En medio de lágrimas y voz entrecortada, Edwin Ballesteros renunció a su curul en la Cámara de Representantes. No logró sostenerse tras el escándalo de la red de corrupción que lo enlodó junto a Richard Aguilar cuando era gobernador de Santander (2012-2015) por presuntas irregularidades en la contratación del reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica en el estadio Alfonso López de Bucaramanga en el 2015, obra que terminó costando un 40% más de su valor inicial. Ballesteros, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander en aquel entonces, también se habría beneficiado de manera indebida en la celebración de la contratación del estado de Bucaramanga.
Claudia Janeth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura durante la administración Aguilar, fue la primera en prender el ventilador contra el exgobernador y Ballesteros. Toledo quien fue la mano derecha y mujer de confianza de los Aguilar, rindió su testimonio ante la Fiscalía y obtuvo un principio de oportunidad. Las pruebas que hoy tiene comprometido a Ballesteros consta de documentos, llamadas, mensajes de WhatsApp y audios que presuntamente lo mostrarían dispuesto a pagarle a Claudia Toledo y a su esposo, Lenin Pardo, 650 millones de pesos a cambio de un contrato de obras públicas que estaba avaluado en $4.346 millones.
Ballesteros reaccionó antes de que se emitiera una orden de captura en su contra. Para que el caso no pasara a manos de la Corte Suprema de Justicia, aplicó la estrategia del expresidente Álvaro Uribe y del mismo Richard Aguilar, renunció a su curul el pasado 8 de septiembre. Ahora esta en búsqueda de abogados que lo defiendan, su defensa recaía sobre el exfiscal Eduardo Montealegre y exmagistrado Julio César Ortiz que renunciaron horas después de que Ballesteros asistiera a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que no hay garantías para la defensa de Ballesteros.
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