El gobierno nacional ha seguido la línea de la mayoría de países del mundo decretando confinamiento obligatorio como medida para luchar contra el coronavirus. Sin embargo, resultan preocupantes las recientes afirmaciones de distintos dirigentes políticos y sectores de la población quienes irresponsablemente manifiestan la necesidad indudable de periodos de confinamiento más extensos y rigurosos sin tener en cuenta las implicaciones económicas de dichas medidas.
No es difícil entender la facilidad que tienen algunos funcionarios públicos y burócratas para defender irrestrictamente las medidas de confinamiento. Ellos saben que así no salgan de su casa tendrán cada mes en su cuenta el dinero de su salario, financiado por los impuestos de las personas que están sufriendo los estragos de sus decisiones. Igualmente, resulta relativamente sencillo para la mayoría de usuarios opinadores de las redes sociales pedir que se alarguen los tiempos de cuarentena y cuestionar a las personas que salen a las calles, así como aplaudir ideas vacías sobre cómo el coronavirus es supuestamente un respiro necesario para el planeta y las posibilidades que puede aportar esta situación, cuando lo que se debe hacer es mirar de frente a la realidad del país y del mundo para darse cuenta que las personas que pueden sobrevivir con teletrabajo y educación virtual son minoría y que para el resto de la población el no poder salir de sus casas implica muchas veces no tener recurso alguno para sobrevivir.
Es irresponsable que algunas personas pretendan mostrar esta situación como una disyuntiva entre la salud de la población y el interés económico. Antes bien, es una situación de complementariedad: un brote desmedido de coronavirus que afecte la salud de gran parte de la población tendría efectos nefastos en la economía, sin embargo situaciones de desempleo y recesión económica derivadas de las agresivas políticas de confinamiento son igual de graves para el bienestar de la población e incluso podrían terminar afectando al sistema público de salud (estas también deben ser objeto de estudio). Además, es curioso ver cómo expresar preocupación por la importancia de las implicaciones económicas se entiende como una posición que busca favorecer a los grandes capitales, los mercados bursátiles y los intereses de los grandes conglomerados económicos, cuando en realidad los mayor y principalmente afectados por estas medidas son los colombianos de clase media y baja, que cuentan con los ingresos diarios, semanales o quincenales para poder sobrevivir. Son los emprendimientos, las peluquerías, los billares, las misceláneas, el rebusque y demás cantidad de negocios pequeños quienes sostienen sin darse cuenta la economía nacional. Son precisamente ellos los que se ven más afectados por esta situación.
Las soluciones propuestas son en su mayoría preocupantes y lejos de generar tranquilidad, aumentan la preocupación por una eventual crisis económica. Por ejemplo, el pretender obligar a las empresas a pagar los sueldos de todos sus empleados mientras permanecen inactivas es una medida negativa y riesgosa. Se debe comprender que son en realidad pocas las sociedades que cuentan con la liquidez y recursos suficientes para soportar pasivos mientras sus ingresos son nulos y que estas situaciones no dependen de la buena voluntad del empleador, sino de la realidad de las finanzas de la compañía, además, los créditos que se han propuesto como alivio para esta situación podrán solucionar el problema de liquidez pero no el de la pérdida de valor y de capital. Medidas como esta obligan a la compañía a reducir costos de operación lo cual puede desencadenar en despidos o en el peor de los casos el cierre mismo de la empresa, aumentando así los niveles de desempleo. Un estudio de JP Morgan Chase asegura que en promedio un restaurante puede soportar 16 días sin recibir ingresos, negocios de reparación y mantenimiento aguantaran 18 días, ventas al por menor 19 días y en general un promedio para los pequeños negocios de 27 días, sin embargo la alcaldesa Claudia López prende las alarmas sobre una cuarentena de 3 meses y el senador Gustavo Petro insiste en la necesidad de parar la economía.
De igual forma, pretender que el Estado subsidie o auxilie a todas aquellas personas que se vean afectadas de forma directa por las medidas del confinamiento es un absurdo. Esto implicaría un aumento desmedido del gasto público que sería financiado por la tributación de empresas y personas igualmente afectadas por la cuarentena causando así problemas mayores a mediano y largo plazo. Así mismo la idea de ciertos sectores de imprimir más papel moneda para financiar gasto público es igual de problemática, esto porque una eventual recesión generada por el desaceleramiento de la economía sumada con una emisión injustificada de moneda es el escenario perfecto para un aumento de la inflación, fenómeno que afectaría a las poblaciones económicamente más vulnerables y que en adición a la caída en el precio del petróleo y la volatilidad de los mercados internacionales terminaría por devaluar la moneda nacional. El gobierno nacional debe ser asertivo al momento de la destinación de recursos para enfrentar esta emergencia, debería considerarse seriamente la redirección de gasto poco útil e innecesario y la disminución de una vez por todas del aparato burocrático para aprovechar al máximo el dinero disponible sin tener que afectar negativamente la economía del país.
Si bien la medida de cuarentena adoptada por el gobierno nacional y las disposiciones de aislamiento dictadas por las autoridades locales son acertadas como primera reacción ante la aparición y propagación del coronavirus en Colombia y la experiencia internacional, así como las recomendaciones de los expertos indican que en escenarios de aislamiento social la curva de contagio se ve considerablemente disminuida, no se pueden pasar por alto las implicaciones económicas de estas políticas y los riesgos que conllevan las soluciones que se han planteado. En vez de salir en la defensa irrestricta de las políticas de cuarentena y teorizar sobre cuánto más deben alargarse, se debe empezar a buscar soluciones intermedias que permitan acortarlas en la medida de lo posible. Esperar que el virus desaparezca o deje de ser una amenaza en pocos meses es imposible, sin embargo es igual de imposible y peligroso el pretender que la población entera se aislé y se detenga la actividad económica, es por eso que se debe abordar el tema de manera quirúrgica y extremadamente objetiva para lograr afrontarlo de la mejor manera. Esta situación no puede servir de excusa para que el Estado coarte más la libertad de los individuos y que las medidas que se tomen terminen por afectar en primera instancia a las poblaciones más vulnerables y en el mediano y largo plazo al grueso de la población nacional de manera definitiva y que los efectos secundarios de la cura terminen siendo peor que la misma enfermedad.
