Los días en el calendario siguen corriendo y en Colombia el aplanamiento de la curva de contagios por COVID-19 aún no aparece. Las cifras no se estabilizan, lo que ha llevado a extender una cuarentena de manera generalizada y con seguimiento permanente por parte de las autoridades de salud pública.
Cuarentena que en el departamento de La Guajira, con una población en su mayoría indígena y dispersa en el territorio ancestral, obliga a la gente a permanecer en las rancherías a la espera de que se levante el confinamiento, evidenciando con este tipo encierro colectivo los diferentes problemas que azota a la comunidad wayúu desde hace décadas, entre ellos la falta de agua potable, comida y salud.
Las acciones humanitarias llevadas a cabo por el gobierno nacional y puestas en marcha por el Ministerio del Interior, con su programa Colombia está contigo: un millón de familias, donde se repartieron cerca de 45.043 mercados como parte de la estrategia humanitaria desplegada al inicio de la emergencia, no han sido ni serán suficientes para frenar la mortalidad de niños en La Guajira que se cuentan por docenas haciendo parte de las estadísticas y reportes epidemiológicos cada fin de año.
Recientemente se dio a conocer el informe de seguimiento epidemiológico # 19 del Instituto Nacional de Salud (INS) que reporta la muerte de 90 niños menores de 5 años en todo el territorio nacional por enfermedades relacionadas a la desnutrición. Lo que no se resaltó del informe es que de las 90 muertes, 25 fueron en La Guajira; es decir, el 27.5% de los casos reportados se presentaron en la península y en su mayoría niños del pueblo wayúu.
En el mismo informe se aprecian que algunos indicadores han descendido radicalmente sin que obedezca al desarrollo de una política pública o a una estrategia de promoción y prevención salud desde el territorio. Al compararse con la misma semana del 2019, la incidencia de desnutrición aguda en menores de 5 años, los casos de bajo peso al nacer, los números EDA e IRA han bajado.
Las autoridades locales lo han tomado como un avance del impacto de las ayudas humanitarias, pero la realidad es que ello obedece a los subregistro en condiciones de aislamiento obligatorio que mantienen las comunidades wayúu sometidas por las limitaciones de vías y medios de transporte para movilizar a los enfermos y registrar a los que fallecen.
Al masivo subregistro, se le suma la ineficiencia de las acciones que desarrollan las redes prestadoras de salud y la débil presencia de los funcionarios del ICBF que permita asistir a los wayúu en las rancherías. Durante la pandemia en vez de activarse las alarmas, estas se apagaron. La búsqueda activa y el acompañamiento que comenzaba a estructurarse al iniciarse el 2020 decayó. El Estado colombiano paralizó sus servicios hacia las comunidades y dejó de llegar a los territorios. Ellas siguen confinadas sin acceso a alimentos y a servicios de salud y al agua potable, por lo tanto no hay acciones que permitan justificar estas reducciones estadísticas.
En el aislamiento social obligatorio, y muy a pesar de los subregistros, resulta también alarmante cómo la mortalidad por y asociada a desnutrición sea 2.5 veces superior si se compara con el mismo corte del año 2019 (semana 19). Algo similar sucede con la mortalidad por IRA y EDA, que son 1.8 y 1.1 superior a las registradas el año pasado durante el mismo periodo.
La situación que se plantea generan motivos para preocuparse, ya que no existe información cierta sobre cómo se encuentran estas comunidades mayoritarias en el departamento de La Guajira.
Lo que se percibe es más de los mismos. Es decir, una violación generalizada a los derechos al agua, alimentación, salud y participación, que la Corte Constitucional a través de la Sentencia T -302 de 2017 ha ordenado reconocer, intervenir y revertir, especialmente en la zona rural de Riohacha, Manaure, Uribía y Maicao.
En esta perspectiva, se necesita más información sobre los wayúu y urge la realización del censo especial y diferenciado, por parte del DANE, de esta comunidad, incluyendo la caracterización social y económica ordenada por la Corte Constitucional.
No solo es alarmante que en Colombia aún se presenten muertes de niños por desnutrición, sino que se sigan registrando casos de niños wayúu que cuentan con una protección especial a través de medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) desde el 2016 y ratificadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T302 del 2017. Con ellas el Estado colombiano les debe garantizar los derechos mínimos para la supervivencia y así lograr bajar las cifras de muertes de niños wayúu a niveles de la media nacional.
Con base en estos resultados, y las circunstancias excepcionales en que se están presentando en el departamento, se hace aún más urgente que se le dé cumplimiento a lo ordenado por la Sentencia T-302 de 2017, en torno de construir una política pública o plan de acción articulado entre las entidades accionadas para garantizar los derechos mínimos de agua potable, alimentación, acceso efectivo a los sistemas de salud y participación genuina de la comunidad wayúu dentro de instauración de las políticas públicas en el territorio.
En este momento, es prioritario lograr articular un sistema de control y verificación del estado de los niños indígenas menores de 5 años dentro de las rancherías y generar los reportes de muertes sin registro que a la fecha han ocurrido durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto con el fin de obtener indicadores reales para la implementación de estrategias y medidas urgentes para la preservación de la vida de los niños wayúu.
Ninguna muerte que se presente en Colombia por hambre puede ser tolerada y contada como un número más que dejará esta pandemia. Si no se reorienta la actual ruta de acción del Estado en sus tres niveles, seguramente los muertos de niños wayúu aumentarán. La articulación interinstitucional es la calve para terminar con décadas de corrupción, desinterés y olvido en la que ha estado sumergida la península de La Guajira.
