Jaime Alberto Leal Afanador se jacta de que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que dirige hace 18 años, sea la más grande del país, con más de 160.000 estudiantes. Celebra ante la comunidad académica que su institución tenga la mayor proyección internacional y no ha dudado en abrir sedes satélites en Estados Unidos y en la Unión Europea. Recursos parecen no faltarle porque anualmente recibe del presupuesto más de medio billón de pesos.
Está listo a jugársela a fondo para ser reelegido por un nuevo período de cuatro años este 25 de octubre. Y para ello no abandona ningún frente. Sabe bien cómo son las cosas. La decisión la tiene en sus manos el Consejo Superior que, por primera vez, tiene el ojo encima del gobierno, que a través del Secretario de transparencia Andrés Idárraga ha prendido las alarmas y cuestionado el proceso de elección.
La mayoría de los nueve integrantes del Consejo Superior de la Universidad han conservado sus cargos gracias a las reformas estatutarias promovidas por Leal, orientadas a asegurar su permanencia. Inicialmente su período era de un año y ya van en cuatro.
Los consejeros Harold Esneider Pérez Walteros, representante de los profesores, y Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, representante de los directivos, se posesionaron el 30 de octubre de 2018 y están activos para votar. Este hecho despierta todavía más suspicacias porque la elección fue anticipada tres meses, lo que por ahora impide su relevo por período cumplido y les permite votar.
El representante de los estudiantes en el Consejo ha logrado mantenerse a toda costa en el cargo y ha cursado cinco programas para no perder la condición de alumno, dicen los partidarios de su salida.
Lucas Sebastián Gómez, delegado del Presidente de la república en el Consejo, fue designado por Iván Duque once días antes de terminar su mandato. El Presidente Petro y el Ministro de educación Alejandro Gaviria podrían cambiarlo pero hasta el momento no se han movido para actuar en consecuencia a las alarmas que prendió el Secretario. El gobierno nacional tiene un solo representante en el Congreso, aunque si se suma otro asiento que está reservado a las gobernaciones podrían ser dos. El asunto radica en que el representante de las entidades territoriales es Ramiro Barragán Adame, de Boyacá, a quienes todos reconocen como cuota el exaspirante presidencial Carlos Amaya y amigo de Leal. Barragán tiene el respaldo del defensor del pueblo, Carlos Camargo, que es primo de su esposa.
En realidad, los consejeros son los funcionarios con mayor estabilidad porque el 80 por ciento de los 4.464 profesores son docentes ocasionales que deben renovar contratos cada cuatro meses, según potestad del rector. Todos requieren de su firma para mantener las cátedras.
El rector Leal es hábil en anular contradictores o potenciales enemigos dentro de la universidad. Son varios los detractores que se declaran víctimas del rector. Todos ellos han tenido hasta ahora algo en común: cuando levantaron su dedo acusador contra el rector salieron mal librados. Por ejemplo, la veracidad de la cifra sobre la población estudiantil -que envidiaría cualquier institución educativa, fue desafiada públicamente por la profesora e ingeniera María Dora Alba Sánchez Gómez y eso le costó el puesto y comprometió su futuro en el sector público.
La docente comentó en un espacio televisado el contenido de documentos que mostraban listados de estudiantes que, pese a haber reprobado varios créditos, seguían estudiando en la universidad y que varios de ellos, registrados en direcciones inexistentes, podrían ser estudiantes fantasmas. En un proceso relámpago abierto por la oficina de control interno fue destituida y no pudo evitar que la Procuraduría le quitara la inhabilidad por doce años que le fue impuesta.
“Me he enfrentado a un Goliat, a un todopoderoso que se respalda en sus muy buenas relaciones en los altos círculos de la justicia”.
Nicolás Rosiasco Piraján, antiguo vicerrector, dice que tuvo que salir un largo tiempo del país después de encontrar que en la nómina de profesores de la oficina satélite en Miami estaba compuesta por familiares de altos directivos de la UNAD y que las maestrías y programas de especialización, que demandaban el giro adicional de importantes recursos, no eran impartidos en realidad.
Ahora, un extenso memorial enviado a la Fiscalía por la denunciante Lina Milena García sugiere que lo mismo está pasando en la oficina satélite en Madrid España y ponen en duda la independencia de la jefe de control interno, Hoover Estrada Londoño, para investigar ese y otros asuntos espinosos. Estrada es cuñado de la secretaria general Constanza Venegas Castro.
