Todavía no había recibido su título de médica, cuando Diana Ibeth Díaz tuvo que atender el caso que marcaría el resto de su carrera profesional. Al centro médico en el que estaba trabajando llegó una niña de 14 años después de haber intentado quitarse la vida con pesticidas. Estaba desesperada, ya iba por su segundo embarazo, su papá la había violado y no quería seguir luchando ni sufriendo los abusos que soportaba día a día. Diana escuchó con atención y ese día entendió por qué se estaba volviendo doctora. A la niña de 14 años nadie le preguntó cómo se había sentido ni qué quería hacer con su embarazo. Apenas decidieron enviarla al psiquiatra. El suicidio era lo único que les interesaba.
Ya graduada, por muchos años Diana se dedicó a hacer análisis de los casos de morbilidad y mortalidad materna en mujeres que pertenecían al Régimen Subsidiado y encontró cifras que la dejaron aterrada: más del 95% de los casos se habrían podido prevenir si se hubiera tratado a tiempo, pero el sistema de salud colombiano jamás ha sido un aliado de las mujeres embarazadas y las deja en una posición que, en sus palabras, termina siendo 14 veces más riesgosa que lo que implica la interrupción del embarazo.
Desde hace más de ocho años Diana comenzó a trabajar con la Fundación Oriéntame, que ayuda y presta servicios de salud sexual y reproductiva enfocada en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Oriéntame es de las pocas instituciones de salud que acompañan el proceso de aborto legal en Colombia dentro de las tres causales permitidas. Las mujeres que deciden abortar allí reciben varias consultas médicas, psicológicas y de control que aseguran la atención integral, bajo condiciones seguras, con tasas de complicaciones muy bajas y con el acompañamiento adecuado.
No pasa lo mismo en Teusaquillo, rodeando al Profamilia de la calle 34 con Caracas, donde hay al menos una decena de clínicas de garaje que realizan abortos clandestinos. El cuidador de carros, Orlando, hace una rápida lectura del falso rostro de estar buscando algo entre las casas de la zona y pregunta “¿qué necesita?” al que se le acerque. Después de observar que en la silla del copiloto hay una mujer, pregunta con seguridad “¿Una interrupción?”
Ahí, en plena calle, Orlando, quien busca dejarse ver como muy conocedor de procedimientos médicos respecto al aborto, explica en voz baja que él conoce todos los sitios del lugar y asegura el mejor lugar en cuanto a la calidad y al precio, que dependerá de cuántos meses de embarazo tenga la paciente, dependerá, en sus palabras, del “tamaño del problema”.
En Colombia, según el ministerio de Salud, anualmente mueren unas 70 mujeres por complicaciones derivadas de la práctica de abortos en clínicas de garajes como las de Teusaquillo. El procedimiento, ilegal y peligroso, se demora media hora desde que la paciente pone un pie adentro del centro de abortos hasta el momento en que sale. Consiste en una succión que absorbe por la vagina al feto en formación, explica toscamente ‘la doctora’. “Ese trabajo se lo puedo dejar en 500 mil pesos. Pero si tiene más de cuatro meses hay que hacer un legrado” dice la mujer. Una técnica que según la OMS es la más peligrosa e invasiva.
Según el Instituto Guttmacher, que apoya desde 1970 la interrupción del embarazo en el mundo, en Colombia se realizan unos 400 mil abortos al año. El 80% de estos se hacen en sitios clandestinos o sin la supervisión de un profesional. Las causas más comunes que hacen que las mujeres vayan a estos sitios como los de Teusaquillo, según Diana, es el desconocimiento sobre las 3 causales de aborto y la interpretación propia que hacen algunos médicos sobre si una mujer cabe dentro de las causales o no.
En la teoría es muy difícil que una mujer se quede por fuera de las 3 causales: cuando exista malformación del feto que lo haga incompatible con la vida extrauterina, cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y cuando el embarazo ponga en riesgo la salud, tanto física como mental, de la persona gestante. Sobre todo de la última. El problema principal, cuenta Diana, es que existen muchas personas que quieren interpretar las causales en su opinión personal, como desearían que fuera.
La corte se ha pronunciado no sólo con la sentencia C-355 de 2006, sino que ha hecho 22 pronunciamientos posteriores aclarando que la salud mental también es un factor a tener en cuenta en la estimación del riesgo. No es necesario que la mujer tenga una enfermedad grave o que esté al borde de la muerte para poder acceder a ella y aunque las normas están claras, en la práctica no se cumple.
