El libro de registro de intereses privados que los senadores y representantes a la Cámara deben llenar al tomar posesión de los curules, les exige describir todas aquellas actividades económicas y su participación en asociaciones, fundaciones u organizaciones nacionales o extranjeras.
No se trata de un capricho de las mesas directivas de la cámaras, sino de una orden constitucional desarrollada en los artículos 286 y 287 de la Ley Quinta de 1992, conocida también como Reglamento del Congreso.
Pese a esas disposiciones, Las2Orillas verificó que el representante a la Cámara por Vaupés Camilo Esteban Ávila se abstuvo de registrar allí sus actividades económicas y llenó todas las casillas del registro con un “NA” (no aplica).
El asunto sería grave porque, según una información del diario El Tiempo, la familia del parlamentario tiene intereses en una firma de aviación regional que viene desarrollando contratos con el Instituto de Bienestar Familiar y con una EPS.
El propio Ávila ha figurado como representante legal de esa empresa, Aro S.A.S, como lo acredita el hecho de que hace tres años la Contraloría le abrió un proceso fiscal por un presupuesto detrimento patrimonial en uno de los contratos celebrados por el Estado.
De ser así, el congresista podría estar incurriendo, no solo en una falta disciplinaria gravísima, sino incluso en el delito de falsedad al firmar el registro donde la información que consigna no corresponde a la verdad.
El de Ávila ha cobrado relevancia porque, en su condición de ponente, firmó el proyecto de reforma a la Salud presentada por el gobierno, pese a que el Partido de la U, la colectividad que representa, anunció previamente que no la apoyaría.
Además de los problemas disciplinarios y penales que podría enfrentar, Ávila también tendría que responder por una violación a la Ley de Bancadas que regula la disciplina que deben observar los congresistas en relación con las decisiones tomadas por su partido.
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