Tiempo atrás los órganos de control tuvieron información según la cual Socorro Magdalena Pinzón, directora de la UNAD Florida y persona cercana al rector Leal, surtió la nómina con familiares suyos y utilizó el presupuesto para que su hijo, Germán Posada Pinzón, pudiera estudiar en Harvard. La Universidad rehuyó el control del Ministerio de Educación. Invocó el principio de autonomía universitaria y adujo que, por tratarse de una sede en suelo extranjero, las autoridades que supervisaran sus actuaciones no podrían ser las colombianas.
En 2019 la Procuraduría destituyó en primera instancia a Leal y le impuso una inhabilidad por 12 años, pero en segunda instancia le revocó la sanción. La Contraloría dijo no haber hallado ninguna evidencia de perjuicios fiscales al Erario. Pero la duda creció cuando, pocos días antes de dejar su cargo, el entonces procurador Fernando Carrillo admitió que no había logrado erradicar del todo un oprobioso círculo interno de funcionarios que negociaban fallos. Mencionó con nombre propio el caso de la UNAD. El rector quedó sin antecedentes disciplinarios, si bien hoy la veeduría del Ministerio Público revisa de manera extraordinaria el fallo que lo absolvió.
La gran preocupación que ronda en los campos de la UNAD es que el mismo modelo que operó en Miami se haga extensivo a la Unión Europea. Allí están abiertas una sucursal en Madrid y los proyectos le apuntan a otra en Finlandia.
Un buen blindaje
Así las cosas, el rector Leal tiene un argumento poderoso que le ha servido de blindaje: ha sido absuelto en instancias penales, disciplinarias y fiscales. Eso significa que no tiene inhabilidades y por eso todos los gobiernos, desde Pastrana hasta Santos, pasando por Uribe y Duque, no se opusieron a su continuidad. Durante la administración Iván Duque el Ministerio de Educación consideró la posibilidad de intervenir la institución, pero no se trató más que de un amago y al final terminó nombrado delegado en el Consejo Superior un representante que le resultaba afín.
Sus críticos ponen en duda la legitimidad de las absoluciones. Lo hacen con documentos que muestran una coincidencia que a ellos les preocupa. Por ejemplo, una hermana del procurador delegado para la Hacienda Pública, Rafael Guzmán Navarro, que jugó un papel clave la exoneración disciplinaria, apareció en la nómina de docentes de la UNAD. Juan Vicente Valbuena, recordado como el fiscal del carrusel de la contratación de Bogotá, en el cual el rector figuraba como indiciado, firmó poco después de su retiro del cargo un contrato como asesor de la UNAD para promover allí una política de transparencia.
Juan Vicente Valbuena, fiscal del carrusel de la contratación de Bogotá, terminó como contratista de la UNAD.
Valbuena se defiende y dice que el rector no tuvo nada que ver con su contratación, pues sus servicios fueron requeridos por instancias de control interno interesadas en “sanear” la institución.
Sandra Lucía Salazar Díaz, veedora de la Procuraduría, estudia una solicitud que profesores de la UNAD, sindicatos del sector de la educación y aspirantes a suceder a Leal le hicieron sobre una revocatoria de la absolución disciplinaria de Leal.
La situación de la Universidad y de su cabeza ha generado división entre la comunidad estudiantil. Algunos de sus estudiantes sostienen que ya están acostumbrados a que en vísperas de elecciones se disparen las acusaciones contra el rector Leal, hecho que en principio les resta credibilidad. Otros dicen que no es así, sino que los medios solo se ocupan de una crisis permanente cuando se produce esa coyuntura electoral.
“Con o sin elecciones es un deber rescatar la universidad de las fauces de un poder dominante que ha sido perverso. Ese es un deber moral”, dice el profesor Roberto Salazar Ramos, uno de los seis aspirantes a suceder a Leal.
La Universidad Publica forma parte de la estrategia de educación gratuita prometida por el presidente Petro y por el rector Alejandro Gaviria. Por las señales del secretario de Transparencia Andrés Idárraga, que ha recomendado una intervención extraordinaria del Ministerio de Educación para vigilar la elección, parecerían estar cogiéndole la pita y no estar dispuestos a mantener el emporio de un rector entronizado en el cargo que actúa como señor y dueño. Pero muy posiblemente llegaron tarde y Leal, previsivo y conocedor de su terreno ha ido manejando los hilos que le garantizarían su permanencia. El 25 de octubre se sabrá quién finalmente gana el pulso.
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