El gran problema termina siendo la intervención de terceros. Las causales implican que un ‘externo’ valide las decisiones que deberían ser autónomas de las mujeres. Si hay causal de violencia sexual exigen la denuncia, denuncia que en contextos donde la víctima convive con el abusador, es casi imposible de cumplir. Por el lado de las malformaciones el sistema de salud se vuelve un obstáculo en un país en el que la primera ecografía no se da oportunamente y los exámenes especializados son un dolor de cabeza para conseguir. Y como si ya no fuera poco, para la causal de salud, es un doctor el que tiene la responsabilidad si esa causal está presente o no, desconociendo en la mayoría de los casos los otros aspectos psicológicos y sociales de la maternidad.
Foto: Leonel Cordero.
En el gremio médico, y en la sociedad, se desaprueban las decisiones de las mujeres. En su carrera Diana ha escuchado casos de personas que están buscando la interrupción del embarazo y en su proceso reciben toda clase de violencias, como dejarlas hospitalizadas en cuartos médicos compartidos con mujeres teniendo sus hijos o lactando. Las someten a consejerías donde tratan de convencerlas de que el destino de la mujer es convertirse en madre y que su decisión es no sólo inmoral, sino que podría convertirlas en criminales. Una contradicción colombiana en la que el aborto es un derecho humano fundamental y a la vez un delito.
Por eso, muy temprano en su vida laboral, Diana entendió que el embarazo no deseado y la atención del aborto es un tema de salud pública, de equidad de género y de justicia social, un tema al que le quiso dedicar su vida.
Foto: Natalia Prieto.
A las afueras de la Corte Constitucional las manifestaciones semanales se convirtieron en ritual. Siempre estaba la expectativa frente a la decisión que tomarían los magistrados, pero siempre se anunciaba que la discusión se aplazaba nuevamente. Mujeres cantando y arengando con sus pañuelos verdes eclipsaban el gris del Palacio de Justicia y el azul de los grupos cristianos y provida que intentaban en un débil intento opacar a los movimientos feministas.
En 2020 el movimiento Causa Justa, liderado por Ana Cristina González, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte pidiendo eliminar el delito de aborto del código penal. La discusión, que se extendió por casi dos años, terminó con la tensión por lo alto. Desde noviembre de 2021 se había anunciado que la Corte Constitucional entraría a tomar una decisión de fondo: mantener las tres causales para abortar en Colombia, despenalizarlo completamente o despenalizarlo parcialmente.
Sin embargo, en diciembre varios movimientos provida y cristianos comenzaron a recusar al magistrado Alejandro Linares por unas declaraciones dadas en una entrevista a la Revista Semana. Linares se apartó de la discusión y la decisión final quedó en manos de los ocho magistrados restantes. Existía la posibilidad de que la votación quedara en empate.
Los magistrados no pudieron ponerse de acuerdo y ante lo parejo de la discusión tuvo que entrar a mediar un conjuez. Para este caso el conjuez elegido por sorteo fue Julio Andrés Ossa, quien había sido asesor de Cristina Pardo –también magistrada metida en la discusión– cuando fue secretaria jurídica de Presidencia durante el gobierno Santos.
Foto: Natalia Prieto.
Durante tres meses la decisión estuvo en pausa, hasta que el debate volvió a ser agendado este 21 de febrero. El conjuez Julio Ossa tenía la decisión en sus manos, y en una decisión que sorprendió a muchos, le dio vía libre a la despenalización del aborto hasta la semana 24 de embarazo.
La votación quedó, como era de esperarse, muy pareja: a favor estuvieron los magistrados Alberto Rojas, Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Ossa (conjuez). En contra votaron Cristina Pardo, Jorge Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz.
A las afueras de la Corte varias mujeres comenzaron a abrazarse entre lágrimas, un run run corría en el ambiente sin aún estar claro qué era lo que estaba sucediendo. La información llegó primero por redes sociales y mensajes internos de algunas que tenían comunicación directa con Causa Justa. De pronto la incertidumbre se dispersó y en un grito de victoria los pañuelos verdes se levantaron por lo alto. La Corte había tomado una decisión. Las mujeres ahora podían decidir si querían ser madres o no.
Frente a los provida una cuerda que los separaba de los grupos feministas cayó al suelo. El llanto y el fervor religioso se apoderó de varias personas e incluso un hombre de unos 50 años cayó desmayado al suelo. Era un hecho. Desde el 2005 la norma no se había movido, era una lucha de 21 años seguidos que ahora daba resultados. En la región Chile abrió el camino, le siguieron Argentina y México, pero Colombia marcó un nuevo camino.
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