Una gran expectativa ha generado en Casanare y el resto del país el proyecto de ley sobre seguridad y convivencia ciudadana que radicó la semana pasada el gobierno nacional en el Senado, ante el preocupante desborde de la violencia en las ciudades del país y la generalizada y creciente percepción de inseguridad en los colombianos.
Y no es para menos: la revista Semana no duda en calificar a Bogotá como "la Capital del miedo", al señalar que "la gente siente pánico en las calles", porque "los asesinatos, atracos y extorsiones aumentaron de forma alarmante"; esto no dista demasiado de una ciudad como Yopal, en donde por primera vez en casi cien años de su fundación, los ciudadanos caminamos con cuatro ojos para evitar un atraco callejero, pendientes de nuestros objetos personales en cualquier sitio publico, o muertos del miedo rogamos a Dios que nos nos llegue la hora de que los ladrones se entren a nuestras casas (ninguna reja es segura).
El proyecto de ley -que será discutido con mensaje de urgencia en primer debate por las comisiones primeras de Cámara y Senado- tiene dos medidas que la ciudadanía está pidiendo a gritos, como es que el porte de armas y el hurto a personas conlleve a la medida de aseguramiento y a una condena efectiva (no excarcelable), lo que sin duda pondrá a pensar un poco más a los delincuentes antes de cometer el delito.
En ese mismo sentido, la reincidencia será considerada como agravante punitivo o de culpabilidad, lo que de entrada va a aumentar la pena, cuando se haya sido condenado en los cinco años anteriores por delito doloso, buscando acabar con lo que leemos a diario en los periódicos, en el sentido de que el delincuente reincide una y otra vez en el quebramiento del orden jurídico.
La inciativa también aumenta los casos en que se considera la legítima defensa, como la entrada violenta a la residencia, o a un establecimiento comercial cerrado -con presencia del dueño o persona que legalmente permanezca en el sitio- o un hurto o agresión a una persona dentro de su vehículo, lo que en otras palabras facilita o respalda al ciudadano en el uso de la mencionada defensa.
Es interesante que el proyecto incluya nuevos delitos al Código Penal como el porte de elementos cortopunzantes en transporte público o evento masivo (prisión de 2 a 3 años), o lo que es más amenazar o intimidar en un espacio o escenario con cualquier tipo de arma (prisión de 4 a 6 años), que sin duda entra a combatir de manera más efectiva y directa una situación ahora tan común para los ciudadanos, y que generalmente queda en la impunidad o no se castiga a los perpetradores.
Estas medidas vendrían a dar una respuesta más eficaz contra el delito, aunque en las discusiones de las comisiones primeras y las plenarias de Cámara y Senado, se debe incluir las variables de la consumación del delito en cada entidad terriotorial, acorde a las condiciones diferenciales y específicas de las mismas, por lo que propongo a los congresistas casanareños radicar en este sentido un pliego de modificaciones al proyecto de ley, escuchando las preocupaciones y planteamientos de los ciudadanos en los distintos municipios del Departemento, que posteriormente contribuyan a la reestructuración y fortalecimiento del proyecto.
Coletilla. Al proyecto de ley le espera una álgida discusión sobre el endurecimiento de las penas a quienes atenten contra la integridad de la Fuerza Pública, porque para muchos esto si se debe revisar pero dentro de un contexto más amplio -en otro proyecto- estudiando a conciencia el uso indebido de la fuerza o los excesos en los que la misma ha podido incurrir, porque de lo contrario agravaría aún más la creciente polarización sobre el tema, antecedido por paros y marchas ante la enorme y generalizada inconformidad social.
Sería oportuno que el gobierno nacional y los futuros ponentes del proyecto de ley excluyeran el tema de la Fuerza Pública -se deje para el próximo Congreso- y se dedicaran exclusivamente a los ajustes del Código Penal para salvaguardar la seguridad y convivencia ciudadana.
*** Asesor Legislativo.
