El presidente Petro, en más de una ocasión, ha dejado claro que no habrá impuestos a las iglesias, idea con la que el sector religioso se ha mantenido tranquilo; sin embargo, la representante Katherine Miranda ha puesto en la agenda política el tema de que a las organizaciones religiosas le sean gravados los ingresos que tengan.
A esto salió un sector particular de religiosos que van en contra de esta propuesta, aludiendo que la fe no tiene precio, que rezar no se debe cobrar o que comienza una persecución religiosa. Nada más alejado de la realidad.
No es un secreto que muchas de las mega iglesias han servido para lavar dinero, tienen varios negocios alternos como hoteles, spa, supermercados, flotas de vehículos, librerías, etc.; que son ajenos a la fe y que han sido financiados con recursos no declarados por parte de estás iglesias.
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Como representante de un sector religioso minoritario en el país, tengo presente que existen decretos y excepciones para que las organizaciones religiosas, no solo iglesias, paguen impuestos.
Por eso, y haciendo un análisis de la propuesta que hace la representante, las iglesias y confesiones de fe no serían gravadas, lo que sería expuesto para aplicar impuestos serían las empresas que giran entorno a estas instituciones pero que no tienen que ver con la libertad de culto o de fe ni de expresión.
Por esta razón, dichas entidades lucrativas si deben ser tenidas en cuenta en la Reforma Tributaria o en su defecto, ser tenidas en cuenta a la hora de pensarse en impuestos como lo ha hecho Katherine Miranda, entendiendo que su propuesta ha sido mal entendida.
Las preguntas que no dejan de estar en una parte de la sociedad colombiana ante la propuesta son ¿Por qué dichas empresas no deberían ser solidarías con el progreso del país? ¿Por qué se rehúsan y crean un ambiente hostil en el cual satanizan la iniciativa?
Muchas de estas organizaciones religiosas que boicotean, atacan y persiguen a senadores y representantes del Pacto Histórico, para que este tipo de iniciativas ni siquiera alcance a pasar a debates en el Congreso, son las que hacen lobby por medio de cenas y reuniones secretas para que la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior este a cargo de una persona que favorezca sus intereses y no esté en función del bienestar y armonía del sector religioso en el país.
Cabe destacar que dicho lobby proviene de sectores religiosos antigobierno, pero que desean ser parte de este para frenar procesos o iniciativas como de la que hablo en este artículo.
Para evitar que se elija a un director o directora del bolsillo de este pequeño sector religioso, propongo tres aspectos a tener en cuenta al momento de elegir a alguien para este importante cargo en el Gobierno:
1. La dirección debe quedar en manos de alguien que haga parte de los religiosos que han apoyado el plan de Gobierno y han acompañado al presidente Petro en todo el proceso, puesto que se debe estar de acuerdo en la importancia de crear lazos entre el Estado y las confesiones de fe que trabajen por la Colombia como potencia mundial de la vida.
2. La oficina de Asuntos Religiosos debe estar comprometida con la paz y en la destinación de los recursos para fortalecer el proceso de paz con las FARC-EP y los futuros procesos que se vienen en camino.
3. Las mega organizaciones religiosas deben ser conscientes del papel importante que tienen en el avance social y económico del país con su trabajo religioso, es acá donde la dirección debe crear conciencia, mediante un plan pedagógico, de lo preponderante que es la tributación de las organizaciones que rodean a las iglesias o confesiones de fe.
El sector religioso en Colombia debe ser consecuente con los pilares morales de ayuda al prójimo, de esta manera apoyaría a la representante para que el proyecto sea claro, esté articulado con las situaciones reales financieras de las empresas que surgen de las iglesias y sea nutrida por el sector. De esta manera se desarrollaría la iniciativa en los mejores términos.
Por último, como religioso, debo exhortar a las confesiones de fe, recordando que no se le puede cobrar al gobierno las obrar sociales al Estado colombiano, las recompensas las da Dios por cada acción desinteresada, por cada obra, por cada persona ayudada junto con la evangelización que dichas actividades permiten hacer.
Dios no cobra impuestos, así que la justificación de que "las obras sociales deben hacer exentas a las iglesias en la tributación" es algo que tendría que erradicarse del imaginario religioso y saber que cada dinero dado para la disminución de la pobreza, la educación, la salud digna y de calidad, el saneamiento básico de muchos sectores del país que aún no tienen cobertura y/o la conectividad de municipios alejados nos dará el paraíso. La solidaridad es la llave al cielo, los impuestos un camino.
