El tablero de candidatos para alcaldías y gobernaciones que representan a fuerzas ilegales o cuestionadas que amenazan con llegar al poder en Octubre es más oscuro que hace cuatro años. La investigación en terreno realizada por la Fundación Paz y Reconciliación en los departamentos del Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander devela las relaciones entre estructuras políticas y grupos al margen de la ley, e identifica a140 candidatos cuestionados, 20 más que en la investigación de hace 4 años. El coordinador de Paz y Reconciliación Ariel Ávila dice que una vez inscritos todos los candidatos, la lista podría ascender a los 200.
En esta lista roja se encuentran candidatos como el exgobernador Nelio Echeverri quien aspira a repetir en el Guaviare y es señalado por el narcotraficante ‘’Don Mario’’ de haber recibido apoyo del bloque bananero de las AUC; el candidato a la alcaldía de Caucasia en Antioquia por Opción Ciudadana Oscar Aníbal Suarez, a la alcaldía de Putumayo Jorge Coral Rivas y Luis Enrique Redondo, hijo de la ex alcaldesa e Uribia Cielo Redondo, entre otros de reconocimiento nacional como la exsenadora Dilian Francisca Toro, el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Valledupar Sergio Araujo, a la gobernación de Santander Didier Tavera.
De los 140 candidatos incluidos en la investigación de Paz y Reconciliación, el 74% tiene altas probabilidades de resultar electos. El partido Liberal puntea en la lista de partidos que entregaron avales a candidatos cuestionados con 22 nombres, le siguen La U con 19 candidatos cuestionados y el Partido Conservador con 18. Cambio Radical tiene 12 candidatos en esta lista roja mientras el Centro Democrático le ha entregado aval a 10 candidatos que figuran en esta investigación.
La metodología a la hora de incluir los candidatos en el listado de cuestionados, se basó en cuatro parámetros: Herederos de parapolíticos, es decir candidatos que son cuota directa de políticos investigados o condenados por relaciones con paramilitares; candidatos vinculados directamente a organizaciones criminales que intentan participar en política; candidatos con condenas o inhabilidades de la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía y por ultimo candidatos ligados a redes de contratistas que se han beneficiado con el desfalco de los dineros públicos.
