Hablar sobre la participación de las mujeres en política se hace más que necesario en la actual coyuntura de elecciones regionales y locales que culmina en el mes de octubre. Este tema va más allá de derechos reconocidos como el voto femenino o la consagración de la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución y guarda una estrecha relación con el desarrollo social general.
En Colombia, las mujeres representan tan solo el 12 % de quienes ocupan cargos elección popular. Según el Índice de Brechas de Género de 2014 (WEF–Gender Gap Index Report 2014), el país ocupa el puesto 67 entre 142 países, descendiendo 12 puestos en la última medición. Hasta ahora, ningún gobierno ha sido capaz de dar garantías plenas para que las mujeres tengan igual salario que sus pares hombres, accedan y permanezcan en la educación, se vinculen de manera productiva al mercado laboral en el que representan la mayor fuerza de trabajo, ocupen cargos de dirección en las empresas o que su inclusión en la política sea tan efectiva en cantidad como en calidad.
Si bien cuantitativamente existen algunos avances frente a normas que exigen paridad y sobre los porcentajes de participación en espacios de poder, las mujeres siguen siendo minoría en los cargos públicos, por ejemplo para 2018 en Colombia apenas el 18% de los congresistas fueron mujeres, y de acuerdo con ONU Mujeres y la CEPAL el país tiene los porcentajes de participación política de mujeres más bajos de América Latina; apenas 28% ocupa una posición en el gabinete ministerial, 11% cargos de gobernadora/alcaldesa y 19% en consejos locales de mujeres.
Por otro lado, desde un enfoque cualitativo el problema se da porque en su mayoría, y debido a la dinámica propia del contexto político colombiano, las mujeres que acceden a cargos de representación no necesariamente representan los intereses de las mujeres y en muchos casos lo hacen mediante mecanismos clientelares o como cuotas políticas de las empresas políticas que se hacen llamar “partidos”.
Iván Duque quiso posar de defensor de los intereses de las mujeres engañando desde distintos frentes, primero al nombrar a Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, una mujer que ha sido todo menos una abanderada de la igualdad y que ha ocupado cargos en los gobiernos creadores de la crisis que impide a las colombianas tener una verdadera autonomía económica: Gaviria, Santos, Pastrana y Uribe. Además, en su PND planteó un pacto por las mujeres al que no dejó presupuesto e intentó parecer democrático con un gabinete paritario en el que la mayoría de integrantes mujeres de su gobierno, igual que la vice, tienen una trayectoria política en entidades, escenarios, instituciones desde donde han promovido el mismo modelo económico fallido que mantiene a las mujeres colombianas padeciendo con mayor fuerza la fuerte precarización del mercado laboral y donde cada vez más se les impide hacer grandes aportes a la productividad.
Sin duda, realizar cambios estructurales es fundamental para acabar con los obstáculos que recaen particularmente en las mujeres y les impiden defender sus intereses en la política como los estereotipos discriminadores, la inequidad en el mercado laboral, su condena a realizar los trabajos peor remunerados y el llevar todo el peso del trabajo doméstico, del cuidado y la crianza, pero sobre todo del fortalecimiento de las mujeres para poder disputar espacios de poder en condiciones de igualdad y sin violencia.
