A solo cuatro meses de posesionarse, al presidente Gustavo Petro se la han ido las luces en materia jurídica lo que podría acarrearla tensiones con las Altas Cortes. La semana pasada una viaje a Medellín para reunirse con el alcalde Daniel Quintero se le interpuso en la agenda y dejó plantados a Juan Carlos Cortés y de Marjorie Zúñiga que se posesionarían como magistrados de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia respectivamente. Aunque estos nombramientos le corresponden únicamente al jefe de Estado, Petro sacó un decreto para delegar la función a Vladimir Fernández, secretario jurídico del Palacio de Nariño, quien ahora es el encargado de posesionar a los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Comisión Nacional de Disciplina.
A esto se le suma, la metida de patas del ministro de Justicia, Ernesto Ozuna, que pasó por alto que para la Paz Total, proyecto bandera del gobierno Petro, se requería el aval previo de las Cortes de justicia y la Procuraduría antes del debate en el Congreso. A última hora intentó enmendar su error, invitando a una reunión social a la procuradora Margarita Cabello y a los magistrados que se negaron a darle el puntillazo final que necesita el trámite de ley pues estarían incurriendo en prevaricato. Esto indica que la ley podría ser demandada por cualquier ciudadano.
Le podría interesar: Cuota de Benedetti en la Procuraduría se pone la cachucha política: se mete al debate de Reforma Política
