Nosotras, Amparo, Nancy y Betty Torres Victoria, hermanas de Jorge Torres Victoria, conocido en las FARC como Pablo Catatumbo, representante de dicha organización en la Mesa de Conversaciones con el Gobierno de Colombia en La Habana, Cuba, nos vemos precisadas hoy a hacer pública la presente carta con la que pretendemos denunciar la permanente revictimización a la que nuestra familia ha sido sometida injustamente desde hace más de un cuarto de siglo, con la clara intención de afectar nuestra dignidad y nuestra integridad física y psicológica.
A nuestra familia le ha tocado vivir en exilio para salvar la vida y escapar a la persecución política, económica y a la condición de objetivos militares por parte de quienes no quieren la paz y reconciliación en nuestra patria.
No obstante, aun estando fuera del país y en condición de refugiadas políticas durante los últimos 25 años, el Estado colombiano ha mantenido una persecución permanente contra nosotras, ciudadanas inermes e indefensas, por ser hermanas de Jorge Torres Victoria, (Pablo Catatumbo), quien por decisión personal se vinculó a la insurgencia.
En estas circunstancias nos vemos en la penosa necesidad de afirmar que hoy en Colombia existe el delito de sangre, inexistente en los códigos penales del mundo entero.
Así, pareciera que, por las decisiones personales de nuestro hermano debiera pagar toda nuestra familia. Es esta una demostración de que el Estado de Derecho que tanto se pregona, no existe en Colombia.
Hechos que sustentan nuestras afirmaciones
El 22 de octubre de 1992 yo, Amparo Torres Victoria, sobreviví a una desaparición forzada por parte del narcotraficante José Santacruz Londoño, integrante del Cartel de Cali. Por acción del Comité Internacional de la Cruz Roja salí del país, logrando refugio en México, donde después de dos años los paramilitares activaron amenazas contra mi vida, y en 1996 fui reubicada por el ACNUR en Canadá, país que ofreció mayores condiciones y garantías de seguridad para mi vida y la de mis hijos.
En 1996 fue secuestrada y en 1997 asesinada y desaparecida nuestra hermana Yaneth Torres Victoria. Sus restos nos fueron entregados doce años después en Costa Rica por la Comisión Nacional de Reparación, después de que los jefes paramilitares dieron las coordenadas para su localización, en el marco del proceso de Justicia y Paz, en el cual se afirmó que actuaban bajo la dirección del Estado. El asesinato y desaparición de Yaneth fue acompañado de una intensa campaña mediática que profana su memoria, para ocultar el crimen sin que hasta la fecha se haya adelantado ninguna investigación oficial al respecto.
Yaneth fue una madre trabajadora que se mantuvo siempre ajena a la política y la conflicto armada dedicada únicamente a velar por el sustento de su hijo que entonces tenía tan solo cuatro años.
En 1996 y 1997 se ejecutó una infame persecución contra la comunidad residente en la Urbanización Inaía Sué del municipio de Tenjo, Departamento de Cundinamarca, donde residía yo, Nancy Torres, con mi familia. Se trataba de un proyecto de vivienda construido con los ahorros, créditos y esfuerzos de 32 familias agrupadas en la “Cooperativa Vecinos y Amigos”.
El Director del DAS de entonces, General Luis Enrique Montenegro Rinco, declaró en rueda de prensa, que los residentes de este proyecto de vivienda eran testaferros de las FARC. Aproximadamente un mes después de las declaraciones del Director del DAS, el Grupo Paramilitar “COLSINGUE” incursionó en la urbanización y asesinó al adolescente Leonardo Tibaquirá, (quien laboraba como jardinero de la urbanización Inaía Sué), al tiempo que atacó a las moradas a bala declarándoles objetivo militar. Toda la comunidad fue desplazada.
La Fiscalía de Colombia inició una investigación a cargo de un fiscal sin rostro, con el propósito de la extinción del dominio, suponiendo que el conjunto residencial era propiedad de la insurgencia, pero no así, para investigar el asesinato del joven Tibaquirá que aún sigue en la impunidad.
Todos los residentes de Inaía Sué demostraron el carácter lícito de sus aportes y la investigación terminó con una resolución preclusiva por falta de mérito. El fiscal además, reconoció el enorme esfuerzo comunitario realizado por los investigados en favor del derecho a la vivienda.
Por estos hechos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 14 de mayo del 2008, ordenó a la Nación Colombiana, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a reparar el daño causado a la comunidad atacada. Por encontrarme en el exilio no pude firmar dicha demanda y no fuimos cobijados por la reparación correspondiente a este hecho de persecución que aún no se materializa para ninguno de los afectados.
