A mediados de febrero, el ex representante de Odebrecht SA en Perú, José Barata, indicó a la Fiscalía peruana que los directivos de las compañías socias en la Carretera Interoceánica Sur (IRSA Sur) sabían del pagó de $ 20 millones en sobornos hecho al ex presidente peruano Alejandro Toledo. Esta coima tiene huyendo de la justicia de su país a Toledo a quien la Fiscalia le negó el habeas corpus con el que buscaba anular la prisión preventiva de 18 meses que le había sido ordenada y que generó una orden de captura internacional.
Graña y Montero (GyM) forma parte junto con la constructora Camargo Correa de IRSA Sur, y es la concesionaria más grande de Perú, y la única constructora peruana que lista en la Bolsa de Valores de Lima y en la de Nueva York.
Las revelaciones de la justicia peruana que comprometieron al grupo empresarial peruano Graña y Montero con el millonario soborno que provocó una verdadera crisis. La acción se desplomó en más de un 50%, por lo que fue citada una junta extraordinaria general de accionistas el 28 de febrero, en donde renunció la plana mayor el presidente, el director y el gerente general corporativo. La bolsa ha reaccionado favorablemente a estos cambios.
La facturación del grupo GyM en el exterior durante el primer semestre del 2016 ascendió a aproximadamente US$219 millones. Ha operado en 13 países de Latinoamérica y tiene presencia permanente en Perú, Chile y Colombia.
En Colombia, a través de Straton GyM, especializada en servicios mineros, tiene un contrato de servicios por ocho años con la multinacional minera de origen canadiense Eagle Mining desde 2015 para operar el proyecto minero San Ramón en Antioquia, que en noviembre de 2016 completo su construcción y primera producción de oro. El contrato de servicios por valor de US$ 155 millones espera comenzar producción en el primer trimestre de 2017.
En enero de 2016, a través de su subsidiaria CAM Colombia, obtuvo un contrato de US$ 63 millones con Electricaribe del grupo de Gas Natural Fenosa, para la integración de diversos servicios, que tendrá una duración de 5 años con opción de extenderlo por otros dos años.
Desde finales de 2014, Graña y Montero es dueña del 70 % de la empresa de origen caleño Morelco, una de las empresas más grandes en infraestructura del país, con más de 3.000 empleados, es la segunda en cuanto a ingresos operacionales según un estudio de la Superintendencia de Sociedades de 2016 (detrás de Mincivil S.A), obtuvo ventas en 2015 de $ 537.522 millones de pesos, y contaba con activos por valor de $ 503.019 millones de pesos. Su presidente es Arturo Serna Henao, quien se ha sostenido en la compañía con los peruanos como jefes.
Morelco S.A. ha construido entre otras obras, las subestaciones eléctricas de Cartago y Páez; el sistema de mezclas (blending) en la Refinería de Cartagena; la planta de hidrotratamiento, plantas ambientales y el sistema de turbogeneradores en la Refinería de Barrancabermeja; los poliductos Pozos Colorados – Galán, los sistemas de evacuación y tratamientos de crudos, y sistemas contra incendio en varias instalaciones petroleras.
En septiembre del año pasado, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPNE) le adjudicó al Consorcio Electrinorte conformado en un 85% por Morelco (los otros socios son Consultores Unidos S.A., DV Ingeniería SAS y Enterprise Management Services SAS) la ejecución del Sistema de Transmisión Regional en la Guajira por valor de $ 403 mil millones de pesos, para el refuerzo eléctrico a las líneas Riohacha-Maicao y Riohacha-Cuestecitas. El proyecto tiene un periodo de construcción de 39 meses y 25 años de operación y mantenimiento. La Fundación Protransparencia cuestionó el mismo mes la adjudicación, indicando que su valor real debió ser de $ 177 mil millones de acuerdo con los costos de referencia del Gobierno Nacional definidos a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Graña y Montero también se encuentra vinculada con la construcción de colegios en 14 ciudades de 4 departamentos del sur occidente de Colombia por US$ 135.000 millones.