Cierra septiembre con la novedad de las primeras movilizaciones de la oposición política al gobierno de Gustavo Petro. Las concurridas marchas en las principales ciudades del país dejan varias pistas de lo que va ocurriendo con la sociedad colombiana al experimentar por primera vez en la historia una distinta a la manejada por élites y partidos tradicionales. La principal pista se puede marcar en la gran dificultad de las fuerzas políticas, las que hoy son parte de la coalición de gobierno y las que están en la oposición, para afrontar la alternancia política y la diferencia de estilos en el manejo de la cosa pública; asunto sobre el cual tendremos que formarnos más.
Lo que parece ser el mayor leitmotiv de las movilizaciones son asuntos tratables en un marco de debate: las características y alcances de la reforma tributaria, la preocupación por las tomas de tierra, las reformas pensional, laboral y de la salud pública que se están preparando para su discusión y aprobación en el Congreso. Los dos primeros asuntos tienen suficiente información para generar una conversación nacional: hay consenso en que se necesita una reforma tributaria que permita mejorar la gestión fiscal del Estado e invertir en la política social con mayor pertinencia; esto sin llegar a ahorcar las capacidades productivas con cargas impositivas desconsideradas; es en torno a esa puja que fluye el debate tributario y es comprensible que hayan divergencias profundas en la manera de comprender e implementar la nueva tributación.
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Gran dificultad de las fuerzas políticas, las que hoy son parte de la coalición de gobierno y las que están en la oposición, para afrontar la alternancia política y la diferencia de estilos en el manejo de la cosa pública
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Por otro lado, es entendible la tensión sobre la generalización de tomas de tierra en campos y ciudades, y la demanda de sectores propietarios de esas tierras para que el Estado actúe; también es cierto que tensionan iniciativas de gremios como Fedegan para un actuar privado, “solidario” y “preventivo”, pues en el pasado tenemos tristes recuerdos de los alcances de ese tipo de iniciativas de las cuales se sabe poco cómo comienzan a organizarse, pero si mucho de cómo terminan. Sobre los asuntos pensional, laboral y de la salud, en los cuales hay ya enfrentamientos de posturas, aun no hay suficiente materia de ilustración para valorar las distancias políticas y las implicaciones de eventuales decisiones al respecto.
Es de resaltar que al otro día de las movilizaciones se dio un encuentro entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, del cual no se conoce mucho, pero el gesto de diálogo es de gran valor porque le envía un mensaje a fuerzas radicales para que se entienda que un país que ha vivido en la guerra y que es tan afectado por la violencia política, no se merece continuar por la misma senda de agravios morales entre los nacionales; también es saludable el debate planteado por el presidente a los gremios industriales y la respuesta de ellos, expresando su posición y abriéndose a la discusión con cifras y argumentos.
Contrasta esa dinámica de tramitación del conflicto, con el tono subido de algunos manifestantes y su réplica en las redes sociales y medios de comunicación, usando símbolos, jergas y narrativas de violencia, racismo y aporofobia. Los ciudadanos y ciudadanas colombianas tenemos la responsabilidad de comprender este momento como un cambio en el marco de la democracia y entender que la dimensión conflictiva de la vida colectiva no se puede tirar y tirar hasta que terminemos ahorcándonos a nosotros mismos; preocupa que ceguemos nuestras miradas y fortalezcamos con miopía la tendencia a ver al otro como enemigo, que nos carguemos de racismo y de desconfianzas mutuas, que nos dejemos colonizar por excesos ideologizados que deforman la comprensión cotidiana de la realidad, cuando lo que demanda el momento del país es fortalecer nuestra capacidad de diálogo, de argumentación informada, de reconciliación, de ser sociedad y nación en abierta conversación de reconstrucción.
Todos los liderazgos y agencias colectivas e institucionales del país, los gremios, los grupos económicos, los partidos y movimientos sociales y políticos, las organizaciones sociales, comunitarias, los medios de comunicación, el periodismo especialmente, las ciudadanías todas, tenemos la responsabilidad de repensar la forma como nos relacionamos con la democracia y con las decisiones colectivas; tenemos la tarea de medir el alcance de las palabras y las acciones para que sus consecuencias sean justas, ponderadas e informadas por un sentido de amor a la justicia y la solidaridad. Se trata de cambiar la costumbre de maltratarnos cíclicamente y de llevar a extremos lo que bien podría ser ponderado en la conversación leal entre adversarios. Con paciencia podemos abrazar algo de lo que no sabemos: de la alternancia en la vida democrática