Para finales de 1996 presionadas por los hechos anteriores, todas nos vimos obligadas al desplazamiento forzado y dejar Colombia. Salimos con todos nuestros hijos e hijas bajo la protección del Comité Internacional de la Cruz Roja y el ACNUR, buscando protección y refugio, inicialmente en México y luego en Costa Rica y con nuestra madre, su esposo y el hijo de Yanet que en ese momento se encontraba secuestrada.
Unido a estos hechos, los medios de comunicación, televisivos y escritos, iniciaron desde aquella época la frecuente publicación desde Colombia de información calumniosa sobre nuestra familia, acusándonos de lavar dinero, vivir en un máximo confort con recursos de las FARC, ser parte de sectores acaudalados en los países donde tenemos nuestra residencia. En algunas ocasiones dichas acusaciones se han enfocado con saña sobre nuestros hijos, que ni conocen Colombia, pues salieron al exilio siendo niños y aún a otros niños y niñas que nacieron en el exilio.
En el año 2002 por información entregada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en persona al gobierno de Canadá, se me acusó a Amparo de ser “la jefe de la diplomacia de las FARC”, iniciándose así un largo proceso en su contra por parte del servicio secreto canadiense, que solicitó deportación, dando lugar a un litigio que duro largos 13 años, donde finalmente la justicia canadiense decidió que poseía suficiente claridad sobre su inocencia y retiró el caso, concediéndome la ciudadanía.
Posteriormente, el noticiero del canal colombiano RCN Televisión en emisión del 27 de mayo de 2009 a las 20:45 horas, emitió declaraciones del señor Juan Carlos Pinzón, para ese entonces viceministro de Defensa y hoy embajador de Colombia en Washington, en las cuales afirmaba sobre una reorganización de la comisión internacional de las FARC y señalaba que para las autoridades de Colombia, en Centroamérica Nancy, hermana de Pablo Catatumbo sería una de las coordinadoras de las redes internacionales, mientras que Amparo actuaba de igual forma en Canadá.
Por tal razón el 26 de junio de 2009 Nancy presentó a la oficina del Fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall’anesse Ruíz, la denuncia de toda esta situación, adjuntándole el video de la noticia difundida por RCN y expresando nuestra mayor disposición a responder a cualquier interrogante que sobre nuestras vidas pudiera tener el Ministerio Público de Costa Rica.
Un mes después, el 22 de julio de 2009 la Fiscalía nos respondió mediante el oficio FGR No.916-2009 en el sentido de que no había encontrado motivo para imputarnos causa alguna.
Así mismo, el 30 de agosto del año pasado, el periódico el Tiempo publica la noticia de que las hermanas de Pablo Catatumbo administran en Costa Rica alrededor de cien millones de dólares provenientes de transacciones desde Suiza.
Posteriormente, en el noticiero del mencionado canal RCN Televisión del 25 de enero de 2016, vuelve la revictimización con nuevas informaciones calumniosas y difamatorias en contra de nuestra familia.
Afirman -sin aportar ninguna prueba-, incluso editando fraudulentamente las declaraciones del funcionario de la Fiscalía de Costa Rica el Máster Celso Gamboa, que las hermanas de Pablo Catatumbo serían testaferros de propiedades por valor de 30 millones de dólares, entre las cuales estaría el condominio “El Gregal” y “Lomas de Granadilla”, entre otras, al tiempo que difunden imágenes de lujosas urbanizaciones que ni siquiera conocemos, señalando que son de su propiedad.
Yo Betty Torres he trabajado en el ramo de la construcción de vivienda como administradora en varias desarrolladoras. Todos mis asuntos económicos están a disposición de los controles y de las instituciones de Costa Rica, país de mi residencia y del cual soy ciudadana. Por tanto, los señalamientos realizados no son más que un capítulo más de la matriz mediática tendida en contra de nosotros por el hecho de ser hermanas de un guerrillero.
Actualmente de nuevo, acudimos a la Fiscalía en Costa Rica para ponernos a su disposición dejando evidencia documental de nuestro quehacer en este país.
El acoso y la persecución sobre nosotras, parece interminable, ¿cuándo se cansarán de acusarnos de testaferrato? ¿Cómo salir de este laberinto? ¿Cómo lograr el debido respeto como víctimas exiliadas en razón del conflicto? Es un imposible para nosotras defender nuestra dignidad mujeres trabajadoras, revictimizadas de una guerra que nos es ajena ¿Por qué a las puertas de una solución política negociada tenemos que seguir pagando con nuestra tranquilidad el delito de sangre, inexistente en las leyes colombianas e internacionales?
Siempre nuestras energías han estado enfocadas exclusivamente a solventar la sobrevivencia de nuestros hijos y nuestra madre. Ojala un día logremos obtener respuestas.
