En tiempos de Reficar, Odebretch, retrasos en el túnel de la Línea o la caída del zar anticorrupción de la Fiscalía General entre muchos otros, apelar a la bandera anticorrupción es el método más creíble que cualquier político puede utilizar para conseguir el respaldo de adeptos a través de todo el territorio colombiano.
No obstante, para poder constituirse como el faro moral de una familia, comunidad, barrio, municipio, ciudad, sociedad o país, no es suficiente aparentar ser moralmente correcto sino que es indispensable serlo, es decir hay que tener un alto grado de coherencia y autoridad moral para poder criticar a los demás.
Y es ahí cuando la senadora Claudia López del partido Alianza Verde empieza flaquear para promover un referendo o consulta popular que a la luz del ordenamiento jurídico es innecesario, puesto que hay varios de los puntos que están entre sus pretensiones, que ya están reglamentados y estipulados dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Por eso se hace pertinente analizar cuales son los puntos que no son más que un sofisma de distracción utilizado por López para alborotar a los incautos y de esta manera hacerse a su simpatía y firmas con fines eminentemente electorales y populistas.
El primer punto del referendo de Claudia Nayibe dice lo siguiente: Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes. Sobre este punto hay que decir, que reducir el salario de parlamentarios y funcionarios del alto gobierno, no es ninguna arma contra la corrupción, pues el hecho de que un funcionario gane 40 salarios mínimos no lo hace corrupto, y el hecho de que gane 25 salarios mínimos no garantiza que no vaya serlo, mientras tanto lo que hace es que el sector público para los profesionales calificados no sea atractivo, lo que los obligará a hacer carrera en el sector privado o abandonar el país para buscar mejor oportunidades laborales y profesionales en otros países fomentando la fuga de cerebros en Colombia lo que genera falta de competitividad en el mediano y largo plazo.
El segundo punto reza lo siguiente: Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política, de manera periódica y detallada. Esta propuesta carece de fondo, pues habla de obligar a rendir cuentas a los parlamentarios pero no dice ante quien o ante que organismo, por otra parte Claudia López ha sido fuertemente criticada por su ausentismo, el cual y según cuentas del senador Alfredo Ramos Maya, le costó al país 40 millones de peso en 2016 (Ver nota)
El tercer punto en cuestión es el que hace referencia a los bienes de los congresistas: “Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de intereses”. Este punto ya está reglamentado en el Artículo 13 de la Ley 190 de 1994.
El cuarto pretende limitar a tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso. De nuevo las propuestas de López son inoficiosas pues sí un congresista se quiere perpetuar en el poder lo puede hacer a través de un tercero o un familiar, y prueba de ello es que de los senadores que se eligieron en 2006, tan solo el 20% de ellos, fue reelegido en 2014. (Ver columna)
El quinto dice lo siguiente: Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y el Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía quien además vigilará su ejecución y contratación. Pero López olvida que para esto ya existe la Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo y de los cabildos abiertos. Esta propuesta de López encierra un gran problema según explica en su columna de El Tiempo el analista John Mario González: “El problema, sin embargo, es que el proceso presupuestal se haría enrevesado, con el riesgo de que se convierta en una instancia más de politiquería que redunde y entre en conflicto con la función de las corporaciones públicas”.
También es claro, que aumentar el tamaño del Estado y la burocracia, es una típica propuesta de la izquierda para conseguir adeptos, y bien es sabido que un aparato estatal grande es ineficiente y se presta para más corrupción y clientelismo.
El sexto tiene que ver con la encarcelación para funcionarios corruptos y la terminación unilateral del contrato por parte de la entidad del Estado a la cual pertenezcan, y el séptimo habla de cancelar a las empresas los contratos que hayan ganado con corrupción.
De nuevo López trata de manipular a los incautos, pues la inhabilidad para funcionarios corruptos ya existe, y está tipificada en el acto legislativo 01 de 2009, además de muchas más medidas que se pueden encontrar en el Estatuto Anticorrupción Administrativa – Ley 190 de 1995 y Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011. (ver estatutos)
Ahora pasando al ejercicio de la vida como servidora pública de Claudia Nayibe López Hernández, hay que recordar que cuando esta fue directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal (1998-2000), fue investigada por el entonces Contralor Distrital y posteriormente sancionada por los entes de regulación fiscal y disciplinaria a pagar 103 millones de pesos e inhabilitada para ejercer por cinco años cargos públicos. No obstante, a través de magistrados amigos y leguleyadas López salió airosa.
Como se puede ver a simple vista, Claudia López no es más que una populista que con mentiras y engaños, trata de vender una imagen de política diáfana y transparente, por lo cual cabe una pregunta para todos los lectores: ¿Vale la pena que el Estado gaste 50.000 millones de pesos en una consulta o referendo (ella misma no sabe que mecanismo quiere usar), solo para darle gusto a una persona que no tiene reparos en aprovecharse de la ignorancia popular solo para apalancar sus ansias de poder?
