable. Pero no es así. Sé que muchas personas coincidirán conmigo cuando digo que la soberbia y prepotencia de dichos funcionarios solo es comparable con la del actual presidente de Estados Unidos. La situación se vuelve insoportable cerca de las 8:00 PM, cuando cierra el banco, puesto que abogados, funcionarios e incluso vigilantes, se sincronizan para paralizar el trabajo, impedir que los infractores paguen, y con ello, hacer que cancelen un día más de patios. Solo a partir de las 8:00 PM, es posible ver algo de eficiencia en los abogados, quienes pasan de atender 3 personas por hora, a atender cerca de 10 personas por hora. A estas alturas, la lógica indica que si el proceso para aceptar la culpabilidad toma 8 horas, el impugnarla podría tomar hasta una semana dentro del Supercade. En mi caso, el momento cumbre llegó cerca de las 9:00 PM, en un cubículo junto al cual yo estaba siendo atendido. Fui testigo del trato hostil de la abogada hacia una persona de tercera edad, y cuando el acudiente realizó el reclamo por dicho trato, la abogada llamó a la policía, alegando que ella era mujer y funcionaria pública y que el reclamo del ciudadano era agresión a un funcionario público. ¿En qué punto un funcionario público adquiere más derechos que una persona de tercera edad? ¿En qué artículo del código de transito está escrito que los funcionarios pueden tratar como quieran a las personas? Sin importar las explicaciones del acudiente y los llantos de la infractora, los sacaron del Supercade después de 6 horas de espera. Siendo las 10:00 PM, después de más de 8 horas, no pude pagar la infracción, ni siquiera recibí mi liquidación, tan solo pude recibir y firmar el formulario del abogado aceptando la culpabilidad. Fue necesario volver nuevamente el sábado a las 8:00 AM, para la liquidación y el pago.
Al llegar a los patios, es necesario ingresar y buscar la moto. Estas son ordenadas según el día y hora de llegada. Tan solo para el viernes, había cerca de 54 motos inmovilizadas, en el espacio que ocuparían 5 automóviles familiares. Con ello queda claro porque persiste la persecución a los motociclistas. Es mucho más rentable inmovilizar motos, puesto que ocupan menos espacio, pero el valor de las infracciones es el mismo que los automóviles, mientras que la grúa y los patios son relativamente similares. Según el abogado de turno, cualquier calle se considera vía pública, y si una moto no está prendida, con luces estacionarias y con alguien sobre esta, se considera abandono, y prestan mayor énfasis en las motos para evitar el robo por “jaloneo”. ¿En qué forma se reduciría el índice de robo de motos, dejándolas prendidas y con luces estacionarias? Según dicho criterio, prácticamente cualquier moto puede ser considerada en abandono. Y mientras tanto, las grúas llevan más de 2 motos a la vez, los policías en horarios no laborales usan los cascos verdes sin placa en motos particulares y cientos de buses del SITP se varan por fallas mecánicas y falta de mantenimiento sin repercusión alguna.
Con un valor de la infracción de 380.000, 200.000 en grúa y parios, dos días de trabajo perdidos, y una ulcera gástrica por 8 horas de stress, tan solo para rescatar una moto cuyo valor comercial oscila entre $800.000 y $1.500.000, ahora comprendo y realmente considero viable la opción de incinerar la moto, evitar la inmovilización y de paso, el infierno del Supercade de movilidad
