Terminó otro paro de los tantos que se han realizado en la historia chocoana, todos justificados por el atraso, el abandono y la crisis institucional que vive el Chocó. Pero esta vez, surgieron voces que pedían que la protesta fuera un juicio político contra su clase política. Se levantaron voces ciudadanas que la señalaron como responsable de la crisis y pidieron que varios miembros del Comité Cívico, que han formado parte de los grupos políticos responsables de la debacle regional, renunciaran a la organización de la inconformidad ciudadana.
Fueron señalados como integrantes de los grupos políticos comprometidos en las causas de la crisis y de la intervención de la salud -- el hospital San Francisco de Asís-- y de la educación. Fueron artífices de la quiebra y liquidación de la Caja de Previsión Social del Magisterio y parte del grupo de asesores del pasado gobierno de alcaldía de Quibdó, administración acusada de dilapidar los recursos de las regalías en obras inconclusas.
Con pocas salvedades, la mayoría de los líderes del paro han sido parte de los entramados de la clase política que han saqueado indiscriminadamente el fisco regional. Lo curioso fue que el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, descalificó a líder del Polo Democrático, Jorge Salgado Vélez, al acusarlo de ser el líder un paro político contra el gobierno.
Lo que no supo el viceministro Rivera es que Salgado Vélez es un líder intachable que lleva de 40 años luchando por el desarrollo del Chocó; es un periodista honesto y transparente, quien con otro periodista y tres miembros más del Comité Cívico, son los únicos que se salvan de no formar parte de los clubes de saqueadores del fisco chocoano.
Lo que ignoró el viceministro Rivera y los periodistas María Isabel Rueda y Darío Arismendi, entre otros, fueron las jugadas de la clase política tradicional chocoana para capitalizar la inconformidad ciudadana y de paso ocultar sus responsabilidades en la crisis regional.
Grupos políticos que permearon la protesta ciudadana y la transformaron en un pulso político de cara a las futuras elecciones. Todos, como en una partida de ajedrez, movieron sus fichas en las mesas de negociaciones. Mesas que convirtieron en tableros de cálculos políticos y electorales, donde hubo descalificaciones y mediciones de fuerzas entre los arfiles del Cordobismo, Lozanismo y otros grupos políticos por el control de la protesta ciudadana.
Finalmente, todos se salieron con las suyas y manipularon a los manifestantes con el fin de orientar los señalamientos de las responsabilidades del atraso del Chocó, solo en contra del gobierno central. En consecuencia, desplegaron una campaña mediática de mordaza en contra de quienes se atrevieran señalar la corrupción regional.
Fue la manera hábil de ocultar sus responsabilidades y fungir como líderes cívicos que luchaban al lado del pueblo pobre y abandonado por el gobierno central. Es por ese juego de intereses políticos que el acuerdo final refleja en algunas obras públicas con marcados intereses de las microempresas electorales.
El movimiento cívico se convirtió en una trinchera política de los virtuales aspirantes a la gobernación y al Congreso de la República. El grupo político que más aceitó su maquinaría para capitalizar el descontento popular fue el Movimiento Liberal Cordobista, sin dudas el más beneficiado políticamente de la lucha cívica, pese a ser, con el Lozanismo, los dos grupos políticos en los recaen los mayores señalamientos sobre la crisis institucional que vive el Chocó.
Del anterior movimiento hacen parte el Representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, el gobernador, Jhoany Carlos Palacios Mosquera, y el virtual aspirante a la gobernación, el actual Rector de la Universidad del Chocó, Eduardo García Vega.
Además, este grupo político desplegó su poderosa maquinaria electoral en las mesas de negociaciones, en las calles y en las redes sociales, y desde las cuales deslegitimaron a sus contradictores políticos de cara a las futuras elecciones. Movidas políticas de este grupo y de otros explican en parte el linchamiento mediático que hubo en las redes sociales contra del ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo.
Esta situación, a su vez, explica los enfrentamientos en el Comité Cívico, entre los gregarios de García Vega y los de la viceministra de Cultura, Zulia Mena, exmilitante de esa misma agencia política, también aspirante a la gobernación y salpicadas por los escándalos de los Juegos Nacionales y por anomalías en las inversiones de las regalías.
De allí que el cumplimento de lo pactado en el paro depende de la voluntad política del Gobierno Central, de la articulación del trabajo de seguimiento y de la hoja de ruta que estructure el comité del paro, la gobernación, los directores de los Institutos regionales del orden nacional y los alcaldes. Parte del éxito dependerá de la postura que asuma el gobernador Palacios frente a los luchadores sociales. Y eso está en veremos por los cálculos políticos que hay detrás de todo lo pactado en el paro.
@j15mosquera
