El desplome del uribismo, columna de importancia clave sobre la que descansa el andamiaje neoliberal del establecimiento colombiano, es inevitable. Cada salida errática del Ejecutivo y cada medida tomada por el Congreso solo consiguen profundizar la crisis de la corriente de extrema derecha que ha dominado la vida nacional en las dos últimas décadas.
Sobrevino la pandemia, y con ella, el descaro con el que el liderazgo nacional del partido de gobierno, de manera agresiva, se apropia de los espacios políticos, rompe con el equilibrio de poderes, echa mano de la corrupción y envuelve la realidad nacional en falsedades y mentiras.
La amplitud de esta práctica en el ejercicio de la administración pública alcanza incluso a instancias minoritarias en el engranaje político que no necesariamente forman parte de las mayorías de gobierno.
Alcaldías de importancia clave como la de Bogotá, que inicialmente se había presentado como progresistas y prometían servir de dique de contención contra la voracidad uribista, ya hacen causa común con el régimen sin importar las voces de alerta sobre la corrosión del edificio democrático ni en su desprestigio.
Como nunca antes en la historia, a la atrocidad y cinismo del régimen le salió al paso la ciudadanía en toda su pluralidad. Con el liderazgo indiscutible conformado mayormente por jóvenes, mujeres y pueblos originarios toda la subalternidad en Colombia se alzó en una lucha constante, aguerrida, creativa y con fuerza para anunciarle al uribismo el final de sus desmanes.
Con esto, se abrían nuevos espacios de contienda electoral que pueden inclinar la balanza a favor de sectores históricamente marginados en Colombia.
El Pacto Histórico surgió como una alternativa creíble. Si bien desde la extrema derecha y desde la orilla, que persiste en hacerse llamar “centro,” se acusa a este acuerdo de ser nada más que la plataforma de lanzamiento del vocero de la oposición, la fuerza de la realidad concreta sigue demostrando que, antes bien, el Pacto es un punto de encuentro de fuerzas diversas que empujan el fortalecimiento del ordenamiento democrático.
Uno de los rasgos de la actual coyuntura política lo ofrece la pluralidad y diversidad de voces. Mayormente, las voces de lideresas y de líderes sociales que, sin abandonar los escenarios de sus luchas, son las que plantean salidas efectivas a los desafíos de construcción de una sociedad de posconflicto, y son las que con mayor urgencia se necesitan en los espacios de tomas de decisiones, como el Congreso de la República.
En atención a ese desafío plural, el Pacto Histórico se dio a la tarea de sumar tantas fuerzas como fueran posibles. La pluralidad, la diversidad a la que me refiero, garantizan de manera sobrada no solo que se alcancen esos umbrales, sino que se superen.
En la discusión que se dio al interior del Pacto Histórico se introdujo la propuesta de que, al contrario, una lista cerrada daría mayores garantías.
No obstante, una lista cerrada, el mismo mecanismo que le permitió al uribismo llenar el Congreso de lo peor que puede darse en la extrema derecha, cancela las posibilidades de que los liderazgos regionales, los que no copan los espacios de la izquierda tradicional, puedan traer al Congreso las luchas y demandas de las ciudadanías para convertirlas en alternativas efectivas de gobierno.
A contrapecho de la actual coyuntura que es favorable a un cambio sustancial, y yendo en contravía de la promesa escondida en su proyecto de construcción de un frente plural de lucha democrática, el Pacto Histórico optó por ir a las urnas con una lista cerrada.
Hay temores sólidamente fundados de que por esa vía se inaugure un nuevo capítulo de exclusión política. Los mecanismos para la conformación de esa lista cerrada no han sido democráticos. Tan solo se sabe que será una lista “cremallera,” con lo que se busca garantizar la presencia de mujeres.
Sin embargo, el género de una persona ni su orientación sexual son principal garantía de un ejercicio político al servicio de las demandas ciudadanas desde las regiones y desde los sectores excluidos en los grandes centros urbanos.
La Alcaldía de Bogotá, sin ser el único ejemplo de esa contradicción, basta por ahora para ilustrar esa falta de coherencia.
Al Pacto Histórico han aterrizado políticos curtidos en mañas antidemocráticas. ¿Van ellos a figurar de manera prominente en la lista? Al mismo tiempo, el Pacto se convirtió en las luces para la escena de algunos influenciadores, que se dieron a conocer mayoritariamente mediante participaciones en Twitter.
Queda la duda de si las decisiones en el Pacto Histórico contribuirán a la transformación de la institución cumbre del Legislativo, hoy cooptado por el uribismo en el poder. Los liderazgos sociales corren el riesgo de ser postergados y perder así la posibilidad de ejercer de manera efectiva el mandato que surge desde las bases de las organizaciones sociales.
Una lista excluyente, en principio un mecanismo antidemocrático, marca la gran contradicción de una coalición de fuerzas que prometía abrir un capítulo esperanzador para el país.
Y por ahora, no entro en las consecuencias de que el partido ADA integre el Pacto Histórico, dado sus nexos con el narcotráfico, según las denuncias ampliamente documentadas.
