Hemos asistido a una titánica jornada de protesta social de la juventud colombiana y espacialmente de la caleña, con el sostenimiento del ejercicio a la soberanía popular, contando con el mayoritario respaldo de la opinión pública según lo indican las encuestas, no obstante la brutal represión de agentes de la fuerza policial causando a los jóvenes homicidios, agresiones sexuales, lesiones personales, detenciones ilegales y desapariciones, ampliamente denunciadas y documentadas por organismos nacionales e internacionales, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno nacional, en una soterrada y socarrona declaración de conmoción interior, ha impuesto por decreto la asistencia militar para interrumpir el ejercicio de la protesta social en varios municipios del suroccidente ordenando el levantamiento de los bloqueos de vías, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, que reconocen la causación de incomodidades y molestias asociadas al libre derecho a manifestarse públicamente contra las políticas y ejecutorias gubernamentales, así como la directiva de la Fiscalía General que prohíbe judicializar la protesta social y el bloqueo de vías en torno a dicha manifestación.
Mediante este decreto a todas luces inconstitucional, el gobierno Duque pretende regresar al absolutismo presidencial de finales del siglo diecinueve, desconociendo la autonomía de los distritos y municipios considerando que las y los alcaldes le deben obediencia absoluta en una especie de monarquía civil, para asaltar bajo la intimidación con personal de la fuerza pública del ejército y la policía fuertemente armados a los heroicos jóvenes de los puntos de resistencia que han mostrado públicamente su disposición al diálogo con las instancias gubernamentales obteniendo como respuesta oídos sordos que ponen como condición la suspensión de la protesta. El decreto de Duque constituye además un fraude a resolución judicial ante el flagrante desobedecimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre pasado, que protege la protesta e impone limitaciones a los excesos de la fuerza policial y particularmente al escuadrón móvil antimotines y disturbios.
Pensamos que el ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegidos es el camino expedito para que las mayorías resuelvan el sendero por el cual se pueda alcanzar el bienestar general. Dos terceras partes de la población tiene ese derecho político, pero infortunadamente solo una tercera parte define electoralmente ese rumbo, es decir, la decisión la toma solo la mitad de los electores porque la otra mitad considera con mucha razón que los políticos de la politiquería ocasionan y retroalimentan la corrupción que carcome el erario, privilegiando a unos pocos en detrimento del interés mayoritario.
Sumado a ello, no basta con cumplir los dieciocho años para ejercer el derecho al voto y a la vez aspirar a ser ungidos con el voto popular, se requiere por lo menos tener veinticinco anualidades para ser elegidos representantes a la cámara y treinta para ser senadores, es decir, la misma constitución consagró una inaceptable limitación a los jóvenes y les impide definir directamente la suerte política y legislativa del país, o sea que considera incapaces a los jóvenes entre dieciocho y treinta años para legislar.
Ello no puede seguir siendo así, porque además entraña una limitación al derecho político de la juventud, que es el único componente de la sociedad colombiana que está ejerciendo contra viento y marea su constitucional derecho a la protesta social en forma contundente en virtud de que las políticas y ejecutorias gubernamentales no satisfacen sus aspiraciones, necesidades y expectativas, además de estar aumentando la pobreza en Colombia a la mitad de la población, por lo cual no puede seguírsele prohibiendo que construyan el ordenamiento jurídico que beneficie la vitalidad y creatividad de la juventud, porque esto es indispensable para generar y materializar un cambio fundamental en las costumbres políticas de nuestra sociedad y en la construcción de una nueva realidad para beneficio de toda la población con todos sus componentes, en la posibilidad de confeccionar un mundo diferente, honrando el poema de Gonzalo Arango que reza “Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos sino en todas las manos”.
