La situación actual que vivimos debido a la pandemia nos ha golpeado a todos, pero el impacto no ha sido el mismo. Ciertos sectores de la economía se han mantenido vigentes; sin embargo, esto no ha sido óbice para que reduzcan su nómina de empleados, sobre todo aquellas empresas que acostumbran subcontratar a sus trabajadores.
Muchas compañías que para cumplir su objeto social se valen de trabajadores tercerizados no dudaron en aprovechar esta coyuntura para reducir su planta de personal, dejando a cientos de familias sin el sustento para su hogar. Es allí donde surge la pregunta: ¿qué hace el gobierno para garantizar el derecho fundamental al trabajo de los colombianos?
Al indagar las razones por las que cientos de trabajadores tercerizados han quedado desempleados, aún cuando las empresas en las que laboraban nunca dejaron de producir, la empresa usuaria dice que no ha solicitado el retiro de los trabajadores, mientras que la empresa contratista (que suministra los trabajadores) señala que los retira previa solicitud de la primera. Y así como se dice en el argot popular, tienen a los trabajadores "del timbo al tambo".
El coto a esta situación lo debe imponer el gobierno nacional a través de sus entes de control, pero en medio de esta pandemia los trabajadores hemos quedado casi que totalmente desprotegidos y a merced de los empresarios; situación que se agudiza cuando la violación viene de parte de una multinacional. Las medidas tomadas desde arriba para evitar estas lamentables situaciones han sido ineficaces y han convertido a nuestros mandatarios, junto a las empresas usuarias, en cómplices de la masacre perpetrada por las empresas contratistas.
La invitación a todos los trabajadores es a aunar fuerzas, de tal suerte que logremos concretar contratos de trabajo dignos y minimicemos las "masacres laborales".
