El director nacional del CTI, Alberto Acevedo Quintero, en una respuesta oficial, confirma que hay todo un proceso de interceptación telefónica abierto, pero las razones y nombres completos de los que pueden ser cientos de personas ‘chuzadas’ hoy por esa entidad es una completa incógnita para quien decida investigar al respecto...
Los ‘chuzados’ y el contexto
Las chuzadas a personajes públicos y empresarios ha sido una práctica común y bastante polémica en la historia de este país. En especial por aquellas causas que los han incentivado. La historia de estas ‘nuevas’ chuzadas que actualmente hacen desde el CTI inicia el 10 de febrero de 2022, en el que el ‘polémico’ y afamado periodista Gonzalo Guillén expuso en una nota periodística en el diario El Publique que, desde la Fiscalía General de Colombia, se utilizan ilícitamente investigaciones que nunca se cerraron con el objeto de interceptar cerca de 800 teléfonos, entre ellos los de él, así como de varios miembros del medio colombiano La Nueva Prensa. (Ver nota: Fiscales Daniel Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur interceptan ilegalmente conversaciones de centenares de teléfonos de periodistas, empresarios y diplomáticos estadounidenses en Colombia. El Publique. 10 de febrero de 2022).
Según lo indicaba Guillén allí, una fuente desde el interior de la misma Fiscalía General les comunicaba que, también dentro de esos radicados, había otros periodistas como Daniel Coronell; María Jimena Duzán, Yohir Akerman y Patricia Lara, que también estaban siendo interceptados, así como lo mismo le sucede a los empresarios Jaime Gilinski y Maurice Armitage. En el que sorprende el enterarse que también lo están (interceptados) al menos dos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia (en el que no se especifican cuáles son).
A la lista de esos intervenidos se suman nombres como los de Diana López Zuleta; Julián Martínez, Katia Ospino, los abogados Roberto Mauricio Rodríguez, Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y Carlos Toro.
¿Quiénes son los encargados de las ‘chuzadas’?
Los personajes de la Fiscalía que están a cargo de las interceptaciones y de comunicar a sus superiores de todo lo que hallan producto de ellas están bajo mandato y dirección del fiscal 7 delegado ante el Tribunal de Bogotá, Daniel Hernández, y su auxiliar, Álvaro Betancur.
Las fuentes le indicaron a Guillén que estos personajes ordenan interceptar teléfonos sin control estricto judicial y las informaciones que sustraen de ello la distribuyen entre ex jefes y jefes suyos en la Fiscalía, así como abogados y periodistas amigos de ellos y que son afines a esos empresarios ‘amigos’ de la Fiscalía.
El informe y la respuesta del CTI al respecto
Para el lector le será recomendada esta aclaración: la Fiscalía General no le llama ‘chuzada’ o interceptación telefónica a un caso de este tipo, sino NOTICIA CRIMINAL; y en este caso está bajo el radicado n.° 110016000027201700096, la cual está activa y a cargo de la sección adscrita a esa entidad y que ya fue mencionada en esta nota más arriba.
En esa misma respuesta (bajo radicado n.° 20224000002851), donde se confirma que el proceso sí está abierto el director general del CTI, Alberto Acevedo Quintero, también expone que no es precisamente ilegales este tipo de acciones por parte de la Fiscalía; pues, de acuerdo a lo expuesto en las disposiciones legales de la Ley 906 de 2004 y de la sentencia de la Corte Constitucional C-594/14, en el que el alto tribunal se pronunció acerca del sentido de precisar los límites materiales a los que se supedita esa herramienta investigativa y de los principios que la rigen, se sustentaría en lo siguiente de manera resumida:
“(i) Las autoridades encargadas de la operación técnica no podrán actuar de manera autónoma, sino que han de realizarlas con estricta sujeción a las formalidades de la orden y de la Ley. (ii) Requieren un control posterior del juez de control de garantías como máximo en las treinta y seis (36) horas siguientes a su realización en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución. (iii) En virtud del principio de finalidad deben realizarse exclusivamente para efectos de la investigación [...]”.
Pero, en su respuesta, el director general no expone en ninguna instancia y/o momento, qué motivaciones rigen esta interceptación en específico. A continuación el lector podrá confirmar lo dicho aquí en un fragmento de ese documento:
De modo que cuestiones como quiénes; desde hace cuánto, por qué, si se han legalizado o no siguiendo el debido proceso legal, cuándo cerrarán las interceptaciones bajo esa noticia criminal, con qué fines y cuánto cuestan están acciones, todas estas son preguntas de las que no compartió información alguna el director general en su respuesta; por lo tanto, permanecen como un misterio sin resolver.
Lo que sí es cierto es que puede ser que cerca de 1.000 personas de reconocida trayectoria y de gran reconocimiento en este país pueden estar siendo investigadas y no se conoce el por qué o para qué. Y el saberlo, para alguien sin influencia y poder en este país, puede ser hasta una misión imposible. Pero las ‘chuzadas’ continúan. De eso no hay duda ya.
